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Los sindicatos de la Policía Nacional SUP, CEP, SPP y UPF en Euskadi han denunciado “el hastío y abandono tanto de las instituciones como de la Administración dependiente del Estado”, hacia “la labor y la imagen de este cuerpo policial en la Comunidad Autónoma Vasca”.

En un comunicado conjunto, las cuatro organizaciones sindicales han asegurado que “durante los últimos tiempos y a la sombra del tsunami informativo que ha supuesto el covid-19” en las sociedades española y la vasca, han asistido “con perplejidad” al “avance silencioso de movimientos separatistas y a la exclusión de cualquier cuestión que evidencie la presencia del Estado en Euskadi”, ante “la indiferencia” de los “responsables políticos e institucionales”.

Según han puntualizado, en el ámbito social, “diariamente se realizan actos de bienvenida a miembros de ETA salidos de prisión, homenajeándoles sin ningún pudor ni medida legal que contenga los actos de apología del terrorismo que en sí mismos constituyen” y, además, “imágenes del jefe del Estado son decapitadas en la plaza pública el día de la Hispanidad”.

En materia política, han precisado que “responsables de diferentes formaciones sugieren al poder judicial que no es el momento de investigar a miembros de ETA por su presunta vinculación con la aparición de un ‘zulo’ hace apenas un año”, mientras se desarrolla una Ley para investigar presuntos excesos policiales, “sin carga probativa ni tribunal colegiado para aplicarla, para hechos acaecidos hace más de 40 años”.

Los cuatro sindicatos policiales advierten de que, en el ámbito mediático, “por si no fuera suficiente el olvido impuesto y el blanqueamiento de la actividad terrorista de los últimos 40 años, el ex jefe militar de ETA Josu Urrutikoetxea Bengoetxea es presentado ante la opinión pública posando como protagonista en la portada de un diario vasco, como si de una celebridad o un actor de Hollywood se tratase”.

También ha censurado que televisión pública vasca “realiza documentales de apoyo a los autores condenados judicialmente por el ataque de Altsasua, o tilda de golpistas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan servicio en el País Vasco”.

AYUNTAMIENTO DE BILBAO

A su juicio, en este escenario, “el último episodio de la nueva normalidad o nuevo modelo de convivencia” hacia el que “todo apunta que avanzamos”, se producido “hace tan solo unos días en el Ayuntamiento de Bilbao” que, en pleno, rechazó por mayoría que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “estén presentes en la Junta Local de Seguridad”.

“Este órgano colegiado, regulado en la Ley Orgánica 2/86 de FFCCS, establece sin ambages la composición de las mismas, excluyéndose en este caso intencionada y torticeramente la participación y la aportación de estos cuerpos policiales a la seguridad de la sociedad para la que prestamos servicio”, lamentan.

Los firmantes del manifiesto lamentan que “las más de 4.000 personas dactilarmente identificadas por la Brigada de Policía Científica de Policía Nacional en la capital vizcaína durante el pasado 2019, el centenar de detenidos por falsedad documental en el Aeropuerto de Loiu, las más de 200 detenciones llevadas a cabo por la UDYCO de Policía judicial en materia de delincuencia organizada, las incautaciones de drogas, los miles de informes emitidos, los cientos de delitos esclarecidos, las sustancias estupefacientes intervenidas, las operaciones contra la trata de seres humanos, las víctimas de explotación sexual liberadas, las detenciones o la investigación de delitos relacionados con el yihadismo o los más de 100.000 DNIs y Pasaportes realizados por la oficina de expedición de Bilbao” no tengan “trascendencia ni interés en materia de seguridad para el día a día de nuestros conciudadanos, según concluye el Ayuntamiento de Bilbao”.

“Resulta paradójico que, al tiempo que el Estado integra a las Policías Autonómicas en foros de colaboración y cooperación internacionales, a nivel periférico se persiga el objetivo contrario”, aseguran.