El Tribunal Constitucional (TC) retoma su actividad presencial este martes con un Pleno lleno de asuntos, entre ellos el previsible rechazo de las recusaciones presentadas tanto por el exvicepresidente del la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras como por el exconsejero Raül Romeva y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, condenados por sedición en la causa del ‘procés’, contra los miembros de este órgano.
El Pleno se celebra de forma presencial –a no ser que las circunstancias sanitarias obliguen a cambiar de planes en el último momento–, después de que el anterior, el pasado 6 de mayo, se tuviera que realizar de forma telemática.
Así, además de rechazar previsiblemente las recusaciones -dado que no se encuentran motivos de parcialidad y además los magistrados del TC no pueden ser sustituidos- la Sala prevé también resolver de forma definitiva las peticiones de suspensión de condena solicitada por otros condenados por el Tribunal Supremo en la misma causa, las de los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Joaquim Forn, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y el líder de Ómnium Cultural Jordi Cuixart.
En el último Pleno no presencial los magistrados rechazaron suspender de urgencia -es decir, sin escuchar al resto de partes- la ejecución de las condenas, si bien acordaron formar pieza separada y conceder un plazo de tres días a los solicitantes de amparo y a la Fiscalía para que efectúen las alegaciones que consideren convenientes.
El Ministerio Publico informó en contra de suspender las penas, y ello es probablemente lo que acordará el Pleno del TC el próximo día 16, según las fuentes consultadas.
En el orden del día aparecen otros asuntos a retomar por los magistrados, lo que no quiere decir que se sustancien todos en la sesión del próximo 16, como es el de los recursos que presentaron los parlamentarios de la oposición al Partido Popular en 2015 contra la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ‘Ley Mordaza’.
Sobre la mesa está, desde finales del pasado mes de enero, la ponencia del magistrado progresista Fernando Valdés sobre los motivos por los que los recurrentes – PSOE, Izquierda Plural, UPyD, Compromís-Equo, Coalición Canaria y Geroa Bai,- encuentran inconstitucionales una docena de artículos que regulan asuntos como el desarrollo de protestas en las calles o las denominadas ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes.
Consideran que la norma vulnera hasta 12 artículos de la Constitución, entre ellos los que regulan la tutela judicial efectiva, manifestación, reunión y expresión.
Esta ley regula como sanciones administrativas una serie de conductas que, en su mayoría antes eran faltas incluidas en el Código Penal. Así, sanciona a quien cause desórdenes en la calle o a aquellos que se nieguen a identificarse, a lo que se suma en las últimas semanas que el Ministerio del Interior se haya basado en esta norma para justificar jurídicamente la imposición de propuestas de sanción por incumplimiento del estado de alarma.
Así, se multa a aquellos que emitan o publique fotos de los agentes de policía que «pongan en peligro su seguridad personal o familiar». Las mayores multas, de entre 30.000 y 600.000 euros son para quienes se manifiesten ante «infraestructuras críticas».
Otro de los asuntos que aparece es el de la admisión o no de un recurso presentado por Vox contra la suspensión de plazos parlamentarios decretada en el Congreso de los Diputados con motivo del Estado de Alarma, al entender este grupo que ello impedía el control parlamentario al Gobierno, según refleja el orden del día.
