Que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, pueda pisar suelo estadounidense sin consecuencias ha salido caro. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la Generalitat de Catalunya destinaron más de 3,4 millones de euros de dinero público para pagar una multa impuesta por un tribunal de Illinois al Consejo de Administración del Forum de Barcelona, al que Calvo pertenecía.
Tanto el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 29 de diciembre de 2006 como el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) del 7 de marzo de 2007 reflejan dos transferencias por valor de 1,7 millones de euros destinadas a pagar la multa que una juez estadounidense impuso al Consejo de Administración del Forum de Barcelona por su mala gestión. En total, las arcas públicas abonaron 3,4 millones de euros. Es decir, los cuatro millones de dólares que exigía el juzgado de Illinois.
Primero pagó el Gobierno a través del Ministerio de Cultura, del que Calvo era entonces máxima representante. «Se dota con 1.745,00 miles de euros», refleja el BOE. «Al Consorcio Fórum de las Culturas Barcelona 2004, para atender los gastos extraordinarios derivados de la liquidación del Consorcio y Fórum de las Culturas 2004, S.A.», dicta el boletín. Pero ni rastro de la sentencia impuesta por la justicia de Estados Unidos.
El caso de la Generalitat es similar. Pagó meses más tarde. Pero una cantidad idéntica y por el mismo motivo. Una «indemnización que el consorcio debe proveer en virtud de la sentencia dictada por el Tribunal del Circuito del Condado de Cook». El importe fue de 1.705.519,22 euros.
Calvo y Clos fueron condenados en 2004, junto a otros miembros del Consejo de Administración del Forum de las Culturas de Barcelona, por su mala gestión del proyecto. La juez Sophie H. Hall les declaró en rebeldía por desacato y les impuso una multa de cuatro millones de dólares por no haber devuelto el dinero que habían invertido en 2001 dos productoras estadounidenses en el proyecto.
Think Big Productions y Rosalini Films Productions habían aportado cerca de un millón de dólares para elaborar un vídeo encargado por el Forum sobre el patrón local, Sant Jordi. Pero cuando el consejero delegado, Jaume Pagés y el director general, Jordi Oliveras, rebajaron considerablemente las expectativas de rentabilidad, el Forum cortó los lazos con estas productoras. Pero sin devolverles lo que habían invertido.
Fueron 24 los políticos españoles condenados por el juzgado norteamericano. Y puesto que el Forum se trataba de una iniciativa conjunta entre la Generalitat de Cataluña, el Gobierno y el Ayuntamiento de Barcelona, dicha multa se pagó con dinero público. Además de la sanción por valor de cuatro millones de dólares, la juez también impuso intereses. 3.000 dólares al día.
En 2006, el importe total de la multa superaba los 5,5 millones de euros. Razón por la que el Gobierno y la Generalitat decidieron llegar a un acuerdo con la justicia estadounidense. Ambas administraciones se repartieron a partes iguales el importe inicial de la sanción y lo abonaron en los meses siguientes. 3,4 millones de euros de las arcas públicas que solventaban los problemas de los 24 políticos españoles con los tribunales de Illinois.
Ningún representante del Forum de Barcelona acudió a las citaciones judiciales en el condado de Cook. Razón por la que se les declaró en rebeldía. De hecho, la Generalitat y el Estado asumieron la parte de la responsabilidad del Ayuntamiento de Barcelona. Que realizaron el pago a lo largo de tres meses.
Entre los condenados, también estaba el exministro del PP Josep Piqué. Que entonces afirmó que este asunto podía acabar siendo «un pleito importante con alcance internacional» y que podría «provocar consecuencias personales para los implicados. A pesar de que tanto Calvo como Clos viajarían con pasaporte diplomático, si la entonces ministra hubiera viajado a Estados Unidos, habría sido detenida en la aduana y llevada ante la juez de Illinois.
Tras la condena, los miembros del Consejo de Administración del Forum de Barcelona se sintieron intimidados por una de las productoras. Think Big Productions se reunió hasta en dos ocasiones con los miembros del proyecto. Y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, los abogados de la empresa estadounidense enviaron una carta a los implicados en el impago en la que les advertían que si no les devolvían su inversión, podrían enfrentarse a problemas legales. Ante esta carta, los miembros del Forum demandaron a Think Big Productions por amenazas.
