El Ministerio de Igualdad «seguirá trabajando» junto a las comunidades autónomas para, en este contexto de crisis sanitaria por el COVID-19, seguir ofreciendo una respuesta habitacional y atención sociosanitaria a las mujeres que viven en contextos de trata, explotación sexual o prostitución, algo que, según ha insistido, pasa por el cierre de los prostíbulos y locales de alterne.
Así lo ha afirmado la asesora del Ministerio de Igualdad Alba González en un encuentro con medios de comunicación en Santander con motivo de su participación en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre la agenda de políticas públicas feministas después del COVID-19, en el que ha estado acompañada por la directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno.
Preguntada por la misiva que hace unos días envió la ministra de Igualdad, Irene Montero, a las comunidades para el cierre de los prostíbulos y lugares de alterne con motivo del COVID-19, González ha explicado que en la carta se advertía a las comunidades de la «situación de riesgo y vulnerabilidad» que padecen, en estos momentos, las mujeres que trabajan en estos contextos de prostitución, trata y explotación sexual tras decaer algunas de las medidas del plan de contingencia puesto en marcha por el Ministerio durante el estado de alarma por el que, junto con las CC.AA, se les ofrecía una «protección ampliada».
En la carta, la ministra se remitía a esas medidas de protección de garantía habitacional y atención sociosanitaria que estuvieron vigentes durante el estado de alarma y que, según ha señalado González, «son competencia de las comunidades autónomas».
Según ha dicho, estas medidas tienen que ser «un factor que vaya ligado al cierre de esos establecimientos en tanto en cuanto se da una situación de riesgo y vulnerabilidad».
Esta asesora del Ministerio ha indicado que en la carta se invitaba a las CCAA a seguir en la senda del trabajo que se emprendió durante el estado de alarma y que, a su juicio, fue «eficaz» para atender a estas mujeres. «Y en esa senda se seguirá trabajando», ha dicho.
En relación a la respuesta dada hasta el momento por las comunidades autónomas, González ha afirmado que no le corresponde a ella valorarlo, aunque sí ha indicado que «todas» las CC.AA manifestaron su «preocupación» por la «vulneración de derechos humanos» y «situación de riesgo» que padecen estas mujeres.
GIMENO INCREMENTO DE LA DESIGUALDAD
Por su parte, la directora del Instituto de la Mujer ha insistido en la necesidad de «incidir más que nunca» en la políticas de igualdad ya que, a su juicio, en el actual contexto de crisis, hay «riesgo» de que se produzcan «enormes retrocesos».
Ha advertido que la pandemia ha provocado un incremento de la desigualdad entre mujeres y hombres y «la va a agrandar» aún más.
En este sentido, ha alertado de que la crisis del COVID-19 va a suponer la pérdida de «miles» de empleos y «se corre el riesgo de que sean puestos de trabajo femeninos». También considera que el teletrabajo puede suponer la pérdida de derechos laborales para las mujeres.
Por otra parte, Gimeno cree que la pandemia no solo ha incrementado la desigualdad sino que ha «visibilizado» algunas «desigualdades estructurales» que ya existían.
Por ejemplo, una de las cosas que ha hecho la pandemia es visibilizar que la «división sexual del trabajo», que a su juicio es «una de las bases de la sociedad patriarcal» en la que se vive, «sigue plenamente vigente».
Así ha señalado en que se ha visto que «todo» el trabajo de cuidados recae sobre la mujer.
Además, en su opinión, también la pandemia ha puesto de relevancia la necesidad de implementar en la sociedad un «sistema de cuidados decente» y no apoyado en la labor no remunerada de las mujeres.
