Al expresidente del BBVA Francisco González se le puede complicar su jubilación “temporal” después de que le hayan salpicado judicialmente las cloacas del Estado. Ese es el nombre por el que se conoce a la Operación Tándem, en cuya pieza separada número nueve —abierta tras las publicaciones de Moncloa.com— le imputó la semana pasada el titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, por supuestos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.
FG prestará hoy declaración ante el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción, a instancias de quien se produjo la imputación, para responder por las actividades presuntamente ilícitas que habría desempeñado el excomisario José Manuel Villarejo para el BBVA duarante su mandato.
Según las averiguaciones judiciales y tal y como pusieron de manifiesto las grabaciones desveladas por este periódico, Villarejo habría realizado durante más de una década trabajos de espionaje para la entidad financiera, que González presidió durante cerca de dos décadas, a cambio de una cantidad que ronda los diez millones de euros.
El pasado mes de marzo, después de que saltará a la luz toda la trama, González decidió abandonar “temporalmente” los cargos en la fundación y en el Banco —donde ejercía la presidencia de honor desde 2018 cuando dejó la presidencia ejecutiva—, mientras “concluyen las investigaciones en curso”.
Unas pesquisas que no parecen cerca de terminar con la jubilación adelantada y, según él no definitiva, de FG, quien hoy tratará de explicar una serie de trabajos que fueron encargados por la entidad financiera al excomisario y que adelantó MONCLOA.COM.
El primero de ellos fue el conocido como Proyecto Trampa, en el que el BBVA contrató a Villarejo para que este realizara labores de espionaje a la constructora Sacyr en el año 2004, cuando quiso hacerse con el control de la entidad.
El principal cometido de este proyecto, como evidencian las informaciones de este periódico, fue encontrar aspectos negativos de personas a las que el comisario catalogó como “grupo hostil” (GH) y que formaban parte del núcleo de la operación de Sacyr para hacerse con el control del BBVA.
A posteriori vendrían otros trabajos como el de la “acción final” en el edificio Windsor o Proyecto Fish, una operación de hostigamiento contra el constructor Fernando Martín en 2009, actividades que en total habrían reportado a Villarejo hasta 10 millones de euros.
OTROS IMPUTADOS
García Castellón escuchará hoy además el testimonio como imputados de Juan Asúa, asesor de cabecera del actual presidente del BBVA, Carlos Torres, y Eduardo Arbizu, quien hasta el verano pasado, que fue cesado, ostentaba el puesto de responsable de Regulación y Control Interno del BBVA.
También prestará declaración el propio banco en calidad de persona jurídica el próximo miércoles 20, después de que esta haya sido pospuesta en dos ocasiones por razones de agenda. Lo hará el director de servicios jurídicos de la entidad, Adolfo Fraguas, quien, sin embargo, no se encontraba aún trabajando en el banco en el periodo en el que se produjeron los hechos que están siendo investigados.
En total, una decena de altos cargos del banco cuando se celebraron esos contratos han sido llamados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional. Entre ellos, el que fuera Consejero Delegado de la entidad, Ángel Cano, y el exjefe de Seguridad que fuera también comisario general de la Policía Nacional, Julio Corrochano.
Este último, presuntamente la conexión entre el BBVA y Villarejo y quien se encargaba de pedir los trabajos y entregar el dinero para pagarlos, prestó declaración en julio de este año y el juez le impuso una fianza de 300.000 euros y la prohibición de salir de España.
Asimismo, están investigados su sustituta en el cargo, Inés Díaz Ochagavia; el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero; el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección Ricardo Gómez Barredo y a su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas.
Todos a excepción de Béjar, que ya ha acudido varias veces a la Audiencia Nacional y ha prestado declaración,se han venido acogiendo a su derecho a guardar silencio por el secreto de actuaciones, que impide a los afectados conocer lo que obra en la causa contra ellos.
PLENA DISPOSICIÓN A COLABORAR
El expresidente, un personaje que según fuentes del BBVA consultadas por MONCLOA.COM no caía especialmente simpático entre sus empleados, mostró, después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera su imputación el pasado miércoles, y antes de que esta fuera efectiva al día siguiente tras la orden de García Castellón, su «plena disposición a colaborar con la Justicia». Algo que tendrá la oportunidad de demostrar hoy durante su comparecencia que, a pesar de celebrarse a puerta cerrada como todas las que se celebran en este momento procesal, va a contar con una amplia cobertura mediática.
