La Fiscalía de Sevilla ha denunciado al exteniente de alcalde de Huévar del Aljarafe, Francisco Martín González, a quién acusa de fraude electoral a través de la compra de votos en dicha localidad sevillana. Lo hizo para no perder la mayoría absoluta que tenía el PSOE, que llevaba 36 años de gobierno en el municipio.
La fiscal ha presentando una denuncia contra el exteniente de alcalde socialista por dos supuestos delitos, uno de ellos de carácter electoral y otro por malversación de caudales públicos.
La denuncia fue interpuesta el pasado día 2 de noviembre, una vez que la alcaldesa de Huévar, María Eugenia Moreno (Partido Popular) llevase a la Audiencia de Sevilla en compañía de Virginia Pérez, toda la documentación con las pruebas de la compra de votos. El vicealcalde se dedicaba supuestamente a comprar votos a cambio de trabajos en el Ayuntamiento.
Tras procederse al estudio de la documentación y pruebas aportadas por parte del Partido Popular, la fiscal ha presentado la denuncia. Ahora habrá que esperar a que llegue a un juzgado de instrucción, que será el encargado de abrir las diligencias y se encargue de toda la investigación.
SEIS MESES A TRES AÑOS DE PRISIÓN
La Ley de Régimen Electoral establece en su artículo 146.1, una pena de seis meses a tres años de prisión o multa de 12 a 24 meses a aquellas personas que recurran a la compra directa o indirecta de votos, o bien que induzcan a la abstención, recurriendo para ello a recompensas, remuneraciones o promesas.
En lo que respecta a la malversación de caudales públicos, Francisco Martín González será investigado por la comisión de un presunto delito de malversación, que consiste en la apropiación indebida de valores correspondientes a un cargo público.
A partir de este momento será el juzgado correspondiente el que tendrá que llevar a cabo la investigación que esclarezca lo ocurrido en el Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe hasta el pasado mes de mayo, momento en el que el PP logró la alcaldía.
PRUEBAS DEL FRAUDE ELECTORAL POR PARTE DEL PSOE
Las pruebas de la supuesta compra de votos se basan en gran parte en la trituradora que María Eugenia Moreno encontró en un rincón del despacho después de hacerse con la alcaldía.
Para evitar la posible entrada de sus antecesores en las dependencias municipales con el objetivo de destruir pruebas, la actual alcaldesa ordenó el cambio de cerradura. Otras prueban son varias cajas con documentos, algunos escritos a mano por Francisco Martin González.
Entre la documentación aportada en la denuncia se encuentran varios planes y una lista de las calles con las viviendas, en las que se contabilizaban los votos que podían obtener en ellas y una anotación con los trabajos realizados por ellos.
SENTENCIA DE LOS ERE
Este martes se pudo conocer la sentencia contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñan. El primero ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por el fraude de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Griñán, por su parte, ha sido condenado a 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación por delitos de malversación y prevaricación.
También han sido condenados a prisión otros nueve exaltos cargos. A siete años de prisión los exconsejeros Antonio Fernández, José Antonio Viera y Francisco Vallejo; el viceconsejero Agustín Barberá; el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero; y el exdirector general, Juan Márquez.
Por su parte, han sido condenados a seis años de prisión la exconsejera Carmen Martínez Aguayo; el exviceconsejero Jesús María Rodríguez; y el exdirector general de la agencia Idea, Miguel Ángel Serrano.
El resto de condenas conllevan la inhabilitación, encontrándose entre los condenados la exministra Magdalena Álvarez. Además, dos personas han sido totalmente absueltos. Son el exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta, Francisco del Río.
La sentencia del mayor caso de corrupción del PSOE considera que es ilegal el sistema que utilizó el Gobierno andaluz. A través del mismo repartió casi 800 millones de euros en ayudas públicas entre los años 2000 y 2009.
Durante este periodo existieron graves deficiencias en la gestión de las ayudas a los ERE. Se concedieron prejubilaciones fraudulentas que fueron pagadas a personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas. Además, también se dieron subvenciones a empresas que no estaban presentando un ERE y a personas que no llegaron siquiera a crear una empresa.
Además de lo anterior, se concedieron comisiones situadas muy por encima del valor de mercado a intermediarios entre la Junta y los trabajadores. Entre ellos, se encontraban bufetes de abogados, sindicalistas, consultas y aseguradoras.
PP Y CIUDADANOS PIDEN RESPONSABILIDADES POLÍTICAS AL LÍDER DEL PSOE
El Partido Popular y Ciudadanos han pedido «responsabilidades políticas» a Pedro Sánchez (PSOE) tras conocerse la sentencia por el caso de corrupción en los ERE de la Junta de Andalucía.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que, si el líder socialista no asume responsabilidades políticas por el robo del dinero de los parados en Andalucía, no está habilitado para continuar con su puesto de presidente en funciones.
Inés Arrimadas, presumible sustituta de Albert Rivera como líder de Ciudadanos, se ha pronunciado en unos términos similares. Para la jerezana es una sentencia «demoledora» para el PSOE y ha pedido que Pedro Sánchez asuma las consecuencias.
Un portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha pedido la dimisión del líder del PSOE y actual presidente en funciones del Gobierno.
Por su parte, Santiago Abascal (VOX) ha aprovechado la sentencia para arremeter contra Pedro Sánchez. Y también ha hecho lo propio con los apoyos que está buscando para poder sacar hacia adelante su investidura. Se gesta un Gobierno formado por el comunismo totalitario y por el socialismo que ha tejido la mayor corrupción de Europa«, ha manifestado.
Sin embargo, las críticas no solo han llegado por parte de la derecha, ya que Pablo Iglesias también se ha pronunciado al respecto. Tras firmar un preacuerdo con Sánchez, el secretario general de Podemos indicó en que «el bipartidismo trajo corrupción y arrogancia«. No obstante, aseguró que España ha cambiado y que no volverá a tolerar la corrupción.
