domingo, 25 septiembre 2022 03:53

La Justicia coloca a los periodistas en el punto de mira

  • Decenas de periodistas han sido imputados por revelación de secretos tras publicar los autos de prisión de los CDR.
  • La Audiencia Nacional ha prohibido a Moncloa.com y El Confidencial publicar los audios de Villarejo y les investiga por extorsión y desobediencia. 
  • El gremio periodístico ha mostrado su indignación y solidaridad con los investigados.

Las noticias de periodistas investigados por la Justicia se han sucedido a lo largo de los últimos días. Periodistas de Moncloa.com, El Confidencial, El Mundo, El País, ABC, La Vanguardia, El Español, la Cadena Ser y RTVE, han sido imputados esta semana por diferentes cuestiones, lo que ha provocado un malestar generalizado en el gremio.

En el caso de este periódico y de El Confidencial, la investigación abierta por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional gira en torno a los audios del excomisario José Manuel Villarejo que ambos digitales han venido publicando en exclusiva en los últimos meses.

Unas grabaciones que el juez Manuel García Castellón ha prohibido seguir divulgando, a pesar de su evidente interés periodístico. Precisamente, es por no haber acatado esa prohibición por lo que tanto el El Confidencial como Moncloa.com están siendo investigados por un presunto delito de desobediencia y, además, este periódico por uno de extorsión. Una acusación que este medio negó en un comunicado difundido el pasado miércoles.

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En cuanto a los 12 periodistas de El Mundo, El País, ABC, El Confidencial, La Vanguardia, El Español, la Cadena Ser y RTVE, la investigación la ha abierto el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, por la publicación de informaciones sobre el sumario de los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos y encarcelados por terrorismo por orden de la Audiencia Nacional el pasado mes de septiembre.

Una imputación que la Fiscal General del Estado, María José Segarra, estudia impugnar una vez haya revisado el auto judicial, tal y como adelantó este jueves. “La Fiscalía, desde la perspectiva de la defensa del derecho a la libertad de transmitir información y opinión veraz, va a analizar esa incoación y las decisiones que se han adoptado”, declaró.

OLA DE SOLIDARIDAD

Han sido muchos los que han alzado la voz en contra de la imputación a decenas de profesionales de la información por hacer su trabajo, en lo que han considerado un ataque a la libertad de prensa que recoge el artículo 20 de la Constitución española.

Este artículo sostiene en su epígrafe 1.d) que “se reconocen y protegen los derechos a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” y en su punto 2 que “el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”.

En este sentido se pronunció en Twitter el exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías, quien calificó lo sucedido como un “gravísimo ataque a la libertad de información” y recordó que si la información es “veraz y relevante se puede publicar”.

Además, puntualizó que “el periodista que revela un sumario filtrado no comete delito alguno y el secreto profesional impide obligarle a denunciar a su fuente”.

Algo en lo que incidió este jueves el director de El Confidencial, Nacho Cardero, quien subrayó que su cabecera tiene “la obligación y el deber de hacer información veraz” como han hecho hasta ahora y como, afirmó, seguirán haciendo.

“Siempre que sea información veraz y de interés para los lectores, es nuestro deber y obligación constitucional. Lo seguiremos haciendo porque es el servicio que la prensa tiene que hacer en un Estado de Derecho”, declaró ayer a su salida de la Audiencia Nacional tras declarar por ese presunto delito de desobediencia.

Justo esta semana la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) lanzó su última campaña de sensibilización sobre la libertad e independencia del periodismo. En un vídeo cargado de ironía donde aparecen imágenes de lo más amables de líderes internacionales como el ruso Vladimir Putin, el sirio Bachar el Asad, el estadounidense Donald Trump o el chino Xi Jinpong, entre otros, el colectivo recuerda que “sin periodismo independiente, la información se vería reducida a propaganda cargada de ingenuidad”.

CASO CDR

La imputación a los periodistas por publicar información sobre el sumario secreto de los CDR se produjo el pasado miércoles tras una petición realizada en octubre por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Al carecer esta de competencias sobre el asunto, pidió a un juzgado de Madrid que indagara sobre la comisión de un posible delito de revelación de secretos por la filtración a la prensa de los autos de prisión emitidos por la Audiencia Nacional a siete miembros de los Equipo de Respuesta Táctica (ERT), la rama más radicalizada de los Comité de Defensa de la República (CDR) en Cataluña.

El Ministerio Público tomó esta decisión después de las defensas de esos siete detenidos pidieran que se abriera una pieza separada para investigar esas filtraciones, pero al descartar la competencia por parte de la Audiencia Nacional fue trasladado al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid.

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CASO VILLAREJO

En el caso de las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo, los medios afectados, Moncloa.com y El Confidencial, defienden su derecho constitucional a seguir difundiendo información de interés general, como han venido haciendo hasta ahora.

Según señaló la defensa de este medio, Miguel Durán, el pasado martes tras conocerse la imputación por extorsión y realizada la correspondiente declaración ante el juez García Castellón,  “cuando un medio de comunicación como Moncloa.com tiene las primicias que tiene es normal que se convierta en el foco de atención de ciertas miradas, y no siempre bien intencionadas”.

Y apuntó que “detrás de las informaciones publicadas únicamente está la profesionalidad de los periodistas”.