Valladolid
Óscar Puente, alcalde de Valladolid.

Óscar Puente el empecinado del agua, uno de los irreductibles de Pedro Sánchez, llega a las urnas con amenaza de querella por la gestión de Aquavall, la gestión del agua que ha remunicipalizado. El tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sentenció este verano que las tasas que cobraba la empresa pública a los vecinos de Valladolid eran ilegales. Al calor de esta sentencia demoledora contra Puente y su concejala, María Sánchez, ha nacido la Plataforma de Afectados por Aquavall, que está en pleno proceso de unir vecinos para presentar esta querella por prevaricación administrativa contra el alcalde socialista, Óscar Puente.

La guerra del agua en Valladolid lleva ya varios episodios. Uno de los últimos lo ha escrito, con ciertas dosis de rabia, el propio Óscar Puente. Por medio de un largo hilo en Twitter ha denunciado una presunta conjura contra la remunicipalización del servicio de suministro de agua a su ciudad. En la conjura ha metido a periodistas, economistas, e incluso a dos compañeros suyos de partido, los ex ministros Valeriano Gómez y Francisco Caamaño. Todo porque este proyecto estrella está trufado de errores, fallos y sentencias contrarias.

La precipitación de Puente a la hora de apropiarse del servicio de agua de la ciudad tiene bastante que ver con sus alianzas para poder gobernar Valladolid. Puente logró en 2015 el peor resultado del PSOE en su historia (las elecciones con menos votos), de manera que incluso perdió un concejal, pasó de 8 a 7. Sin embargo, Puente logró hacer un pacto con dos formaciones satélites de Podemos, Valladolid Toma la Palabra (en la que están Izquierda Unida y Equo) y Sí se Puede Valladolid. De esos pactos salió la remunicipalización del servicio de agua, el resbaladizo campo de batalla de Óscar Puente.

Albert Rivera

Sánchez se moja antes del 26M: los guiños del PSOE al independentismo

El objetivo de Pedro Sánchez tras un excelso triunfo en las elecciones generales era mantener la cautela en torno a la formación de su gobierno. Sin mostrar cartas, sin dar pistas que pudieran pasarle factura en los comicios municipales, autonómicos y europeos del próximo 26 de mayo. Sus militante...

La rabia de Puente es tal que ha dedicado casi una docena de tweets a defenderse, tras conocerse que esta querella está en marcha. Uno de sus tweets más reveladores dice lo siguiente: “Un mensaje para los del lobby del agua: tiráis el dinero pagando a estos 4. No hay marcha atrás. Vamos a seguir gobernando Valladolid. La gestión pública del agua ya forma parte del programa marco municipal del PSOE. La remunicipalizacion es un éxito. Adaptaos”.

Lo cierto es que el servicio de gestión del agua no era un problema en Valladolid y hoy sí lo es. Un informe de la organización de consumidores Facua lo colocaba como uno de los de mejor precio de España, a la vez que otro del Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) daba tan buena nota, que delataba que era el servicio público mejor valorado por los vallisoletanos, con un 71% de aceptación. Sin embargo, Óscar Puente y su concejala, María Sánchez, decidieron remunicipalizar y quitar a Aguas de Valladolid su concesión. Y comenzaron los problemas.

La base de la sentencia del tribunal Superior de Justicia de Castilla y León es que una tasa debe ser cobrada desde el 1 de enero, mientras que la precipitación del equipo de Gobierno de Puente cambiaba la ordenanza municipal a mitad de año y provocaba que el TSJ de Castilla y León considere ilegal esa tasa. Y reembolsable al ciudadano.

Este es solo el último de los problemas de gestión para el ciudadano ha provocado llevar al tinglado público lo que, según los estudios y los vallisoletanos, ya estaba funcionando. De entrada, en los primeros meses, se emitieron unas 2.000 facturas erróneas a los usuarios del servicio público. El caos fue tal, que Aquavall, la nueva sociedad orquestada por Óscar Puente, su concejala y sus aliados de Podemos, tuvo que subcontratar los servicios informáticos a una empresa privada. Aún así hay unas 124.000 facturas emitidas en el tercer y cuarto trimestre de 2017 con errores o alteraciones de daos de los consumidores, que se atribuyen a “errores de software”. El Instituto Coordenadas recoge además que 12.000 recibos se dejaron de emitir por falta de capacidad de facturación.

Un informe del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada recoge un dato llamativo en esta remunicipalización. Es que, al llevar a la dependencia pública el servicio, lo que realmente se ha hecho ha sido volver a privatizarlo por medio de subcontratas. Según los datos objetivos, el 51% de los trabajos se han subcontratado a empresas privadas, un monto de unos 23,5 millones de euros.

Además, el estudio pormenorizado de las compañías a las que se han subcontratado los trabajos de la gestión del agua en Valladolid delata que esta privatización encubierta a golpe de contrata ha deslocalizado la gestión. Es decir, que la mayor parte de las empresas subcontratadas ni siquiera son de Valladolid, algunas son incluso de lugares tan poco vallisoletanos o castellanos como Valencia.

TARIFAS CONGELADAS, PERO DOBLADAS A LOS JUBILADOS

Una de las grandes bazas para que la población entendiera semejante barullo por algo que ya funcionaba fue la decisión de congelar las tarifas del agua, algo que se ha llevado a efecto. Lo que sucede es que en la letra pequeña se ha acabado doblando la tarifa a los jubilados de Valladolid. Hasta la remunicipalización, los usuarios con más de 65 años tenían derecho a una deducción del 50% en la tarifa, que ha quedado abolida. A cambio, la coalición de Puente con los satélites de Podemos decidió practicar una bonificación a familias que tengan ingresos inferiores a 537,84 euros. Pero es que los posibles beneficiarios son solo 1.956 unidades familiares, mientras que los mayores de 65 años que se podían beneficiar de la bonificación eran unos 70.000.

Aún no hay datos de cuántos usuarios se sumarán a la Plataforma de Afectados por Aquavall. Los representantes de la misma aseguran que sus acciones están siendo boicoteadas. Lo que sí está claro es que han puesto muy nervioso a Óscar Puente. El revolcón que le da al Ayuntamiento el Tribunal Superior de Justicia es enorme, en la sentencia se llega a afirmar que “quedan absolutamente indeterminados los conceptos de devengo periódico y periodo impositivo, éste ni siquiera regulado”.

A pesar de los aires favorables en las encuestas al PSOE, Óscar Puente se juega una parte de su caudal político en estas elecciones. Su carácter histriónico y exacerbado han sido buena baza en su defensa apasionada de Pedro Sánchez. Su antecesora, Soraya Rodríguez ha acabado tan desgastada que ha fichado por Ciudadanos. Puente, fiel a su carácter agresivo, se despachó contra ella de la siguiente manera: “Decir que se va después de haber estado 25 años viviendo del partido por diferencias con el partido es de un cinismo insoportable. Las razones por las que se va es porque no tiene ninguna posibilidad de vivir del partido, que es lo que ha hecho durante 25 años”.

Óscar Puente vive con verdadero empecinamiento la remunicipalización del servicio del agua. Una medida genérica que estaba en los programas de las confluencias inspiradas en Podemos y que ahora sabemos que orgullosamente ha asumido en los programas electorales marco del PSOE. Quizás, “aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid”.

Comentarios