La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha anunciado este jueves que el Gobierno prepara a corto plazo una reforma puntual de la ley de bases de régimen local de 1985 para devolver autonomía a los ayuntamientos para que puedan «diseñar políticas públicas propias» y «apostar por lo público en la gestión de los servicios locales».
En su comparecencia en la comisión de Entidades Locales del Senado, Darias también ha asegurado que el Ejecutivo está trabajando para acometer en esta legislatura una reforma en profundidad de la ley de 2013 de racionalización de la administración local, con la que se ha mostrado muy crítica.
«Han quedado probados sus efectos negativos sobre la capacidad de los ayuntamientos y otras entidades locales para atender las necesidades de las personas y contribuir a su bienestar personal», ha censurado esta ley la ministra, quien ha defendido que la aprobación de una nueva normativa que sustituya a la anteriormente consta en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos.
Sobre la modificación de la ley de bases de régimen local, Darias ha avanzado que se pretende recuperar la autonomía local, tener una mayor profundización democrática en las instituciones locales y apostar por lo público en la gestión de los servicios locales.
EL SUPERÁVIT, ENTRE LAS REIVINDICACIONES DE LOS GRUPOS
Durante la comisión, los grupos parlamentarios han coincidido en su mayoría en la insistente reclamación que surge desde los ayuntamientos para que el Gobierno les permita gastar su superávit en paliar los efectos de la pandemia del coronavirus.
En estos términos, han exigido que el ministerio de Hacienda acceda a dejar a las entidades locales gastar sus ahorros de años anteriores, para que los ayuntamientos «formen parte» de la reactivación económica tras el confinamiento. «Dejad de utilizar a los ayuntamientos como si fueran menores de edad», ha dicho el portavoz de Geroa Bai en relación a este asunto.
Sobre este tema, Darias se ha limitado a señalar que corresponde al ministerio de Hacienda y que la titular de esta cartera, María Jesús Montero, está en conversación con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que confía en que se pueda llegar a un acuerdo.
La gestión por parte de los ayuntamientos del ingreso mínimo vital, el acuerdo entre el Ejecutivo y Bildu, y el techo de gasto han sido otros de los temas en los que los grupos parlamentarios han incidido durante esta comisión.
ESTATUTO BÁSICO DE LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS
Darias ha asegurado también que se prepara además un estatuto básico de los municipios pequeños, dentro de la estrategia nacional por el reto demográfico y del objetivo de «fijar población» en el territorio rural con calidad de servicios públicos.
Las modificaciones de la ley de bases de régimen local han originado que las entidades de ámbito territorial inferior al municipio creadas con posterioridad a esta ley no cuenten con la condición de entidad local careciendo de personalidad jurídica, mientras que las creadas anteriormente todavía pueden disponer de esa condición.
En este sentido, la ministra ha anunciado la apertura de un proceso de diálogo con estas entidades y con las autonomías, para estudiar «cambios que eviten esta doble situación y que mejoren la atención que estas entidades prestan a sus vecinos».
Por otro lado, la ministra ha resaltado el problema que se avecina en muchos ayuntamientos a medio plazo para cubrir plazas de habilitación nacional. Casi la mitad de estos funcionarios tiene más de 55 años, por lo que se jubilará en una década, y las oposiciones que se han sacado a concurso no cubren todas las plazas. En los procesos ya finalizados, se han dejado sin cubrir casi el 30% de las plazas externas y la mitad de las de promoción interna.
APOYO EN LA PANDEMIA
La ministra ha defendido el trabajo de los ayuntamientos durante los meses de pandemia por el coronavirus, su colaboración con las delegaciones del Gobierno, la labor de policías locales y de servicios sociales.
Ha añadido que de esta crisis una de las principales conclusiones es la necesidad de «construir un modelo de comunicación y cooperación entre todas las administraciones públicas», más allá de reforzar las competencias de cada una, ha dicho. «Lo importante es reforzar la capacidad de comunicación para encontrar un mínimo común de entendimiento que nos permita cooperar», ha insistido.
