Ahora todos los presentes lo niegan, pero hubo un tiempo no muy lejano en el que PSOE y Ciudadanos sellaron un contrato de amor para esta legislatura, que está a punto de terminar, con Pedro Sánchez y Albert Rivera de protagonistas. El primero quería ser presidente del Gobierno y para ello, pactó 200 medidas de gran calado con el que en aquel momento era su media naranja.
Bajo los retratos de los siete padres de la Constitución, Sánchez y Rivera firmaron un acuerdo de Gobierno “transversal” que, de haberse llevado a cabo, hubiera supuesto la mayor transformación interna de España desde que la Carta Magna fue aprobada en 1978.
En la actualidad, Ciudadanos, abomina de los socialistas y ha acordado no pactar en ningún caso con el PSOE de Sánchez, tras las elecciones generales del 28-A, pero eso no siempre fue así. El 24 de febrero de 2016, hace exactamente tres años, Ciudadanos y PSOE se aliaron en un ambicioso acuerdo que luego no vería la luz.
En el documento titulado “Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso” se recogieron en siete apartados las medidas que ambos partidos proponían de manera conjunta para reformar la política española. “Nuestro proyecto busca aunar a una mayoría de españoles sobre cinco ambiciones que deben estar en el corazón de cualquier programa reformista para España: la educación, la lucha contra la desigualdad y la pobreza, el empleo, la unión y la regeneración política”, relataban en el texto.
El acuerdo proponía una reforma de la regulación de los autónomos, de la Ley de Segunda Oportunidad junto con una reducción de la cotización. También incluía medidas contra el cambio climático que restringirían las autorizaciones de nuevas explotaciones de gas e hidrocarburos y prometían que se cerrarían progresivamente las centrales nucleares cuando estas cumplieran los 40 años de vida útil.
Una de las medidas más curiosas fue el cambio de huso horario, para así volver al que tienen ingleses y portugueses, y que el general Franco cambió en los años cuarenta para sincronizarse con la Alemania nazi.
Respecto a la sanidad, proponían restablecer la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud y desarrollar una política de eficiencia en el gasto farmacéutico, así como restablecer el papel del Pacto de Toledo en la estrategia de sostenibilidad del sistema público de pensiones, unido a una reforma integral del sistema tributario. Al final, el Pacto de Toledo sigue como está, pues esta última semana ha sido imposible cerrar unas recomendaciones que estaban muy cerca del consenso y en las que se trabajaba desde hacía más de dos años.
Otro de los puntos que mencionaba el acuerdo de 2016 fue no subir impuestos, en concreto el impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o IRPF. En su momento fue Rivera el que convenció al PSOE de esta medida, redactada en uno de los puntos del informe sobre cómo «reformar el IRPF con el objetivo de reducir la tributación de las rentas del trabajo cuando la situación presupuestaria lo permita y, mientras tanto, no subirles los tipos», aunque el texto incluía estudiar la creación de un impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas para ayudar a conseguir el equilibrio presupuestario.
Algo que sí que ha cumplido el PSOE en solitario ha sido la rebaja del IVA cultural del 21%, porcentaje que llevaba en vigor 5 años, al 10%, y que estaba incluido en el pacto PSOE-Ciudadanos. También querían promover el mantenimiento del IVA del libro en el 4%, e impulsar en el seno de la UE su equiparación para el libro electrónico.
Asimismo, se indicaba que se cumplirían los nuevos objetivos de déficit que se negociaran con las autoridades europeas, para así situar el déficit por debajo del 3% en 2017, hasta lograr unas finanzas públicas saneadas al final de la legislatura. Afirmaban que exigirían los 2.800 millones de euros que el anterior Gobierno del PP perdonó a los defraudadores en la llamada amnistía fiscal (al cobrarles el 3% en lugar del 10%). Además, se limitarían a 1.000 euros los pagos en efectivo en las transacciones financieras
El documento también hacía referencia al empleo, sobre el que tenían intención de “clarificar mejor las condiciones del contrato indefinido, especialmente respecto a las causas de despido, para reducir una excesiva litigiosidad interpretativa que incrementa las incertidumbres a todos los agentes” o de reforzar la protección de los trabajadores en el contrato estable y progresivo, para evitar la precariedad.
También llevaba implícitas un buen numero de renuncias por parte del PSOE y Ciudadanos: la principal por la parte socialista era olvidarse de la derogación de la reforma laboral, mientras que la formación naranja se dejaba por el camino su contrato único. La solución intermedia eran tres tipos de contratos –en aquel momento había más de 40–, incluyendo un nuevo tipo de contrato temporal “progresivo” y con indemnización creciente, que iría de 12 a 20 días por año trabajado en caso de despido procedente y de 20 a 33 días si era improcedente.
Del mismo modo, ampliaba de 2 a 5 años la prohibición de las puertas giratorias, desbloqueaba las listas electorales, prohibía los indultos en casos de corrupción, violencia de género y delitos contra los derechos humanos, y había el compromiso de aprobar una nueva ley de Secretos Oficiales que jubilaría la preconstitucional de 1968, con un plazo máximo para el mantenimiento de la calificación de “secreto” en los documentos oficiales.
LA NECESIDAD DE CONVENCER A PP O PODEMOS
El problema para Sánchez y Rivera era que el acuerdo de Gobierno necesita, al menos, del apoyo del Partido Popular o de Podemos para superar la investidura y desarrollar tan vasta batería de medidas a lo largo de la legislatura. Y es ahí donde surgieron los escollos.
La formación de Pablo Iglesias se sentía incómoda con la negativa a subir algunos tramos del IRPF, el mantenimiento del copago farmacéutico o que los extranjeros sin papeles solo tuvieran acceso a las urgencias de los centros de salud. Pero el puente insalvable estuvo en el compromiso del PSOE y Ciudadanos en favor de la “unidad e integridad” de España y su oposición “a todo intento de convocar un referéndum con el objetivo de impulsar la autodeterminación de cualquier territorio de España”. Un aviso muy claro a Podemos y su confluencia catalana de que la consulta ciudadana que pedían para Cataluña era inviable con ellos.
El PP, por su parte, consideró un ataque directo contra la gestión de Mariano Rajoy los cambios en la reforma laboral, la reformulación del artículo 135 de la Constitución sobre el déficit público y la derogación de la prisión permanente revisable a la que se comprometían PSOE y Ciudadanos, así como la supresión de las diputaciones provinciales, uno de los cinco puntos de la reforma exprés de la Carta Magna que los partidos firmantes querían promover “en el primer mes de ejercicio del nuevo Gobierno”.
Los otros puntos de dicha reforma constitucional por la vía rápida fueron el fin de los aforamientos, la reducción a 250.000 las firmas necesarias para promover una ley de iniciativa popular, la limitación a ocho años del mandato del presidente del Gobierno y que el número de vocales del Consejo General del Poder Judicial pasase de 20 a 10.
PSOE y Ciudadanos también hablaron de una reforma más en profundidad de la Carta Magna, que conllevaría una tramitación parlamentaria más lenta, a lo largo de dos años. En ella se abría el melón por varios sitios: el reconocimiento de nuevos derechos civiles y sociales, con garantías de dotación presupuestaria; la supresión de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona; la revisión de las bases del sistema electoral; la modificación del Senado; la incorporación del “hecho” de la UE al ordenamiento constitucional; y la revisión del modelo territorial en el Título VIII para definir con claridad qué competencias tienen las comunidades autónomas y “desarrollar el concepto de Estado Federal”.
La simple modificación de una coma de la Carta Magna necesitaba, sin embargo, del aval del PP, con mayoría absoluta en el Senado, una institución que PSOE y Ciudadanos pretendían transformar en una “estricta Cámara Territorial” que tuviera una composición máxima de 100 senadores –en vez de los 266 actuales– y con funciones para la financiación autonómica, los planes estatales de infraestructuras de transporte o los “niveles comunes en los grandes servicios públicos”. Si no se lograba dicha transformación, ambos partidos abogaban por su supresión.
Toda una revolución que quedó en papel mojado. Sánchez no superó la investidura y aquello desembocó en la repetición de las elecciones en junio de 2016. Ahora, PSOE y Ciudadanos ni se quieren ver.
Hasta el punto de que la Ejecutiva de Ciudadanos ratificó por unanimidad la semana pasada rechazar cualquier negociación o pacto con el PSOE después de las elecciones del 28 de abril. José Manuel Villegas, número dos del partido naranja, se refirió explícitamente a la figura del presidente del Ejecutivo ya que «el PSOE de hoy es Sánchez y Sánchez es el PSOE, no sabemos si se desligarán en el futuro».
«La mejor forma de que el PSOE se libre de Sánchez es estando en la oposición; donde vamos a intentar situarlos nosotros» aseguró Villegas, que aviso a los votantes de que «ningún voto a Ciudadanos servirá para que Sánchez sea presidente del Gobierno». La intención de Ciudadanos es «abrir una nueva etapa encabezada por Albert Rivera».
Desde el partido aclararon, eso sí, que la negativa a pactar con el PSOE se aplicará solamente a las elecciones generales, no así a las autonómicas o municipales, en las que existirá la posibilidad de pactar con los barones socialistas que tengan opciones de gobernar.
