La dirección del PP que lidera Pablo Casado ha dado instrucciones a todos sus cargos provinciales y locales para que se impliquen en una campaña de recogida de firmas contra la ‘okupación’ ilegal con el objetivo de que un amplio apoyo social fuerce al Gobierno de Pedro Sánchez a realizar cambios en la legislación vigente. Paralelamente, el partido ha iniciado una campaña on line en ‘Change.org’ que ya ha recabado casi 10.000 firmas y que se extenderá a lo largo del mes de octubre, según fuentes ‘populares’.
El PP va a intensificar su ofensiva para frenar «esta lacra» a pesar de que esta misma semana el Pleno del Congreso ya rechazó una iniciativa pactada por Ciudadanos, Grupo Popular y Vox que planteaba varias modificaciones legislativas para endurecer las penas contra quienes ocupan inmuebles ilegalmente, agilizar su recuperación por parte del propietario y garantizar la protección de las familias en situación de vulnerabilidad habitacional.
En esta campaña del PP de recogida de firmas por toda España –a la que la formación también recurrió para derogar la prisión permanente revisable o contra el Estatut de Cataluña– se pide el apoyo ciudadano para un desalojo exprés por parte de las Fuerzas de Seguridad en un máximo de 48 horas.
Además, plantea recuperar el delito de usurpación de un bien inmueble con penas de uno a tres años de prisión y prohibir que los ayuntamientos puedan empadronar a los ‘okupas’ como, según los ‘populares’, está sucediendo en este momento. También plantea que las personas jurídicas puedan tomar medidas legales y actuar contra la ‘okupación’.
Esta campaña se sustenta en la proposición de ley que el Grupo Popular ha registrado en el Congreso para luchar contra la ‘okupación’ ilegal y que ha defendido con ahínco públicamente el líder del PP, Pablo Casado, quien hace un par de semanas se desplazó a Badalona para visitar un bloque de pisos afectadas por esa ocupación y denunciar este problema.
Para llegar a cada rincón de España, la Vicesecretaría de Organización que dirige Ana Beltrán está contando con la ayuda de los presidentes provinciales y secretarios autonómicos del partido. Además, está exponiendo esta iniciativa en Juntas Locales del PP para que la implantación territorial del PP permita llegar a más ciudadanos.
El objetivo es lograr un amplio respaldo social para confirmar la preocupación de los ciudadanos con este problema y obligar a Sánchez a tomar medidas, sostienen fuentes ‘populares’, que también se ha movilizado a través de redes sociales e Internet llevando esta ofensiva a la plataforma ‘Change.org’. Por lo pronto, ya cuentan con casi 10.000 firmas.
«Ayúdanos a parar las okupaciones ilegales, una lacra que cada vez afecta a más familias que ven cómo los ‘okupas’ actúan de forma impune sin que haya una respuesta firme que garantice sus derechos básicos», ha demandado Beltrán a sus seguidores en su cuenta de Twitter.
Esta campaña de recogida de firmas, que se inició a finales de septiembre, se prolongará en las próximas semanas de octubre, indican fuentes del PP. A la espera de tener un dato definitivo sobre el número de apoyos recabados, en ‘Génova’ aseguran que el «feed-back es muy positivo» y están logrando «mucho apoyo social».
Además, esta ofensiva del PP contra la ocupación ilegal se completa con más medidas, como la presentación de una moción en todos los ayuntamientos, buzoneo en algunos territorios como Canarias y actos con parlamentarios en diferentes circunscripciones, todo ello teniendo en cuenta las limitaciones que impone el Covid-19, según han señalado las fuentes consultadas.
En su moción, el PP quiere dejar claro su compromiso en defensa del derecho a la propiedad privada. Además, en el texto se insta al Gobierno a aprobar «de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas.
El PP asegura que entre los meses de enero y junio se han registrado 7.450 denuncias por ocupación, un 5% más que en el mismo periodo del año anterior, y añade que «los cálculos estiman que hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España, a las que habría que sumar aquellas cuya ocupación no se ha denunciado». Según el partido, es necesario «reforzar el ordenamiento» para que los ‘okupas’ «no puedan ampararse en ningún vacío legal».
