El vicepresidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, ha defendido la actuación de la Administración autonómica en la gestión de las residencias de mayores y ha dicho que «aportará toda la documentación» para probar que obró de forma «adecuada».
Así se ha pronunciado Alfonso Rueda a preguntas de los medios en una rueda de prensa celebrada este jueves en Santiago en la que ha hecho balance sobre la jornada electoral del pasado domingo.
Cuestionado sobre la apertura de diligencias contra los gestores de la residencia DomusVi de Aldán –en Cangas– y dos cargos de la Xunta, Alfonso Rueda ha manifestado su respeto a la decisión del juzgado, al que el Gobierno gallego se pone a su disposición.
«La Xunta aportará toda la documentación para demostrar de lo que estoy convencido. La actuación en las residencias fue adecuada», ha incidido Rueda.
APERTURA DILIGENCIAS
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cangas (Pontevedra) ha abierto diligencias previas contra la administradora de Geriatros, la directora de la residencia DomusVi de Aldán (intervenida por la Xunta durante la pandemia) y dos cargos de la Xunta tras presentar una querella las hijas de dos usuarias del centro, una de ellas fallecida y otra contagiada por COVID-19.
El auto, contra el que cabe recurso de reforma y/o apelación, insta a incoar un procedimiento de diligencias previas en relación a posibles delitos de homicidio o lesiones por imprudencia profesional o de abandono de discapacitados. Así, las querellantes deberán declarar y se demandará el historial médico de sus madres a Geriatros S.A., para que el médico forense evalúe «si el diagnóstico y la asistencia médica» de las mismas fueron adecuados.
De este modo, el juez busca determinar si existió «alguna acción u omisión constitutiva de imprudencia profesional que «haya provocado el contagio del COVID-19» o «el fallecimiento de alguna de las internas a causa de la citada enfermedad».
En concreto, la querella se presentó contra Geriatros, Geriavi, la administradora única de Geriatros y la directora de la residencia de mayores, así como la jefa del Servicio de Inspección de Maiores, Discapacidade e Dependencia y el director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade de la Xunta.
No obstante, el juez ha señalado que, de acuerdo con el Código Penal, no procede dirigir el procedimiento «frente a las personas jurídicas objeto de la presente querella, debiendo delimitarse la responsabilidad de las personas físicas cuya investigación se pretende».
