El comisario José Manuel Villarejo vinculó a mediados de 2009 al exconsejero madrileño de Justicia e Interior, Alfredo Prada, en un contrato de seguridad para la Ciudad de la Justicia que se hizo «sin cumplir ningún trámite» y que recayó finalmente en una empresa relacionada con Álvaro Lapuerta, quien acababa de dejar el puesto de tesorero del PP a Luis Bárcenas.
Villarejo le contó a Ignacio López del Hierro el 21 de septiembre de 2009 las peripecias de ese contrato «chungo» que podía perjudicar a Prada y que estaba siendo investigado por la Comunidad de Madrid que presidía Esperanza Aguirre en aquel momento, tras salir a la luz el espionaje a varios exaltos cargos del PP como Manuel Cobo o el citado Prada que eran críticos con la citada Aguirre. Precisamente, el próximo mes de febrero se juzgará este caso.
La empresa a la que se refiere Villarejo en su conversación con el marido de María Dolores de Cospedal es, posiblemente, Serygur ya que en posteriores informes policiales aparecía vinculada a Lapuerta y Bárcenas.
Prada fue consejero de Aguirre de 2003 a julio de 2008 pero cayó en desgracia después de que el primero apoyase a Mariano Rajoy en el congreso nacional del PP que se celebró ese 2008 en Valencia. El por entonces líder del PP le recompensó su lealtad con un puesto orgánico dentro del PP -al frente del área de apoyo a los emigrantes-. En 2015 abandonó la política activa tras comprobar con enfado su no presencia en las listas electorales.
Pablo Casado, sin embargo, ha repescado a Prada al incluirle en su nueva Ejecutiva nacional del PP como presidente de la Oficina del Cargo Popular, que se encarga de evaluar la idoneidad de los candidatos y cargos públicos del PP.
Las presiones de algunos dirigentes del PP para que los contratos de seguridad en Madrid se los llevase Serygur aparecieron a comienzos de 2009 salpicando a un desconocido Luis Bárcenas, antes incluso de que estallase el caso Gürtel. Cuando Villarejo y López del Hierro abordan este caso ya se sabía que policías del entorno de Francisco Granados habían realizado tareas de seguimiento a Cobo y Prada, rivales del equipo de Aguirre.
Villarejo: Uno que se ha quejado de que lo han espiado, que se lo llevó Mariano y a partir de ahí, la Espe le cortó la cabeza.
Ignacio López del Hierro: Ah sí, (Alfredo) Prada.
V: Prada. Pues este Prada, a nivel interno, me consta que lo están investigando alguien de la Comunidad…
ILH: Sí
V: … para demostrar que el contrato que hizo dándole la Ciudad de la Justicia a esa empresa de seguridad de Lapuerta fue chungo. Para en un momento determinado, como el otro (Prada) sigue piando de que a él lo han espiado y tal, dando por culo, para poner los colores. Si es que…
ILH: Y la Comunidad, ¿a través de quién está (investigando)?
V: Pues no lo sé como lo están haciendo. Yo creo que en un principio, lo que están, es desde un punto de vista administrativo, mirando a ver ese concurso cómo se hizo…
ILH: Si es que ahí (en la Ciudad de la Justicia) hay un chocho, un chocho de cojones.
V: Claro, pero este tiene que contar con gente. Creo que en principio él, que no es tonto, lo que estará haciendo es, él personalmente, pedirle a xxx a ver cómo se ha hecho, el pliego de tal y ahí tiene ya parte de la información resuelta. Es decir, le van a poner la lupa a la contratación esa y luego, si hay buena relación con él, pues decirle (a Prada) : ‘oye, macho, cómo has hecho esa contratación, qué puntos flacos puede haber’…
ILH: Claro
V: …’que van a ir a por ti en el futuro’.
El caso que relata Villarejo se remonta a diciembre de 2007, cuando Bárcenas pidió supuestamente a Prada que adjudicara a Serygur la seguridad de la nueva Ciudad de la Justicia en la capital, un contrato valorado en 700.000 euros. Serygur fue finalmente la ganadora.
La actuación de Bárcenas pudo ser fácilmente interpretada en el Ejecutivo regional de Aguirre como una presión, puesto que era de facto el máximo responsable de finanzas de su propio partido político, según indicó El Mundo. El entonces comisario no parecía estar muy al tanto de este proyecto regional para concentrar las sedes judiciales en un mismo sitio, aunque sí conocía el desenlace final.
Villarejo: No sé si es Ciudad de la Sanidad o Ciudad de la Justicia…
ILH: De la Justicia
V: …o algo así. En la Ciudad de la Justicia se la dieron a esta empresa de seguridad sin cumplir ningún trámite ni nada de nada.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata abrió en septiembre una investigación sobre el supuesto desfalco económico en la Ciudad de la Justicia de Madrid, un proyecto que pretendía llevar todas las sedes judiciales dependientes de la Comunidad de Madrid a unas parcelas al norte de la capital de España, y que creó un agujero patrimonial superior a los 105 millones de euros.
El proyecto, puesto en marcha entre 2005 y 2015, años en los que el Gobierno regional estuvo mayoritariamente en manos de Aguirre y luego de su delfín, Ignacio González, fue un fracaso y solo se llegó a culminar un edificio de los 12 previstos: el que iba a albergar el Instituto de Medicina Legal. El inmueble, sin embargo, no se encuentra en funcionamiento.
La Cámara de Cuentas de Madrid fiscalizó la actividad de la empresa pública que gestionó la Ciudad de la Justicia entre 2005 y 2015 y las conclusiones anunciadas este año fueron demoledoras. Así, el coste incurrido en la ejecución del proyecto de las nuevas sedes judiciales fue de al menos 95,3 millones de euros de los que 80 millones fueron para las obras realizadas entre 2006 y 2010, el año en el que se pararon los trabajos.
LICITACIONES COMO LA MENCIONADA POR VILLAREJO
El presupuesto del citado Instituto de Medicina Legal, el único que se llegó a construir, supuso un gasto de 22 millones. Además, la Comunidad de Madrid invirtió 19 millones de euros para poder levantar las nuevas sedes del Tribunal Superior y de la Audiencia Provincial, cuyo diseño fue encomendado al arquitecto Norman Foster. A día de hoy ambos edificios siguen «sin tener una sola piedra colocada».
En cuanto a algunas licitaciones como la que menciona Villarejo, el informe de la Cámara de Cuentas madrileña indicó que se hicieron con «una apariencia de concurrencia que no se produjo realmente», ya que aunque se solicitaron tres ofertas, «las proposiciones pertenecen a empresas vinculadas entre sí». Además, los criterios de contratación adolecían «con frecuencia de falta de concreción», por lo que quedaron «sin posibilidad de control, al arbitrio» de quien valoraba las propuestas.
