La delgada línea que existen a día de hoy entre jueces y políticos, jueces que imputan a políticos y político que critican a letrados por ello cada día es más fina. El último caso, el del juez García-Castellón, que tuvo la ‘osadía’ de pedir la imputación de Pablo Iglesias, líder de Podemos y Vicepresidente Segundo del Gobierno. Sólo un día después de estos hechos, el juez ha acudido a presentar una denuncia por amenazas de muerte o de agresión lanzadas hacia él y su familia en redes sociales por lo que se conoce como «la guerrilla» de Podemos. A pesar de la gravedad de los hechos, lo peor de todo es que no es la primera vez que los jueces reconocen que se sienten amenazados cuando actúan siguiendo indicios de ilegalidad con los políticos.
La Sociedad está inmersa en una crispación creciente, exacerbada en las redes sociales por la falsa sensación de anonimato que dan -los ‘detectives’ de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tienen ‘armas’ para seguir el rastro-. Los partidos políticos, y Podemos es uno de ellos pero no el único, lo saben y conocen los mecanismos sociales para azuzar a las masas. Canales internos de difusión, grupos de Facebook, bots en todas las redes sociales… e incluso presión mediática. Todo ello, unido a las cadenas de redes no controladas hace que la bola de nieve crezca, llegando a todo tipo de personas (moderadas y radicales). Un mensaje, un contenido, una noticia, y todo arde.
1JUECES AMENAZADOS: MANUEL GARCÍA-CASTELLÓN
El juez Manuel García-Castellón es un viejo conocido de Podemos, que le ha convertido en uno de estos denominados jueces estrella o jueces mediáticos. También en uno de los jueces amenazados. Todo ello unido por su reciente actividad judicial respecto a Pablo Iglesias, líder de la formación morada. Ayer, el magistrado solicitó al Tribunal Supremo que se abra una investigación sobre el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. En la exposición de motivos, García-Castellón achaca al dirigente de Unidas Podemos los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y de daños informáticos. Tres delitos.
Por supuesto, la reacción de Podemos ha sido cargar contra el juez y su posible vinculación a la órbita conservadora. Sea o no cierto, su trayectoria profesional en la judicatura está muy marcada por nombramientos de gobiernos del PP. Sin embargo, además del caso Tándem, la pieza separada del Caso Villarejo que vincula a Podemos, también es el juez encargado del caso Lezo, con algunas polémicas incluidas, como la de archivar la investigación sobre Gallardón.
