La Fiscalía Anticorrupción ha presentado el escrito de acusación de la última pieza –la «principal»– de la macrocausa ‘Gürtel’, la relativa a los presuntos delitos fiscales cometidos por los líderes de la trama corrupta para eludir los pagos a Hacienda y ocultar los recursos económicos que obtuvieron de ellos, y solicita para Francisco Correa y Pablo Crespo 77 años de prisión.
Según el escrito de la fiscal Concepción Nicolás presentado el pasado 25 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el ‘cabecilla’ de la ‘Gürtel’, Francisco Correa, ocultó la totalidad de su patrimonio y su «ilegal» procedencia y habría logrado al menos entre los años 2000 y 2007 el ahorro fiscal ilícito de 24.835.533,40 euros.
La fiscal Anticorrupción afirma que desde al menos el año 1998 hasta febrero de 2009 –cuando estalló el caso ‘Gürtel’–, Correa consiguió todo ello a través del uso del dinero en efectivo que integró en la ‘caja B’ de sus empresas y mediante un entramado societario y financiero en el extranjero y en España.
FACTURAS FALSAS, CAJA B Y COMPLEJO ENTRAMADO SOCIETARIO
Al igual que en otros escritos de acusación relativos a otras piezas del caso ‘Gürtel’ ya juzgadas, la representante del Ministerio Público analiza pormenorizadamente la estructura y composición de un complejo entramado societario de Correa y explica que se sirvió de las empresas de organización de eventos y viajes domiciliadas en España «tanto para obtener contratos públicos sobornando a distintos cargos públicos como para ocultar dichos pagos», así como sus propios gastos personales.
Para ello, se elaboraron facturas falsas con el fin de ocultar los servicios realmente prestados o su destinatario final, o para simular el pago de servicios inexistentes que «no solo facilitaban la deducción indebida de los correspondientes gastos, sino también la generación de fondos opacos con los que abonar parte de las dádivas entregadas a cargos públicos».
El Ministerio Público destaca que para dicha actividad, Correa contó, desde un primer momento, con la «indispensable colaboración» del considerado contable de la ‘Gürtel’, José Luis Izquierdo, y, desde al menos el año 2002, con el que fuera su mano derecha, Pablo Crespo, así como con la de otros acusados.
Por otro lado, Correa desarrolló otra operativa para invertir su patrimonio y disfrutar del mismo ocultando su verdadero origen y su titularidad frente a terceros, incluido Hacienda. Así, constituyó entramados financieros y societarios en el extranjero y en España a través de los cuales ocultó tanto lo percibido por su intermediación en adjudicaciones irregulares como distintos ingresos por la prestación de servicios.
El escrito también relata las «diversas estrategias» que llevó a cabo el ‘número dos’ de la Gürtel, Pablo Crespo, al menos desde 1999, para ocultar su patrimonio, en parte procedente de su «ilegal» intermediación de adjudicaciones públicas junto con Correa.
«En concreto, constituyó una estructura societaria y financiera en España y en el extranjero que fue variando a lo largo de los años; ocultó sus ingresos bien cobrándolos en efectivo bien reflejándolos como ingresos de su sociedad Cresva S.L. y encubrió sus gastos como servicios recibidos por algunas de las mercantiles que gestionaba», cuenta el escrito de acusación.
PETICIONES DE PENA
Con todo ello, Anticorrupción dirige su acusación contra 26 personas y pide penas que oscilan entre tres años de prisión y los 77 años de cárcel que interesa para Correa y su ‘número dos’, Pablo Crespo, por un total de 23 delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. También solicita una elevada pena, la de 74 años de cárcel, para el que fuera el contable de la ‘Gürtel’.
Entre los acusados se encuentra la que fuera administradora de las empresas de Correa, Isabel Jordán, para la que piden 21 años de prisión; sus asesores financieros, Ramón Blanco Balín, que se enfrenta a 31 años de prisión, y Luis de Miguel, que afronta la petición de 27 años de cárcel; o los empresarios Jacobo Gordon o José Luis Ulibarri, para quienes solicitan 23 y 14 años de prisión, respectivamente.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata dictó a principios del pasado mes de marzo un auto de pase de diligencias previas a procedimiento abreviado de la «pieza principal» del caso ‘Gürtel’, dando por concluida la instrucción de la macrocausa que empezó a investigarse en 2008.
En esa resolución acordó además el sobreseimiento de las actuaciones para 28 personas que habían sido investigadas, entre ellos el responsable de Orange Market –empresa de la ‘Gürtel’ en Valencia–, Álvaro Pérez ‘el Bigotes’.
Sobre Correa, el juez estima que habría percibido más de 30 millones de euros por su «intermediación en la concesión de adjudicaciones irregulares que, junto con otros rendimientos obtenidos de su actividad presuntamente ilícita de cobro de comisiones y de la actividad de sus sociedades de eventos y viajes, habría ocultado a través de una compleja estructura societaria y financiera».
Estos fondos «nunca fueron declarados» por Correa, por lo que el magistrado calcula el fraude a Hacienda en 24,8 millones en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de Impuesto sobre el Patrimonio (IP) de los años 2000 a 2007.
