Prisiones
Centro penitenciario Soto del Real (Madrid). Foto: Carlos Delgado.

La pesadilla de los trabajadores de la empresa de vigilancia Ombuds no parece terminar. Tras varios meses luchando por mantener su puesto de trabajo y recuperar las nóminas atrasadas, ahora está en vilo el futuro de los cerca de 500 vigilantes que se encargan de la seguridad en las cárceles de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. El Ministerio del Interior ha sacado a contrato público varias licitaciones para hacerse cargo de estas prisiones y la zona centro, de momento, se ha quedado sin adjudicatario.

Nadie, ninguna empresa de vigilancia, ha querido ocuparse de estos servicios. El motivo es claro: tienen miedo a verse obligadas a asumir las deudas que ha dejado Ombuds a su medio millar de trabajadores. A estos empleados se les adeuda varias nóminas, la de junio, la extra de verano, julio y agosto. Un riesgo, el de tener que encargarse del monto a pagar, que el resto de grupos de seguridad no quieren correr, ya que es supondría un gasto extra que no compensaría a sus cuentas internas.

Ahora estos 500 vigilantes se encuentran en un limbo. Una situación que se agravará en unos días, concretamente el 16 de diciembre. Este día será cuándo se declare oficialmente a Ombuds en liquidación. Y por ende dejará de existir. La empresa de seguridad, propiedad de la familia Cortina, era hasta hace un par de meses una de las más importantes de España. Sin embargo, su situación cambió tras la adquisición de otro grupo del sector, Casesa, que tenía un gran volumen de negocio, pero acumulaba mucha deuda. Una indeseable mochila que recayó en Ombuds y que finalmente le ha pasado factura. 

OMBUDS Y LA VIGILANCIA EN LAS CÁRCELES

Muchos de los clientes de Ombuds han ido cambiado de adjudicatario durante estos meses. Otros todavía siguen dependiendo de la propiedad de los Cortina. Y uno de ellos es precisamente el que controla la seguridad privada de algunas de las cárceles más importantes de España. Concretamente las de la Comunidad de Madrid, donde hay siete centros, en Castilla-La Mancha, con seis, y en Extremadura, que cuenta con tres. 

En total son 16 prisiones en las que la seguridad privada está en peligro si no aparece pronto un adjudicatario. De momento, la primera adjudicación se ha quedado sin ninguna oferta. Es por ello, que la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, ha sacado a concurso público de urgencia otra vez la misma oferta, la del lote número 2, que es el único de los cinco lotes ofertados que se ha quedado sin adjudicar. Este retraso repercute directamente en los trabajadores, que tendrán que dejar su puesto el día 1 de enero, ya que hasta mínimo marzo no se sabrá quién se queda con la subrogación del servicio.

Casado

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Este aspecto ha sido fuertemente criticado desde Alternativa Sindical, que vela por los derechos de estos trabajadores. El sindicato denuncia que esta situación podría haberse evitado si les hubieran escuchado meses atrás. Alberto García, portavoz del mismo, asegura que ellos registraron el 29 de julio una solicitud en la que pedían a esta institución pública que rescindiera unilateralmente el contrato con Ombuds por el impago de salarios y buscara otra empresa solvente que se hiciera cargo de los trabajadores. Algo que nunca pasó.

Ombuds
Solicitud de rescisión de contrato de Ombuds a instituciones penitenciarias. Foto: Alternativa Sindical.

García cuestiona la pasividad del ministerio, que dirige Fernando Grande-Marlaska, ya que podría haber evitado el despido de estos vigilantes si hubiera roto su compromiso con Ombuds este verano. El sindicalista también critica el comportamiento de otro sindicato mayoritario, en este caso UGT. Este organismo, bajo el mando de Pepe Álvarez, advirtió en ese momento que romper las relaciones con la empresa de los Cortina podría provocar el despido de los empleos.

Sin embargo, García desmiente a UGT y carga contra ellos, “son un brazo político al servicio del Ministerio, por ello no quisieron rescindir el contrato. No pensaron en los trabajadores”. El miembro de Alternativa Sindical recuerda que la acción de su sindicato permitió que otras empresas importantes, como Carrefour o Museo Thyssen, rompieran su relación laboral con Ombuds y en todos esos casos los vigilantes fueron subcontratados, manteniendo su puesto de trabajo. Algo que podría haber sucedido ahora, pero que por “la dejadez del Ministerio del Interior” no ha pasado.

EL FUTURO DE LOS VIGILANTES

De los cinco lotes de cárceles ofertados, solo el número 2, el único del que se encargaba Ombuds, ha quedado sin adjudicatario. Los demás han sido repartidos entre varios grupos del sector: Garda, Prosetecnisa, Coviar y Eulen. Estas han sido las que se han llevado los contratos, aunque no fueron las únicas que participaron en la licitación. Clece, Prosegur, Ilunion o Trablisa, entre otras, también estuvieron presentes en la designación, pero no resultaron elegidas. 

Alternativa Sindical mantiene que ha sido el miedo a heredar la deuda contraída por Ombuds lo que ha alejado a los posibles contratantes del servicio. Son varias las nóminas que todavía deben a los empleados y una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo establece que el nuevo adjudicatario podría hacerse cargo de este monto a pagar. Este es el principal escollo que aún aleja a los posibles postulantes de la oferta de vigilancia.

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El portavoz del sindicato aún no sabe cuál será la solución a este conflicto, pero cuando Ombuds quede oficialmente liquidada en menos de una semana, habrá que buscar otra alternativa. Primero para asegurar el futuro de estos empleados y segundo para no dejar a los centros penitenciarios sin seguridad exterior. De momento, tal y cómo han sucedido los acontecimientos, estas prisiones estarán sin vigilancia privada mínimo hasta marzo, fecha en la que vence el plazo de resolución del nuevo contrato público.

No obstante, desde Alternativa Sindical mandan un mensaje de tranquilidad a estos 500 trabajadores, que se irán al paro el 1 de enero, y le aseguran que cuando se resuelva el contrato volverán a su puesto. A partir del mes que viene, la seguridad de estos centros quedará en manos exclusivamente de la Guardia Civil, lo que complicará las labores de seguridad, ya que el servicio de vigilancia privada fue incorporado para reforzar y complementar el que da la benemérita.

La empresa Ombuds, de la que dependían 8.000 vigilantes repartidos en varias empresas, está actualmente bajo la coordinación de un administrador concursal. Este verano fue declarada oficialmente en concurso de acreedores tras no poder renovar su línea de crédito con los bancos. El grupo acumuló varias nóminas sin pagar y, aunque el administrador ha ido pagando los salarios de septiembre en adelante, aún quedan varios pagos sin efectuar. Alternativa Sindical, junto a los trabajadores, ya han interpuesto demandas para reclamar este dinero. Ahora será turno de la Justicia resolver las deudas y previsiblemente tocará al Fogasa hacerse cargo de ellos.