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El partido de Pablo Iglesias será investigado por un juez de Madrid, tras encontrar la Guardia Civil indicios de que Unidas Podemos podría tener una Caja B de la que se sacaron 50.000 euros en condiciones sospechosas. Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción número 42 de plaza de Castilla, adjudica a la formación morada los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal. El auto no especifica a quién van dirigidas las acusaciones, pero los hechos afectan a la práctica totalidad de la directiva de Podemos.

Después de que la Guardia Civil presentara un atestado contra la formación, en el que el juez ha detectado “características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, Escalonilla confirmó el pasado 16 de julio que iniciaría diligencias contra los de Iglesias.

Un juzgado de Barcelona fue el primero en admitir a trámite el atestado, sin embargo, fue trasladado a Madrid por motivos de competencia territorial, al ubicarse en la capital la mayor parte de la estructura de Podemos. El informe de la Guardia Civil revela que el partido contrató en 2019 a la agencia de comunicación Neurona Consulting, firma que le ayudaría en la campaña de elecciones municipales de mayo del pasado año. La firma ni siquiera se había constituido aún legalmente.

La denuncia desentierra, asimismo, la presencia de una “caja de solidaridad” o caja B en la que se habrían ingresado donaciones de líderes y cargos intermedios del partido. El atestado también incluye el pago de las reformas de la sede central de Unidas Podemos.

Respecto a esa hucha sospechosa, el juez ha enviado ya un oficio a la Policía Nacional para que investiguen la transacción más sospechosa de todas: una retirada de la caja de 50.000 euros a cargo de una entidad llamada #404 Comunicación Popular. El motivo de la extracción era “iniciar un proyecto de carácter social”. No hay registros en ninguna base de datos de una entidad con ese nombre, y tampoco parece contar con un administrador.

ALTOS CARGOS DE PODEMOS INVOLUCRADOS

Se sospecha que quien realizó esa retirada fue Christian Navarro, un asesor de Podemos en el Parlamento Europeo. El gerente del partido, Rocío Val, también estaría involucrada, junto con el director financiero, Daniel de Frutos, y el el director de Estrategia y Comunicación de Pablo Iglesias en la vicepresidencia del Gobierno, Juanma del Olmo. Todos ellos serán llamados a declarar.

Quienes también tendrán que acudir al juzgado el próximo 15 de septiembre serán la exjefa de servicios jurídicos del partido, Gloria Elizo, y la que fue responsable de Cumplimiento Normativo hasta el pasado diciembre, Mónica Carmona.

El ex abogado de Podemos José Manuel Calvente también prestará declaración, pero en calidad de denunciante/perjudicado. Él aportó a la Guardia Civil información importante para la redacción del atestado. Acudirá al juzgado el próximo 29 de julio.

CALVENTE Y CARMONA, DESPEDIDOS

Mónica Carmona y José Manuel Calvente fueron despedidos del partido el pasado diciembre levantando sospechas por el camino. Ya que, paralelamente, estos abogados estaban denunciando irregularidades internas.

Podemos justificó la salida de Calvente del partido a un presunto acoso a la que era entonces abogada de Iglesias, Marta Flor. Sin embargo, la Fiscalía dictaminó recientemente que esta acusación carece de pruebas. “Mi despido ha sido la culminación del proceso que llevábamos a cabo para destapar las irregularidades en el partido”, contó Calvente a El Mundo. Calvente ya acusó entonces a Podemos de haber arreglado sobresueldos y usado una caja B.

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