Residencias de mayores de Aragón tendrá una enfermera de referencia

Las residencias de personas mayores de Aragón van a modificar su modelo de asistencia en atención primaria y a partir de ahora va a ser consideradas como el domicilio donde viven quienes habitan en ellas, de forma que todos los residentes tendrán el mismo centro de salud, donde habrá una enfermera de referencia para su atención. Además, se ha fijado la obligación de que todas las residencias tenga un plan de contingencia frente a la COVID-19.

Así lo han explicado en rueda de prensa la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, y la de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, quienes han suscrito un protocolo para implantar este nuevo modelo.

Repollés ha detallado que hasta ahora cada residente tenía asignado un médico del centro de salud del que procedía antes de su ingreso, de forma que «todos estaban atendidos», pero por médicos o equipos diferentes, mientras que ahora todos lo estarán «por el mismo equipo sanitario del centro de salud de referencia».

Además, se va a poner en marcha un ‘Programa de atención a la salud de personas en centros residenciales’, que contará con una enfermera de referencia, que velará por la coordinación entre la residencia y el centro de salud, así como por los cuidados y atención diaria de estas personas y asegurará su participación en todos los programas de salud con que cuenta Aragón, como el del crónico complejo, de vacunación o de rehabilitación.

Este protocolo ha surgido tras constatar la eficacia de la coordinación entre el Departamento de Sanidad y el de Ciudadanía y Derechos Sociales durante la pandemia del coronavirus y era una «reivindicación» de este último», ha esgrimido su responsable, María Victoria Broto.

Repollés ha añadido que la pandemia «ha golpeado especialmente a las personas institucionalizadas», ha indicado que en Aragón 383 residencias de personas mayores, «la mitad de las que hay en la Comunidad de Madrid, con un quinto de la población» y han sido lugares donde se han producido brotes, así como «cuadro de cada cinco fallecidos» por la COVID-19 en Aragón.

«Este protocolo es el resultado de la implicación de dos Departamentos y viene a mejorar las posibilidades de actuación del sistema sanitario en las residencias para mejorar la salud de una población más vulnerable, pluripatológica o con enfermedades crónicas cuya necesidad asistencial en gran parte de los supuestos es de cuidados», ha indicado la consejera de Sanidad.

ORDENAR

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha precisado que el objetivo de esta actuación es «ordenar, protocolizar y asegurar la atención sanitaria en los centros de personas mayores», homogeneizando actuaciones, y ha anunciado que, posiblemente, será necesaria una modificación legislativa sobre estos establecimientos.

En el marco del ‘Programa de atención a la salud de personas en centros residenciales’, además de la enfermera de referencia, en la residencia habrá una persona que será la encargada de coordinarse con ella para que se cumplan los planes de atención sanitaria de los pacientes y su seguimiento.

Del mismo modo, la enfermera responsable de este programa deberá coordinar, bajo la autoridad de Salud Pública, las actuaciones que deben llevarse a cabo en los centros residenciales de su zona de salud en materia de inspección, vigilancia y control de las medidas de prevención adecuada.

El protocolo contiene un anexo específico en el que se detalla que cada centro residencial contará con un técnico referente de Salud Pública que será informado de que se cumplen estrictamente todas las medidas que se han implementado para la lucha contra la COVID-19, desde la limitación de la entrada de personas a las residencias hasta la capacidad del edificio para llevar a cabo sectorizaciones, entre otras medidas.

Dentro de ellas, se incluye la necesidad de que el centro tenga establecido el sistema para la detección precoz de síntomas compatibles con coronavirus entre sus trabajadores y la sustitución de los mismos.

María Victoria Broto también ha indicado que en este marco de colaboración se ha fijado la obligación de que todas las residencias tenga un plan de contingencia «claro» frente a la COVID-19, donde indique los recursos disponibles, la posibilidad de sectorización, la formación de los profesionales en el manejo de los equipos de protección y cómo actuar ante la aparición casos de coronavirus y, en general de cualquier enfermedad transmisible.

Además, como novedad, todos los trabajadores, en cada turno, deberán rellenar cuestionario de autodetección de posibles síntomas «y los centros estarán obligados a actualizar la información».

REORGANIZACIÓN

Sobre la situación de las zonas de salud para dar cobertura a las necesidades que esta reorganización pueda suponer, la consejera de Sanidad ha indicado que el Departamento realizará un análisis continuado de las necesidades de las residencias existentes en cada zona básica de salud con el fin de poder reforzar, si fuera preciso, los Equipos de Atención Primaria de aquellas zonas que cuentan con un gran número de centros residenciales.

En este sentido, Repollés ha recordado que el Servicio Aragonés de Salud está realizando un «esfuerzo muy importante» de contratación de personal sanitario y ha tenido en cuenta para su asignación, entre otros criterios, la existencia de centros residenciales en la zona básica de salud.

No obstante, ha señalado que cuando pueden sobrepasarse las capacidades habituales de los centros de salud para dar una atención sanitaria adecuada y a tiempo, el Departamento de Sanidad podrá poner en marcha dispositivos asistenciales especiales con equipos de soporte adicionales en los sectores sanitarios con mayor presencia de centros residenciales.

Broto y Repollés han insistido en que el protocolo firmado es fruto de la estrecha colaboración establecida desde el momento en el que comenzó la pandemia en Aragón, que el trabajo ha sido conjunto desde el inicio, y que este documento viene a sellar lo aprendido durante esta crisis sanitaria. El protocolo –que tendrá una comisión de seguimiento para velar por su cumplimiento– entra en vigor desde el momento de su firma.