Dos acusaciones populares han presentado un escrito ante el juez del ‘caso Púnica’, Manuel García Castellón, en el que solicitan ampliar un año más la investigación de esta macrocausa de corrupción a la vista de la reciente reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que contempla la ampliación del plazo inicial de instrucción de las causas penales hasta los 12 meses.
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, las acusaciones que ejercen el PSOE y Adade recuerdan que el pasado 28 de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva LECrim, que entró en vigor un día después, de modo que entienden que el nuevo plazo de instrucción de Púnica se debería ampliar hasta el 29 de julio de 2021, «sin perjuicio de las prórrogas que en su caso puedan solicitarse».
Ambas acusaciones hacen esta petición a un mes de que termine oficialmente la investigación del ‘caso Púnica’, fecha que fue fijada por el juez en el próximo 27 de agosto antes de que se aprobara la reforma de la LECrim y tras seis años de instrucción.
El ‘caso Púnica’ se abrió en 2014 y la investigación ha llevado a la imputación de decenas de personas y permitido la apertura de más de una docena de piezas, entre ellas la que indaga en la posible existencia de una ‘caja B’ en el PP madrileño que dirigió Esperanza Aguirre. La expresidenta continúa imputada en esta pieza.
En su escrito, las acusaciones critican que el año pasado se dictó auto reestructurando la causa en nuevas piezas separadas, «pero hasta la fecha no constan formadas las mismas materialmente». De hecho, remarcan que el propio Juzgado Central de Instrucción número 6 sigue sin determinar la pieza concreta a la hora de dictar citaciones o resoluciones.
UNA «MARAÑA» SIN ACCESO A TODA LA DOCUMENTACIÓN
A su juicio, la macrocausa se ha convertido en «una maraña difícil de gestionar» y que las partes siguen sin tener acceso a abundante documentación de «gran relevancia», mucha de ella concerniente a la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid.
«Malamente puede valorarse la complejidad y el tiempo necesario para finalizar una instrucción con todas las garantías y respetuosa con los derechos de todas las partes si, de momento, ni se han formado las piezas ni se ha puesto la prueba a disposición de las partes», explican, para apuntar después que esta situación les impide «ejercer su labor en igualdad de condiciones» con otras partes personadas.
Para el PSOE y Adade, es «absolutamente necesario dado el estado de la causa en este momento que por el juzgado se declare el nuevo plazo de 12 meses para la instrucción, aunque sólo sea a efectos aclaratoriosgenerales para todas las partes».
Nadie discutió en su momento que la reforma de 2015 en la ley procesal aprobada con mayoría absoluta en el Parlamento durante el Gobierno del PP no fuera de inmediata aplicación a una causa que le afectaba directamente como partido político, por lo que no sería comprensible que esta reforma de 2020 no fuera igualmente aplicable inmediatamente, sólo por que no sea del agrado del Partido Popular», afirman.
En este sentido, recuerdan que en los recientes debates tanto en Congreso como en Senado «todos los partidos políticos se mostraron de acuerdo en que fuera de aplicación inmediata, como deja meridianamente claro la Disposición Transitoria, a excepción del Partido Popular, que se mostraba de acuerdo con el contenido de la reforma, pero se oponía a lo dispuesto en la Disposición sobre su aplicación inmediata en las causas en fase de instrucción» como es el ‘caso Púnica’.
