El grupo parlamentario de Vox ha exigido al Gobierno, y singularmente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantener la política de dispersión de los presos de la banda terrorista ETA y no concederles ningún tipo de privilegio penitenciario como «moneda de cambio» de sus pactos políticos con el PNV y Bildu.
Así lo recoge en la proposición no de ley que ha registrado este miércoles en el Congreso, en plena campaña de las elecciones vascas, donde los de Santiago Abascal justifican esta petición en que la dispersión de los presos etarras no sólo es, a su juicio, «un instrumento eficaz» en la lucha contra el terrorismo sino también «absolutamente legítimo y legal».
LA AVALA EL TEDH
De hecho, destaca que no sólo lo han avalado los tribunales nacionales sino también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que en mayo de 2019 inadmitió una demanda de un recluso contra España por cumplir condena en una prisión lejos de su familia.
En la exposición de motivos de la iniciativa, Vox señala que pese a que la organización terrorista publicó un comunicado en mayo de 2018 anunciando su definitiva disolución, la experiencia en la lucha antiterrorista dice «ETA no es solo un grupo de pistoleros dedicados a dar tiros o colocar bombas» sino «un conglomerado complejo de estructuras políticas, económicas, sociales y civiles que han alentado y apoyado los efectos de la actividad terrorista de la organización».
Es por ello que los etarras que actualmente están en prisión siguen formando parte de una estructura organizada, como es el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK), que, según Vox, aboga por «mantener la lucha armada» para la consecución de sus objetivos ideológicos y políticos y que «sigue directrices» de la banda terrorista para reagrupar a sus reclusos en cárceles del País Vasco y Navarra o en comunidades próximas.
Y MENOS SIN COLABORAR CON LA JUSTICIA
De ahí que el partido que capitanea Abascal reclama al Gobierno que no les premie con beneficios penitenciarios ni les convierta en «moneda de cambio» en pactos con el PNV o Bildu sobre todo si no les exige «de una forma taxativa y efectiva» colaborar con las autoridades judiciales y policiales para ayudar a resolver «los más de 370 asesinatos» cometidos por la organización terrorista ETA pendientes de esclarecerse.
Este mismo martes, Vox solicitó la comparecencia en el Congreso del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, para que dé cuenta de la política de acercamiento de presos que lleva adelante el Ministerio del Interior y detalle las visitas familiares a estos reclusos que ha autorizado durante el estado de alarma derivado del coronavirus.
