fiscalia independentistas
Pedro Sánchez y Quim Torra en su última reunión en La Moncloa.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, causó este miércoles un gran revuelo al declarar que la Fiscalía depende del Ejecutivo, una afirmación que ha suscitado la indignación de las asociaciones de fiscales pero que, según fuentes del Ministerio Público consultadas por MONCLOA.COM, responde a una “triste realidad” de la que trata de sacar rédito el independentismo catalán.

Interrogado durante una entrevista en Radio Nacional de España (RNE) sobre la promesa que realizó durante el debate electoral de traer ante la Justicia española al expresidente catalán Carles Puigdemont, Sánchez recordó que la Fiscalía General del Estado pidió al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena la reactivación de la euroorden al político fugado en Bélgica.

Ante la respuesta, el periodista Iñigo Alfonso -quien estaba realizando la entrevista- apuntó “eso lo está haciendo la Justicia y usted lo planteó como un compromiso electoral, la gente se pregunta ¿cómo lo va a hacer Sánchez?” y el presidente le contestó “¿la Fiscalía de quién depende?”. Tras unos segundos de pausa, insistió a su interlocutor “¿de quién depende?”, “del Gobierno” replicó Alfonso, “pues ya está”, sentenció entonces el líder socialista.

Unas declaraciones que, aunque posteriormente trató de matizar en Twitter diciendo que el Gobierno se limita a “respaldar” a la Fiscalía en su “defensa de la ley y del interés general”, ya habían destapado la caja de pandora.

accion popular

El Supremo quiere lejos a los políticos pero cerca a los ciudadanos

  • Los partidos están presentes como acusaciones populares en la mayoría de casos de corrupción.
  • RESPUESTAS DE FISCALES

    Las asociaciones de fiscales condenaron de forma unánime las palabras del presidente en funciones y se apresuraron a remarcar su autonomía del poder ejecutivo. 

    En un comunicado la Asociación de Fiscales -la mayoritaria del gremio- aseguró que las palabras de Sánchez “no se ajustan a la realidad” y generan “una confusión inaceptable” entre la ciudadanía.

    “La Fiscalía es independiente y solo depende de la legalidad. La Fiscalía no cumple órdenes y lamenta el desconocimiento de las funciones conferidas al Ministerio Fiscal”, explicó.

    El artículo 7 de la Ley 50/1981 por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que “por el principio de imparcialidad el Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados”, aunque, el artículo 124 de la Constitución Española (CE) sí confiere al Gobierno la competencia de proponer al Fiscal General del Estado. 

    Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) recordó que, en virtud del artículo 8 de la citada ley, la relaciones con el Gobierno están limitadas a que este podrá dirigirse al Fiscal General del Estado para que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público y en tal caso, el Fiscal General del Estado, oída la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, resolverá sobre la viabilidad de dichas actuaciones y expondrá su resolución al Gobierno de forma razonada.

    Además, recordó la actitud siempre proactiva de la Fiscalía en relación a las euroórdenes. Sin embargo, las fuentes fiscales consultadas por este periódico consideran que “las asociaciones se hacen las ofendidas” pero que, en realidad, son conocedoras de la injerencia del Gobierno porque terminar con ella ha sido “una reclamación histórica”.

    A su juicio, todos los Gobiernos han tratado de controlar el poder judicial y “ya ni disimulan”, han lamentado respecto a la declaración de Sánchez, al tiempo que han mostrado su deseo de que, efectivamente, el Ejecutivo no interfiera en el poder judicial, donde se integra con autonomía funcional el Ministerio Fiscal.

    Esta autonomía funcional trata de garantizar la independencia del Ministerio Fiscal frente al poder Ejecutivo porque, de acuerdo con fuentes jurídicas consultadas, de lo contrario se crearía una especie “policía del Gobierno”. Asimismo, esa autonomía le corresponde para cumplir su misión de defender la legalidad al margen de los grupos o partidos dominantes aunque, en la práctica esto sea “difícil”.

    Boye puigdemont

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    RÉDITO INDEPENDENTISTA

    Puigdemont no quiso desaprovechar la ocasión y, como principal afectado por la declaraciones de Sánchez, escribió en su perfil oficial de Twitter que el presidente del Gobierno en funciones acaba de confirmar que “no existe la separación de poderes”.

    Un argumento que los independentistas llevan tiempo esgrimiendo para alimentar la legitimidad de su causa secesionista y, en especial, para criticar la sentencia del Tribunal Supremo que condenó por sedición a los líderes del denominado ‘procés’ y, en el caso de los líderes fugados de la Justicia, para evitar su entrega a España.

    El abogado del expresidente fugado, Gonzalo Boye, se sumó a las críticas al socialista y señaló “Sánchez hace suyo lo de ‘la Fiscalía te lo afina’”, frase que dijo en 2016 el entonces ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, en una conversación privada con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña.

    EUROORDEN CONTRA PUIGDEMONT, COMÍN, PONSATÍ Y PUIG 

    El juez instructor Pablo Llarena reactivó, a instancias de la Fiscalía, poco después de conocerse la condena del Tribunal Supremo a los líderes independentistas, la euroorden por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos contra Puigdemont, fugado de la Justicia española en Bélgica desde finales de octubre de 2017.

    La vista en la que el juez belga de primera instancia debe decidir sobre la orden de detención y entrega cursada se celebrará el próximo 16 de diciembre.

    Además, Llarena reactivó esta semana la euroorden contra los exconsejeros Toni Comín por sedición y malversación, Lluis Puig por malversación y desobediencia y Clara Ponsatí por sedición.

    El Reino Unido rechazó ayer cursar la orden contra esta última por considerar, tal y como explicó en una comunicación remitida al Tribunal Supremo, que la orden europea de detención es “desproporcionada” con arreglo a la legislación de ese país, aunque posteriormente se disculpó por este calificativo.

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