La avalancha de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) es tal que en los próximos tres meses puede haber tantos trabajadores afectados por esta fórmula como en toda la crisis económica que se inició en 2008. El problema es si los servicios públicos de empleo van a tener la capacidad suficiente como para tramitar tantos expedientes juntos o van a sufrir un colapso. En juego este el cobro de la prestación por desempleo sin dilaciones. Algo parecido puede ocurrir con el Fogasa, la entidad que garantiza el cobro de los salarios a los trabajadores cuando se producen impagos por el empresario, y que tradicionalmente ya era protagonista de grandes retrasos.
La patronal de la pequeña y mediana empresa, Cepyme, calcula que más de dos millones de trabajadores se verán afectados por expedientes temporales de regulación de empleo en los próximos tres meses. Entre 2008 y 2019 más de 1,8 millones de trabajadores se vieron afectados por los expediente de regulación temporal de empleo.
Cepyme estima que a final de año se habrán perdido 330.000 empleos a finales de año y que uno de cada cuatro trabajadores de este tipo de empresas perderá su puesto de trabajo en 2020. El Gobierno estableció medidas para agilizar este instrumento de regulación de empleo, entre cuyas medidas se encontraba que las empresas debían mantener los empleos al menos seis meses más desde que se reanude la actividad.
Desde el sindicato Comisiones Obreras se ha alertado sobre el hecho de que la falta de personal puede provocar el colapso de las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal y del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Esta central sindical ha comunicado esta preocupación y los datos en que la sustenta a la ministra de Trabajo y Economía social y a los responsables de Función Pública en la Administración General del Estado.
En esta central sindical no dudan de que exista presupuesto suficiente para hacer frente al pago de las prestaciones. Sin embargo, temen la carga de trabajo adicional que puede suponer, ya que adivinan que se avecina un “desproporcionado volumen de solicitudes de prestación por desempleo” que afrontar.
La plantilla del Servicio Público de Empleo Estatal ha visto cómo su plantilla ha sido fuertemente recortada. La plantilla se ha visto reducida un 25% en los últimos años. El SEPE ha pasado de contar con más de 10.200 empleados a menos de 7.900. De ellos, un 17% son eventuales.
La plantilla de este servicio pudo hacer frente a la avalancha de ERTES que se produjo en la crisis económica de 2008 a pesar de lo que consideran “una plantilla mal dimensionada y unas cargas de trabajo excesivas”. Ahora, sin embargo, desde el sindicato Comisiones Obreras considera que la gestión que va a tener que abordar el SEPE “es un reto de unas dimensiones colosales”.
“Si no se mejora sensiblemente la plantilla, el SEPE colapsará”
“Si no se mejora sensiblemente la plantilla, el SEPE colapsará”, anuncian desde este sindicato. De esta manera, una buena parte del mensaje del Gobierno y las medidas tomadas caerán “como un castillo de naipes”.
Las necesidades están calculadas. Comisiones Obreras calcula que se necesitarían 2.500 nuevos trabajadores para los servicios públicos de empleo. Esta cifra sería la necesaria para cubrir el déficit de plantilla acumulado y el necesario para la avalancha de trámites que se avecina. Esta incorporación debería ser de forma inmediata “si se pretende que las nuevas ayudas por desempleo se abonen y se haga con rapidez”.
En ese sentido, aunque está claro para el sindicato que la prioridad es la sanitaria, advierten que “los próximos meses van a ser también de desasosiego en el plano económico y laboral” y organismos como el SEPE y Fogasa se van a convertir en “los garantes de un nivel de rentas mínimo que impida que una parte importante de la población entre en claves de desesperación”.
POSIBLE COLAPSO TAMBIÉN EN EL FOGASA
Si en el Servicio Público de Empleo Estatal la situación es de falta de personal que puede dificultar la tramitación de expedientes y el pago de prestaciones, en el Fogasa, según el sindicato, “la situación puede llegar a ser aún más dramática”. Esto es así porque se trata de un organismo con una dimensión muy pequeña. Cuenta con una plantilla en toda España de 350 personas y el sindicato considera que “en ningún caso debería estar por debajo de los 600 efectivos”.
Hay que recordar que las oficinas de empleo se encuentran cerradas con motivo de las medidas de confinamiento dictadas por el coronavirus. Esto ha hecho que los teléfonos de atención al ciudadano se colapsen. Los plazos de los procedimientos, como ha ocurrido en otros ámbitos de la Administración, han quedado interrumpidos.
Para aquellos que tienen que realizar trámites que no están relacionados con ERTES, el SEPE ha puesto en funcionamiento un sistema por el que ha colgado en su sede electrónica en internet un formulario de pre-solicitud de prestación por desempleo. Según la información de este organismo, tras enviar este formulario, un empleado de este servicio estatal se pondrá en contacto con el solicitante para formalizar la solicitud.
El SEPE, sin dar aún todos los detalles del procedimiento, señala que las gestiones relacionadas con los ERTES no van a necesitar una cita previa, porque la gestión de la prestación se tramitará entre la empresa y este servicio estatal.
