No tiene ni fiebre, ni tos ni ningún otro síntoma que se le parezca o que se pueda asociar al coronavirus, pero el poder legislativo se ha puesto la bata y ha decidido de forma unilateral concederse a sí mismo la baja médica preventiva para evitar un posible contagio. El Congreso de los Diputados, el Senado y el Tribunal Constitucional han parado su actividad hasta que los contagios se detengan. Todos los que integran el poder legislativo han optado por quedarse en casa. Los diputados, senadores y algunos integrantes del Constitucional han decidido beber mucha agua, guardar reposo y esperar desde casa a que las noticias cambien el tono catastrófico por uno más amable; eso sí, sin que el Ministerio de Sanidad les haya recomendado que lo hicieran.
Los expertos, virólogos y otros investigadores coinciden en un punto: hay que evitar los contagios masivos. Pero no porque pueda tener consecuencias irreversibles para los infectados, sino porque hay que evitar que el virus llegue a las personas más vulnerables y que se colapsen los servicios sanitarios. Aún así, el poder legislativo lo ha entendido de otra manera. Y para ellos, el mejor modo de evitar esos contagios es quedándose en casa, eso sí, con sus elevados sueldos intacto, porque para ellos, poco tiene que ver no trabajar con dejar de cobrar su minuta.
El Constitucional ha acordado este martes por la tarde suspender provisionalmente las sesiones jurisdiccionales del miércoles y el jueves. Algo ampliable a las próximas semanas si el Gobierno alimenta el alarmismo y sigue por la vía de tomar medidas de calado. Desde el Congreso y el Senado, en la misma línea, han dejado sus funciones y han decidido que los representantes del pueblo se queden en casa. También para evitar que se contagien entre ellos de este virus tan exótico, al menos a nivel periodístico.
Se aproximan semanas intensas. Los asaltos en los supermercados como si se avecinara una guerra siguen protagonizando las portadas de los periódicos y el número de infectados va en aumento cada día. Pero hay otros poderes que aún se mantienen intactos. Primero, el ejecutivo, que para evitar reproches electorales se ha puesto las pilas y ha seguido a rajatabla las recomendaciones de la OMS, al menos tras el 8-M. Luego, el judicial, el cual se resiste a paralizar su actividad en todos y cada uno de los juzgados del país. Y, por último, el cuarto poder, el periodístico, quien parece estar viviendo una época dorada en visitas por el “interés” del lector en saber qué ocurre en torno al virus de Wuhan.
Los tres poderes de Montesquieu se han quedado cojos por el pánico que ha generado el coronavirus en el ámbito legislativo y gracias a que los diputados han preferido quedarse en casa, por precaución, claro. Pero aún así, el contagio de este patógeno es mayor del que se cree. Ese miedo que se respira en las estanterías de los supermercados ha infectado a los demás poderes, en los que ya hay voces que piden seguir el ejemplo de los parlamentarios. Son solo algunos (pocos) los que se esfuerzan en mantener un ápice de cordura e insisten en que los poderes públicos no pueden entrar en la dejación de funciones. Pero cuesta, especialmente cuando se convocan reuniones extraordinarias continuas para valorar qué se debe hacer, un eufemismo que oculta el pánico y las ganas de huir de algunos funcionarios públicos.
Solo hizo falta una mecha, un contagio, una excusa para que los 350 diputados del Congreso se vieran justificados para dejar de trabajar. Daba igual si se trataba de un concejal, de otro congresista o de un senador. El pistoletazo de salida lo ha dado el dirigente de Vox Javier Ortega Smith, quien se supo que se había contagiado del coronavirus. Y tras ese disparo, como si de una bandada de pájaros se tratara todos los representantes públicos salieron volando escopetados. También los del senado, inexplicablemente.
Aun así, hay quienes mantienen el tipo dentro de la administración pública. Especialmente aquellos que no son cargos electos. Hay quienes no cejan de recordar que hasta que el Ministerio de Sanidad, la entidad pública encargada de gestionar esta crisis, no dé instrucciones claras, todo tiene que seguir exactamente como antes. Sin cambios extraordinarios que inciten a la ciudadanía a pensar que la potencial pandemia es peor de lo que es.
Nadie recuerda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Tribunal Constitucional darse de baja en la temporada 2018-2019, donde hubo 490.000 infectados con atención leve de gripe y 35.300 hospitalizaciones, según los datos del Comité Asesor de Vacunas. Y aunque los virólogos apuntan a que no es exactamente lo mismo, nadie recuerda al poder legislativo tirar la toalla, poner Netflix y esperar a que las noticias apuntaran a un panorama mejor para volver al trabajo. Pero cómo no, este respiro a las puertas de la primavera siempre es agradable.
