El Tribunal de Cuentas ve deficiencias generalizadas en la contabilidad que le ofrecen los partidos políticos para proceder a su fiscalización hasta el punto de que, en su último informe sobre las cuentas de las formaciones políticas que reciben subvenciones públicas, cuestiona la representatividad de las mismas.
Así consta en el Informe de Fiscalización de los Estados Contables de los partidos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas a ellos correspondiente al ejercicio de 2016, que acaba de aprobar el órgano que preside María José de la Fuente y de la Calle.
En concreto, el informe señala que la práctica totalidad de los partidos (todos salvo dos) presentaron salvedades que inciden, en mayor o menor medida, en la representatividad de sus cuentas, hasta el punto de que en diez casos, el fiscalizador ha considerado que las mismas no reflejan adecuadamente su situación financiera y patrimonial.
También se han observado limitaciones al alcance de la fiscalización en ocho formaciones que no habían integrado la contabilidad electoral de parte de su organización o de algunos partidos coaligados o federados.
DOS AÑOS Y MEDIO PARA MANDAR LAS CUENTAS
De las 30 formaciones analizadas, que por primera vez presentaron sus cuentas de forma telemática a través de una plataforma específica, 23 lo hicieron en plazo y siete fuera del mismo, destacando el caso de Podemos-Ahora Alto Aragón en Común que lo hizo con dos años y medio de retraso, e Izquierda Unida, que acumuló seis meses de demora.
Al cierre del ejercicio de 2016 cuatro formaciones presentaban un patrimonio neto negativo.
En 2016, los partidos recibieron subvenciones para su funcionamiento, otorgadas tanto a las propias formaciones como a sus grupos institucionales, por un total de 236,69 millones de euros; y subvenciones para sufragar los gastos de seguridad, por un total de 2,79 millones de euros. También percibieron 67,59 millones en concepto de subvenciones electorales.
GRUPOS INSTITUCIONALES
Una parte muy significativa de la financiación pública procede de las aportaciones que hacen a los partidos sus grupos institucionales.
En concreto los partidos recibieron 68,24 millones de las subvenciones percibidas por sus grupos las Cortes Generales o las asambleas autonómicas, lo que supone un promedio del 72% respecto de las subvenciones totales concedidas por las instituciones a dichos grupos. Además, los grupos políticos en las entidades locales aportaron a sus respectivas formaciones un total de 35,62 millones de euros.
Una de las recomendaciones del tribunal tiene como objetivo que se integre en las cuentas anuales consolidadas la actividad desarrollada por los grupos institucionales, para poder tener una imagen fiel de cada formación considerada «como una única realidad económico-financiera».
Además, el fiscalizador pide reformas legales para especificar mejor las condiciones y requisitos para que los grupos institucionales puedan hacer aportaciones a sus partidos y señala que éstas deberían responder en todo caso a la finalidad de la dotación económica que se les asigna, es decir, el cumplimiento de las funciones que los grupos institucionales tiene atribuidas.
IRREGULARIDADES SANCIONABLES
Los recursos privados contabilizados por las formaciones políticas representaron en 2016 un total de 58,49 millones de euros, siendo la cuantía más importante la correspondiente a las cuotas y aportaciones de afiliados, con un saldo de 21,65 millones. Las aportaciones de cargos públicos supusieron 20,10 millones y las donaciones privadas 5,04 millones.
El tribunal ha detectado incumplimientos que podrían constituir una irregularidad sancionable de las recogidas en el artículo 17 de la Ley de Financiación de Partidos, en concreto, por haber recibido donaciones de personas jurídicas en cuentas bancarias de su titularidad, por no haber identificado los cargos públicos o los donantes que han realizado aportaciones, y por haber recibido ingresos que pueden constituir actividades de carácter mercantil.
También se relacionan en el Informe otros incumplimientos respecto a la legalidad de los recursos públicos y privados, que no estaban tipificados como infracciones del citado artículo, tales como la falta de apertura de cuentas bancarias específicas para el ingreso diferenciado de las cuotas, de las aportaciones y de las donaciones; el ingreso de cuotas, aportaciones y donaciones en cuentas bancarias no específicas para tal fin; así como el ingreso directo de las asignaciones concedidas a los grupos políticos en las cuentas bancarias de funcionamiento ordinario de las formaciones políticas.
En lo referente a las obligaciones de transparencia, cinco formaciones políticas no publicaron en su página web las cuentas anuales del ejercicio 2016, o bien lo habían hecho de forma incompleta. Asimismo, tres formaciones no publicaron el Informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015.
Al cierre del ejercicio 2016, 24 de las 30 formaciones fiscalizadas no habían aprobado y publicado en su página web unas instrucciones internas en materia de contratación.
Por otra parte, el tribunal va a comunicar al Ministerio del Interior las formaciones que acumulan remanentes pendientes de aplicación de las subvenciones que reciben para sufragar gastos de seguridad para que procedan a su reintegro y llama a replantearse el mantenimiento de las ayudas para ese fin.
LAS FUNDACIONES
El órgano que preside María José de la Fuente ha analizado también las cuentas de las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos fiscalizados.
Sólo 15 de las 41 fundaciones y ninguna de las 11 entidades se habían inscrito en la sección específica del Registro de Partidos Políticos incumpliendo la ley.
Además, nueve fundaciones y una asociación no presentaron las cuentas anuales del ejercicio 2016, por lo que no se ha podido realizar la fiscalización de sus fuentes de financiación, mientras que tres de las fundaciones fiscalizadas y una sociedad disponían de patrimonio neto negativo al cierre del ejercicio 2016.
En cuanto a las aportaciones y donaciones privadas, la fiscalización recoge que éstas ascendieron a 3,7 millones de euros.
En este punto, el informe observa una serie de incumplimientos como donaciones ingresadas en cuentas bancarias ordinarias y no específicas para ello, donaciones procedentes de personas jurídicas sin aportar el acuerdo del órgano social competente o que no fueron notificadas al fiscalizador en el plazo de tres meses.
También se han detectado donaciones de personas jurídicas y entregas de efectivo resultantes de convenios de colaboración no notificadas al cumplirse tres meses de su aceptación.
El total de subvenciones percibidas por las fundaciones vinculadas o dependientes ascendió a 2,9 millones de euros, habiendo sido fiscalizados los gastos financiados con cargo a ellas. En los casos en los que no se han admitido gastos como subvencionables, se pondrá en conocimiento de los Ministerios u Organismos concedentes de las subvenciones.
En lo referente a las obligaciones de transparencia, un total de 23 fundaciones, 6 asociaciones y 2 sociedades no habían publicado en su página web las cuentas anuales del ejercicio 2016, ni las conclusiones del informe de auditoría, en contra de lo dispuesto en la ley.
