La comisión de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos señaló en 2011 un criterio determinante en el futuro de los restos de Franco: que el Estado tiene competencias para decidir sobre cementerios dedicados a personalidades, sin que el punto de vista de los familiares sea determinante y que los derechos sobre las tumbas no son, por tanto, a perpetuidad. Por lo pronto, el Gobierno ya ha mostrado que el mausoleo y hasta la concesión del enterramiento de El Pardo son suyos.
El Gobierno ha dado un paso más para dejar claro que tiene en sus manos el destino final de los restos de Franco con un decreto en el que aflora que la concesión del lugar de enterramiento en el cementerio de El Pardo es del Estado, y no de la familia Franco, a pesar de que allí reposan los restos de Carmen Polo, la viuda del dictador.
Los derechos sobre los enterramientos forman parte de la batalla judicial sobre la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos y su posterior traslado al cementerio de El Pardo. Una vez que el Consejo de Ministros decidió que fueran a parar al panteón familiar del cementerio de El Pardo, habría que ver cómo podría conseguir el Gobierno usar el panteón familiar contra el criterio de los Franco. Con este decreto se descubre que el derecho está realmente en manos del Estado.
Por si fuera poco, el informe del comité de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos diferencia entre los cementerios generales de los especiales, como pueden ser los cementerios militares o los dedicados a determinadas personalidades. Aunque se refería a los enterramientos del Valle de los Caídos, la misma doctrina podría aplicarse al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo.
Sobre estos lugares, según el citado informe, la competencia no es municipal, sino que “puede ceder ante una competencia estatal”. Por lo tanto sus tumbas “no son concesiones a perpetuidad” sino que son “monumentos memoriales que el poder público levanta y tutela”. El informe de estos expertos concluye que, aunque deba tenerse en cuenta la intención de los familiares “esta no pueda ser determinante al efecto”.
En su reacción al decreto del Gobierno sobre el cambio de titularidad del derecho de enterramiento, la Fundación Nacional Francisco Franco subraya que la intención del Gobierno de enterrar los restos de Franco en este panteón es “contra la voluntad de la familia”. Esta ha señalado que, en caso de que la exhumación se lleve a cabo, los restos vayan a parar a la cripta de la catedral de la Almudena.
El Gobierno ha decidido poner en manos de Patrimonio del Estado la concesión del enterramiento que tiene la familia Franco en el cementerio de El Pardo, donde decidió inhumar los restos del dictador si son exhumados del Valle de los Caídos.
NERVIOSISMO EN LA FUNDACIÓN FRANCO
La jugada de cambiar de manos quién puede decidir sobre la concesión de este enterramiento ha causado nerviosismo en la Fundación Francisco Franco, que considera que se trata de una maniobra para facilitar el nuevo enterramiento sin contar con los deseos de la familia.
El Ejecutivo declaró desde el principio que haría uso de cuantas medidas legales fueran necesarias para facilitar sus planes. La Fundación Francisco Franco cree que “queda claro y a nadie se escapa la finalidad singular de tal disposición”.
Esta entidad, que junto con la familia presentó recurso contra la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, sostiene que, con este nuevo decreto, el Gobierno contraviene el auto del Tribunal Supremo en el que señala que la exhumación y traslado de los restos tendrá que realizarse una vez que los interesados hayan podido recurrir la decisión ante esta instancia y la Sala de lo Contencioso Administrativo de este tribunal se pronuncie.
Por el momento, el Tribunal Supremo tiene que decidir si, antes de entrar en el fondo del asunto, admite la petición de suspensión cautelar de la exhumación. La Fundación cree que, con este decreto, el Gobierno pretende “presionar, apremiar e influir en el Tribunal Supremo”.
El Real Decreto fue aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 26 de abril, aunque no se hizo referencia a su contenido en la información oficial sobre esa reunión. El texto se publicó el sábado 11 de mayo en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La Fundación Francisco Franco considera que fue “aprobado y publicado con sigilosa opacidad y patente afán subrepticio”. La norma trata de la “desafectación de una concesión de titularidad del Patrimonio Nacional”.
Es decir, el decreto no traspasa la propiedad del panteón, donde se encuentran los restos de Carmen Polo, la viuda de Franco, sino, como dice el propio Real Decreto, de “una concesión de derechos funerarios”. De esta manera sale a la luz no ya que el panteón del cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, no es propiedad de la familia Franco, sino que ni siquiera eran los titulares del derecho de usar este enterramiento.
El título de derecho funerario es una concesión sobre los nichos o las tumbas en los cementerios, habitualmente municipales, como también es este caso. Según explica el texto del Real Decreto, “resulta evidente que la concesión de un título de derechos funerarios sobre una unidad de enterramiento no se relaciona ni se ajusta con los fines a que han de destinarse los bienes y derechos integrantes del Patrimonio Nacional”.
La ley de Patrimonio Nacional establece que “los bienes y derechos del Patrimonio Nacional están afectados primordialmente al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las Leyes les atribuyen”.
El decreto señala que “resulta evidente” que la concesión de este derecho de enterramiento “no se relaciona ni se ajusta” con los fines que establece la Ley de Patrimonio Nacional. Con la aprobación del decreto, el derecho de enterramiento cambia de manos y pasa de Patrimonio Nacional al Patrimonio de Estado.
Las claves sobre quién tiene autoridad en los escenarios donde se juega el destino final de estos restos han sido fundamentales en la batalla judicial y legal. Así, por ejemplo, el Gobierno reconoció en un primer momento que para exhumar los restos de Franco de su actual ubicación, al encontrarse en la Basílica del Valle de los Caídos, necesitaba el permiso de la Iglesia.
Sin embargo, más adelante cambió su posición y señaló que podía entrar en la Basílica para realizar los trabajos sin que por ello chocara con la inviolabilidad de los lugares de culto establecida en los acuerdos entre España y la Santa Sede.
