Sanchez Torra presupuestos

Entre los planes inmediatos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, despejar algunas dudas o por lo menos anticipar sus expectativas de cara a dos de los frentes abiertos que más preocupan en el ámbito político y económico respectivamente. El jefe del Ejecutivo ha resuelto la incógnita de su agenda en Cataluña, anunciando que quiere ver al president de la Generalitat, Quim Torra, en Barcelona la primera semana de febrero y retrasa la formación de la mesa de diálogo. Por otro lado, Sánchez ha manifestado su intención de aprobar los Presupuestos en verano y de subir los impuestos a “los que más tienen”.

El presidente del Gobierno propondrá a Torra mantener una reunión en Barcelona en la primera semana de febrero y enmarca este encuentro en una legislatura “comprometida con el diálogo territorial” en la que se desplazará a todas las Comunidades Autónomas para entrevistarse con todos los presidentes autonómicos.

Responde así a la demanda del líder catalán que exige esta entrevista bilateral antes de que eche a andar la mesa de diálogo entre los dos gobiernos pactada entre el PSOE y ERC en su acuerdo de investidura. Ese pacto establecía que la mesa de diálogo que debe buscar una solución al “conflicto político” en Cataluña se debería constituir en los 15 días siguientes a la formación del Gobierno español, un plazo que no se cumplirá si la entrevista con Torra es en febrero.

Sánchez ha minimizado el retraso y lo ha achacado a que la mesa de diálogo es con el Govern catalán, formado por Junts per Catalunya -que no fue parte del acuerdo de investidura- y ERC.

Sánchez ha defendido que esta mesa de diálogo, a la que ha vuelto a llamar como en el debate de investidura “comisión bilateral”, trabaje en paralelo a la mesa de partidos en el Parlament. Pero a pesar de las “hondas diferencias de partida”, entre la autodeterminación que reivindican los independentistas y el autogobierno por el que aboga el Gobierno, confía en poder avanzar hacia una solución. “Nosotros vamos con la mejor de las voluntades”, ha afirmado.

Tal y como establece el acuerdo con ERC, de alcanzarse un consenso en esa mesa de diálogo, las medidas acordadas se someterían a la validación de la ciudadanía catalana en una consulta. Sánchez ha desechado la posibilidad de que la consulta preguntara a los catalanes sobre la autodeterminación porque lo que llegaría a la consulta sería un acuerdo, no lo que provoca “división”.

PRESUPUESTOS Y SUBIDA DE IMPUESTOS

Sánchez ha expresado su intención de que tener aprobados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020 “antes de que finalice verano”, para lo que intentará recabar el apoyo de todas las formaciones, y ha asegurado que se impulsará la “justicia fiscal” para que “aquellos que más tienen contribuyan más” a las arcas públicas.

Así lo ha señalado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha recordado que las cuentas públicas se han prorrogado, en los últimos cinco años, en cuatro ocasiones, con dos años de Gobierno en funciones.

Sánchez ha pedido a la oposición “remar en la misma dirección”, y ha defendido que aunque tiene derecho a “criticar” la gestión del Gobierno, “no puede bloquear el funcionamiento del Estado democrático”.

Sanchez Trapero

Zasca a la desjudicialización por la que aboga el Gobierno de Sánchez en el juicio a Trapero

  • En el inicio del juicio a Trapero la Fiscalía ha manifestado que “si se incumplen las normas, el Poder Judicial actúa”.
  • Por ello, ha marcado la importancia de alcanzar “grandes acuerdos” en aspectos como la renovación del Pacto de Toledo, la modificación de aspectos que generan precariedad en el mercado de trabajo y una senda de estabilidad presupuestaria que beneficie a las comunidades autónomas.

    Previsiblemente el Gobierno negociará a finales de marzo, una vez disponga de los datos de cierre de déficit de 2019, la nueva senda con Bruselas, para posteriormente llevarla junto al techo de gasto al Parlamento y a continuación presentar el proyecto de Presupuestos e iniciar su tramitación.

    El líder del Ejecutivo ha recalcado que desde el Gobierno abogan por “justicia social y fiscal”, lo que “implica que aquellos que más tienen más contribuyan a las arcas públicas“.