Los cazadores han vuelto a las calles a pesar de la cuarentena. Lo han hecho porque hay algunas comunidades autónomas, como es el caso de la Junta de Castilla y León, que creen que es necesario sacar la escopeta para evitar que se descontrolen algunas especies, ya que pueden crear incluso accidentes de tráfico, según sus justificaciones. Sin embargo, este argumento ha sido cuestionado por otras asociaciones (como PACMA) que consideran que, primero, la naturaleza es perfectamente capaz de regular las poblaciones sola y, segundo, que son los propios cazadores los que contribuyen con dos prácticas a generar esa superpoblación de la que tanto se quejan.
Las granjas cinegéticas, en las cuales se crían y liberan al campo decenas o cientos de ejemplares para poder ser abatidos, y la forma de sobrealimentar a los animales de los cotos de caza son estas dos prácticas que contribuyen a acrecentar las poblaciones de determinadas especies, según las asociaciones ecologistas.
😡 La autorización de la caza en #EstadoDeAlarma es INADMISIBLE.
🙄 Aún seguimos esperando los informes que acreditan las supuestas superpoblaciones. Sin ellos, la caza NO ES LEGAL.
👏 Este fin de semana @lau_duart explicó en @sextaNoticias por qué la caza no debe autorizarse: pic.twitter.com/4kOB3p5rZh
— PACMA (@PartidoPACMA) April 27, 2020
En cualquier caso, la Junta ha considerado que es esencial permitir en plena cuarentena a los cazadores salir a abatir algunas especies, sobretodo el conejo y el jabalí, porque amenazan el equilibrio del ecosistema. Algo que ha despertado las críticas y la indignación de muchos colectivos ecologistas. Es indiferente que haya gestores de los cotos que hayan sobrealimentado a determinadas especies o que haya muchas granjas cinegéticas en España que liberan cientos de animales para que los cazadores puedan abatirlos con cierta facilidad. Y por eso, en las redes sociales han compartido vídeos en los que se refleja la realidad de las granjas cinegéticas. Unas imágenes que retratan la realidad que se expande de forma silenciosa por la España rural.
El dilema de las granjas cinegéticas ha sido señalado incluso por los propios cazadores. La Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) elaboró un informe en 2018 en el que dejó claro que el descontrol de este tipo de establecimientos, cada vez mayor en España, estaba contribuyendo a perjudicar la biodiversidad y el ecosistema. Y no solo porque las especies fueran importadas de otros países en algunos casos y se hibridaran con los ejemplares autóctonos, sino porque han traído enfermedades de fuera que han diezmado la población de algunos animales.
Pero a la hora de decidir si se otorgan permisos o no a los cazadores solo se tienen en cuenta los censos de población animal de las especies cinegéticas. Da igual de dónde viene. Lo importante es que hay un presunto problema de superpoblación que solo los cazadores pueden solucionar, según sus argumentos. Algo muy criticado desde PACMA o Ecologistas en Acción, quienes consideran que en muchos casos son ellos mismos los que disparan las poblaciones para luego venderse como única solución.
Ahora los cazadores de Castilla y León tienen el privilegio de salir a la calle antes que el resto de los españoles porque la Junta así lo considera. Al parecer, es esencial el hecho de que tengan que salir a controlar la población con algo que ellos mismos consideran un deporte.
Entre las excusas que utiliza la Junta para permitir a los cazadores realizar ese “deporte» está que puede que aumenten los accidentes de tráfico por ella superpoblación de determinadas especies, así como los daños que estos animales pueden producir en los cultivos y en el sector agrario en general. Por eso, se permite que los cazadores vayan de forma individual a abatir aquellas especies que consideren una amenaza.
No es casualidad que la asociación de caza Anatur hubiera solicitado previamente a la Junta que les dejaran salir a pegar algunos tiros. Al menos ha coincidido en el tiempo y Castilla y León ha sucumbido a todas las demandas de la organización procaza. “Las modalidades de aguardo o espera. Se informarán desfavorablemente y, por tanto, no se autorizarán los controles en los que se soliciten modalidades colectivas (monterías, ganchos o batidas)”.
