El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha insistido este miércoles en una vuelta a las aulas «presencial, segura y responsable, con la colaboración de todo el mundo», al tiempo que ha anunciado que se realizarán test de Covid-19 a 143.000 profesionales de educación, tanto de centros públicos como concertados, y que han solicitado a la Consejería de Salud y Familias tres millones de mascarillas y más de 300.000 litros de hidrogel al mes para los centros educativos.
En rueda de prensa en Sevilla junto a la viceconsejera de Educación, María del Carmen Castillo, Imbroda ha vuelto a mandar a la comunidad educativa un mensaje de tranquilidad. «De la misma manera que tuvimos la determinación de no volver a las aulas el tercer trimestre, también tenemos la determinación de que hay vuelta al cole en septiembre», ha insistido, para asegurar que «es inviable una vuelta al aula si no hay colaboración de las administraciones, profesorado, alumnos y familias».
Además, ha destacado que a finales de junio se presentó el plan para el inicio de curso, que «trata de aportar todos los recursos para favorecer un curso próximo que se antoja un tanto inquietante pero nos da tranquilidad para poder desarrollar con seguridad todos los procesos de enseñanza».
«Esta crisis nos ha dado dos grandes lecciones, que la presencialidad es fundamental en procesos de enseñanza, y que al docente no lo sustituye una pantalla de ordenador», ha manifestado Imbroda, quien ha señalado que en el tercer trimestre 90.000 alumnos se quedaron desconectados de los procesos de aprendizaje vía telemática, «de los cuales 30.000 no tenían dispositivos digitales», ante lo que «hemos hecho un trabajo muy exhaustivo, y todos están identificados con nombre y apellido» para que «tengan un programa individualizado de recuperación y refuerzo y cuando sigamos en el curso no dejemos a ningún niño atrás».
En este sentido, Imbroda ha anunciado que se ya ha puesto en marcha la compra de la primera parte de los 150.000 portátiles que se pondrán a disposición de los centros y que llegarán al profesorado y a lo 30.000 alumnos identificados como afectados por la brecha digital. Además, y a través de un acuerdo con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, se pondrán a disposición de los centros otros 180.000 dispositivos electrónicos en los primeros meses de curso.
Asimismo, ha recordado que el 6 de julio se enviaron instrucciones a los centros educativos para «hacer visible» todas las medidas de prevención y protección que la Consejería de Salud había elaborado y ha puesto en valor la existencia de «un diálogo permanente» por el que muchas de las aportaciones de los más de 127 colectivos con los que se han mantenido reuniones –el consejero se ha reunido con 71 de ellos– se han visto reflejadas en las instrucciones.
Además, ha afirmado que «es lógico» que la aplicación de estas instrucciones relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso 20/21 y del documento de medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud COVID-19 en centros y servicios educativos docentes de Salud «generen preocupación» porque «afrontamos un curso extraordinario», para añadir que durante todo el pasado mes los directores han mantenido reuniones con la inspección educativa que «ha intentado clarificar todas las dudas».
«A partir de ahí hemos redactado un documento en base a las más de 300 dudas» formuladas por las direcciones de los centros y los docentes en general, que «hemos agrupado en 91 preguntas y las hemos plasmado en un decálogo» en el que se resumen todas la inquietudes de los centros para una vuelta segura, ha explicado el titular de Educación.
«Aún así, si persisten las dudas, estaremos para clarificar desde la inspección, la delegaciones y la Consejería todas las preocupaciones que pueda haber en la comunidad educativa para aclararlas», porque, ha incidido, «queremos volver a nuestros colegios de forma presencial lo más tranquilos posible y de forma responsable, que no es exclusiva de docentes y familias, sino compartida y cada uno tenemos que asumir nuestro papel».
El documento presentado por la Consejería está dividido en diez puntos, cada uno con preguntas y respuestas: Responsabilidad compartida, Participación, diálogo y compromiso, Coordinación, Información y formación, Recursos personales, Recursos materiales, Flexibilización, Organización, Servicios Complementarios y Documentación.
En total, se han formulado hasta la fecha 317 dudas, muchas de ellas recurrentes y reiteradas, que se han agrupado en las 91 preguntas y respuestas. Todas han sido vinculadas con los distintos apartados del decálogo para una mejor identificación por parte de los centros educativos. En cuanto a las preguntas que más se han repetido en ese decálogo, son las referidas a la responsabilidad, así como las relativas al personal o la organización de los centros.
Entre las respuestas planteadas a la comunidad educativa, en el apartado de responsabilidad compartida Educación indica que «la responsabilidad de un contagio en ningún caso se puede achacar a los centros o a sus equipos directivos» y que «ante la sospecha de un contagio o la existencia de alguno, la responsabilidad de la dirección de los centros se limita a la comunicación del mismo a la autoridad sanitaria y a actuar conforme a las pautas que ésta determine.
Igualmente, a la pregunta de si se abrirán zonas de recreo públicas colindantes de titularidad municipal, el decálogo recoge que «corresponde aquí a las direcciones de los centros coordinarse con los ayuntamientos y entidades locales para continuar utilizando dichos espacios» y sobre el uso de mascarillas especifica que «el alumnado deberá asistir al centro con su correspondiente mascarilla, si es preciso su uso, y en el caso de no hacerlo, se le proporcionaría una para poder seguir con normalidad sus clases».
«LAS DIRECCIONES NO ASUMEN RESPONSABILIDADES AÑADIDAS»
A la pregunta de las direcciones de los centros sobre responsabilidad civil/penal ante una denuncia de una familia, docente o PAS, la administración señala que «las direcciones de los centros, al contrario de lo que se ha venido manifestando interesadamente por algunos sectores de la comunidad educativa, no asumen responsabilidades añadidas, sino que tiene que seguir adoptando las medidas que en el uso de sus competencias le corresponde, al igual que cualquier otro curso escolar».
Por último, y entre otras cuestiones, los directores han planteado dudas sobre qué hacer en caso de alguna familia decida libremente no realizar enseñanza presencial en Primaria y Secundaria Obligatoria porque algún miembro de su unidad familiar sea vulnerable, ante lo que este decálogo indica que «en el caso que se plantea de solicitud de las familias para que su hijo no acuda al centro se propondrían las medidas más adecuadas para limitar el número de contactos del alumno concreto, incluido, en su caso, el uso de mascarilla a lo largo de la jornada lectiva».
Y ha añadido que en «aquellas enseñanzas en régimen ordinario que pudieran impartirse en el centro con modalidad semipresencial o a distancia, podrían contemplar la posibilidad de un cambio de modalidad de enseñanza en los términos previstos en la normativa de aplicación».
