El grupo parlamentario de Ciudadanos en las Corts Valencianes ha denunciado, este jueves, que la limitación del trasvase Tajo-Segura, cuando los pantanos estén por debajo del 35% de capacidad, tal como ha propuesto el Gobierno central en un informe, supondrá un coste de 27 millones de euros al año para 35 municipios alicantinos.
Según el diputado de Ciudadanos, Eduardo del Pozo, «este incremento lo acabarán pagando todos los usuarios de estas localidades en el recibo del agua, además del coste adicional que supondrá para el regadío».
En un comunicado, Del Pozo ha señalado que «es la segunda vez que el Ministerio de Transición Ecológica intenta quitarle el agua a las provincias de Alicante, Almería y Murcia, cuyos agricultores abastecen hasta 145.000 hectáreas de regadío con este trasvase».
El portavoz de Medio Ambiente ha sostenido que «el agua no pertenece a ningún territorio, sino que está al servicio del interés general».
Por ello, ha abogado por «escuchar a los expertos y a las partes afectadas para buscar un consenso con este asunto y satisfacer a todos».
«Cabe recordar que la industria agroalimentaria vinculada al trasvase genera un total de 104.000 puestos de trabajo y aporta un total de 2.364 millones de euros al PIB nacional», ha agregado el diputado, que ha instado al Consell a «defender los intereses de los agricultores valencianos afectados por la decisión».
