Tras superar el primer examen en el Congreso, la LOMLOE, o Ley Celaá de Educación, está cerca de ser una realidad. PSOE consigue así su objetivo de retirar la ley Wert, impulsada por el PP en 2013. Tiene varios objetivos, entre ellos, aumentar el gasto del PIB dedicado a la educación pública hasta el 5%. Pero una de sus reformas, en concreto, ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones religiosas de nuestro país.
Además de castigar la segregación del alumnado en la concertada, impulsar la educación infantil no obligatoria de 0 a 3 años, y apostar por la educación personalizada, Celaá también ha querido restar importancia a la asignatura de Religión.
Mientras que la LOMCE situó en buena posición a la materia al hacerla contar para el cálculo de la nota media, el PSOE vuelve a quitarle esta característica. Aunque los centros seguirán estando obligados a obligados a ofertarla, será de elección optativa para los alumnos, además de no contar para media ni para la obtención de becas.
Asimismo, se elimina la asignatura ‘alternativa’ a Religión, que debían cursar obligatoriamente aquellos que no escogieran la primera. Esto es porque «la elección de unos (refiriéndose a Religión) no puede ser la obligación de otros (tener que estudiar la materia alternativa)», según expone Isabel Celaá. Aun queda por matizar este asunto, ya que podrían generarse horas muertas o extras, dependiendo del grupo.
LA CONFERENCIA EPISCOPAL SE ENFADA
Este jueves 18 de junio la Conferencia Episcopal Española (CEE) publicaba un comunicado en el que mostraba su desencanto con la propuesta socialista. Empiezan sugiriendo cierto recelo ante el hecho de que se impulse esta ley bajo el estado de alarma, tras lo que aseguran que les «preocupa» que la LOMLOE no cumpla con el derecho a la libertad de enseñanza recogido en la Constitución.
Excusándose en el principio de «formación integral», alegan que «no puede excluirse del ámbito escolar la educación de la dimensión moral y religiosa de la persona», en referencia a la asignatura de Religión.
«La asignatura de Religión católica es una respuesta a estas exigencias» que «no debe ser considerada ajena al proceso educativo», afirman, defendiendo que la asignatura cuente para media como lo hacía antes. «La presencia de la Iglesia, del “pueblo católico” en nuestra sociedad es grande, y ha desarrollado una tradición educativa secular», concluye la CEE, apesadumbrada ante lo que han considerado como una amenaza.
PROFESORES INDIGNADOS
Un colectivo de educadores denominado ‘Federación de Enseñanza de USO’ (FEUSO) está emitiendo diversos comunicados en contra de esta nueva Ley. Se definen como una «organización sindical independiente, pluralista, autónoma y democrática». El pasado 15 de junio publicaban un artículo en su web titulado ‘El 63% de los alumnos eligen la asignatura de Religión en España’. Recogen datos de la Conferencia Episcopal, que, según ellos, «debería tener en cuenta el Ministerio de Educación«.
Suscriben por completo los mismos supuestos planteados por la Conferencia Episcopal. Así, al igual que hace la CEE, la FEUSO denuncia que esta ley se tramite «con los derechos sociales recortados por el estado de alarma», como si de una conspiración se tratase.
FEUSO describe la ley Celaá como «una ley partidista y sectaria, que pone cada vez más lejos alcanzar el Pacto de Estado por la Educación que la sociedad española sigue demandando». «En contra de los radicales y excluyentes posicionamientos de algunas organizaciones, no existe ningún problema con esta asignatura en el sistema educativo», critican. Como este, publicitan otros artículos como el que dice: «Se vuelve a imponer la ideología contra el profesorado de Religión».
Desde su cuenta de Twitter, la cual sigue el líder del PP, Pablo Casado, también reivindican su postura.
OTROS OBJETIVOS
Aparte de esta controvertida perspectiva sobre Religión, la LOMLOE da prioridad a los centros que no segreguen por sexo. Es decir, las concertadas podrán seguir ofreciendo este modelo, pero quedarán relegadas en importancia y atención. Además, los centros de este tipo, deberán asegurar con rigor la inclusión en su currículo de educación para la eliminación de la violencia de género, el respeto por las identidades, culturas, sexualidades y su diversidad, recoge Público.
Por otro lado, las notas dejarán de contar en el proceso de admisión de los centros. El objetivo es evitar «la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza». Intentará a su vez integrar en los centros al uso la educación especial de cara a 2030.
Celaá acaba también con las reválidas, que se intercambian por evaluaciones «muestrales y plurianuales».
