El Vaticano ha implantado controles más estrictos en las actividades financieras, sobre todo en aquellas que superen los 10.000 euros, con una legislación que obliga a identificar el origen de dinero para evitar precisamente que se cuelen en su economía cantidades de origen ilícito y garantizar así la transparencia y la vigilancia.
Según ha informado la oficina de prensa del Vaticano en un comunicado de prensa, el Presidente del Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano, el Cardenal Giuseppe Bertello, ha aprobado un Decreto, con fecha del 9 de octubre de 2020, para prevenir los delitos de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.
La nueva regulación modifica la Ley XVIII del 8 de octubre de 2013 sobre estas materias y se enmarca en las reformas acometidas por el Papa Francisco para que las actividades económicas vaticanas se ajusten a los parámetros internacionales de transparencia y legalidad.
De este modo, los controles sobre las operaciones financieras, como pueden ser operaciones inmobiliarias o de comercialización de obras de arte, iguales o superiores a los 10.000 euros, serán más exhaustivos. Así, las personas jurídicas, instituciones jurídicas, etcétera, con sede en territorio soberano vaticano, o inscritas en el registro del Estado, están obligadas a registrar, actualizar y conservar durante al menos 10 años todos los documentos, datos e informaciones relativas a su naturaleza y actividad.
También deberán proporcionar esa documentación, datos e información cuando se les demande por parte de la justicia del Vaticano o de la Autoridad de Información Financiera (AIF), el organismo creado por Benedicto XVI en 2010 para vigilar de las actividades financieras. El principal objetivo es prevenir o detectar actuaciones ilícitas de blanqueo de dinero o de financiación del terrorismo.
La AIF se erige como el organismo de vigilancia sobre las actividades financieras desarrolladas en el territorio soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano que deberá también evaluar los riesgos de cada operación. A partir de ahora, las personas jurídicas e instituciones que desarrollan su actividad en territorio vaticano tendrán la obligación de identificar, evaluar, gestionar y evitar el riesgo de que se produzcan casos de blanqueo de dinero o financiación del terrorismo.
En el caso de operaciones que abarquen a terceros países con alto riesgo, recogidos en una lista publicada por la Autoridad de Información Financiera, las personas jurídicas e instituciones deberán aplicar una serie de medidas preventivas dirigidas a obtener la máxima información sobre el origen de fondos y patrimonio del cliente.
En una entrevista concedida a los medios de comunicación oficiales del Vaticano, el Presidente de la Autoridad de Información Financiera, Carmelo Barbagallo, explicó que con esta reforma de la Ley XVIII el ordenamiento jurídico vaticano se ajusta «a los mejores estándares internacionales».
