Las ayudas a la danza también están cargadas de polémica. Las subvenciones que concede el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), dependiente del Ministerio de Cultura, para promover esta actividad también han recaído sobre algunas de las asociaciones ligadas a miembros de la comisión que las adjudica. Al igual que las destinadas a la música. Cientos de miles de euros han ido a parar a fundaciones y otros organismos relacionados con los vocales que ese mismo año decidían dónde irían los 4,8 millones de euros que reparte el Inaem. Una práctica que el Instituto insiste en que es «legal» y «transparente».
El Inaem evita responder sobre si les parece ético ese comportamiento. Desde 2016, al menos dos de los cinco miembros de la comisión se han visto cada año envueltos en polémica. Asociaciones ligadas o dirigidas directamente por ellos percibieron cientos de miles de euros para promover la danza. El importe de las ayudas varía, pero oscilan entre los 50.000 euros y los 10.000. Algunas de las subvenciones han ido dirigidas a fundaciones relacionadas con cargos públicos, como las que ha percibido Culturarts, cuyo subdirector fue Manel Chaqués i Masip, subdirector de Teatro y Danza de la Generalitat Valenciana y entonces vocal de la comisión.
Algunas de las asociaciones o fundaciones de los vocales recibieron hasta 50.000 euros. Es el caso de Culturarts en el año 2017, donde Chaqués figura como uno de sus subdirectores (además de como vocal de la comisión). Esta «asociación» se ha renombrado en la Generalitat Valenciana como el Instituto Valenciano de Cultura. Y en alguna ocasión ha tenido problemas con la Justicia después de que la UGT denunciara al Instituto por cómo contrataban a trabajadores temporales. Culturarts recibió otra comisión en 2017 de 10.000 euros.
En la misma línea se encuentra la vocal durante 2016 y 2018 Juana Sánchez Rodríguez. En esos años figuraba como jefa del área de danza de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Una asociación que ha percibido una subvención del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música de 45.000 euros cada año durante los últimos cuatro.
Desde 2016, son muchas las asociaciones relacionadas con los vocales que han recibido dinero público del Inaem. Ese año, Mercedes López Caballero era vocal de la comisión de danza. La Asociación Cultural Red de Teatros Alternativos, de la que fue responsable de comunicación, percibió una ayuda de 25.000 euros. Una situación que se repite con la asociación Nuevo Ballet Español, una sociedad que pertenece a Graciela Pisani Fermepi y que recibió en 2016 una subvención de otros 25.000 euros públicos.
Y las asociaciones relacionadas con los miembros del jurado que deciden sobre las ayudas siguen apareciendo de forma recurrente. Pese a que los resultados de 2019 aún son provisionales y se publicarán los definitivos en septiembre, las concesiones también están cargadas de polémica. El Ballet Contemporáneo de Burgos, dirigido por Alberto Estébanez, vocal este año en la comisión de danza, ha recibido del Inaem 28.000 euros.
Este mismo año, la asociación anteriormente mencionada relacionada con la vocal Mercedes López Caballero (Red de Teatros Alternativos), ha vuelto a percibir una ayuda de 10.000 euros.
Cada año, el Ministerio de Cultura reparte, a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 4,8 millones de euros destinados a promover la danza, la lírica y la música. El Inaem nombra cada año cinco vocales que deciden a dónde irán dirigidas las ayudas de entre las cientos de asociaciones que las solicitan. Como publicó MONCLOA.COM el pasado miércoles, la comisión de música había entregado subvenciones a asociaciones ligadas a los miembros del jurado. Y tras analizar el caso de la mesa de danza, la historia se ha repetido.
Para conceder dichas subvenciones, la comisión de los cinco vocales debe puntuar diferentes aspectos de los solicitantes. Interés cultural del proyecto, perfil y alcance del mismo, repercusión social, presupuesto y viabilidad económica y trayectoria del solicitante y de la actividad. Unas características que el Inaem evalúa cada una sobre 10, y solo aquellos grupos que llegan a los 50 puntos tienen la posibilidad de acceder a las ayudas.
El Inaem insiste en la misma explicación que reflejó sobre la comisión de música. Sus prácticas son «estrictamente legales» y «transparentes». Pero no responden a otras cuestiones relacionadas con estas prácticas. Sobre si seguirán aplicando estos criterios o sobre si pretenden modificarlos en un futuro, no hay respuesta. Solo ceñirse a la «legalidad» de sus acciones.
