El Ayuntamiento de Madrid está estudiando la sentencia que anula Madrid Central, así como la consecuencias que de ella se puedan derivar. Por otro lado, respeta las decisiones judiciales y está comprometido en dar seguridad jurídica a los madrileños y en la mejora de la calidad del aire por medio de la aplicación de su estrategia de sostenibilidad ambiental, Madrid 360.
Así lo han trasladado fuentes municipales después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya anulado este área de bajas emisiones tras estimar parcialmente los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid -cuando era oposición– y la mercantil ‘DVuelta Asistencia Legal’ sin entrar al fondo del asunto y sin valorar la delimitación de esta zona de bajas emisiones y su regulación.
El alto tribunal madrileño aprecia en tres sentencias diferentes la omisión de trámites de elaboración y aprobación del marco legal que sustenta el desarrollo de Madrid Central y las resoluciones, en caso de adquirir firmeza, supondría el decaimiento de las multas impuestas durante su periodo de vigencia. Ante el fallo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Los magistrados anulan por «defectos formales» y a petición de la Comunidad de Madrid, la ordenanza de movilidad sostenible aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria el 5 de octubre 2018, por la «omisión» del trámite de información pública, un requisito que se considera «esencial, preceptivo e indispensable» al tratarse de una de las «principales manifestaciones del derecho que los españoles tienen a participar en los asuntos públicos», y que está reconocido en el artículo 23 de la Carta Magna. Así, quedan anulados los artículos de 21 a 25 de la citada ordenanza.
Durante la campaña para las elecciones municipales, Almeida siempre defendió la reversión de la medida, pues en su opinión no reducía el uso del vehículo privado. Sin embargo, en el acuerdo de gobierno con Ciudadanos, se acordó «reconvertir» la zona de bajas emisiones «bajo el criterio de nuevas áreas de prioridad residencial aportando soluciones alternativas y complementarias de movilidad a todos los sectores de la población.
