El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha hablado en una entrevista para un periódico editado por los presos del centro penitenciario de Burgos sobre el futuro procesal de Carles Puigdemont y otros temas de actualidad como la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la que él particularmente ve un doble riesgo: «la politización de la justicia y que la justicia no se conduzca por los intereses corporativos de una población de 5.500 jueces».
La reflexión de Llarena aparece en una entrevista, en el último número de ‘La Voz del Patio’, un periódico que realizan los presos de Burgos, al ser preguntado por los planes tanto del PSOE como del PP para la renovación del órgano de los jueces. Sobre esta cuestión, reconoce que él no tiene un sistema ideal, aunque advierte que los riesgos que ve son dos.
«Que lo elijan los jueces es entregar el control a un colectivo, pero la elección por políticos tiene el problema de que toda esa sinergia, en vez de estar condicionada por lo corporativo, se condicione por lo político», sostiene el magistrado, que recuerda el CGPJ es clave para decir sobre el ingreso y supervisión de la carrera judicial, las promociones o el reparto de trabajo.
POSIBLE JUICIO DE CARLES PUIGDEMONT
Llarena sostiene que el ‘procés’ es un asunto en el que cuando empezó a estudiar la petición de extradición de Carles Puigdemont ya sabía que sería «muy difícil que no se produjera una deflagración» y le «quemara hasta las pestañas».
Del expresidente catalán fugado en Bélgica augura que será juzgado en España «salvo» que se den tres casos: «que su puesta en fuga dure más tiempo del que dura el plazo de prescripción del delito; que se apruebe una ley de amnistía; o que se modifique el Código Penal hasta el punto de que los hechos a los que él se enfrenta sean claramente no constitutivos de delitos».
En este sentido, defiende sus órdenes que permiten en la actualidad la detención de Puigdemont en el caso de que vuelva a España e ingrese en prisión. «En ese momento habría que pedir la autorización para procesarlo al Parlamento Europeo. Si algún día el Parlamento Europeo levantara su inmunidad», continúa, «entonces ya podría ser detenido en el extranjero y volveríamos donde estábamos, a ver si los países europeos, una vez que lo tienen detenido, lo quieren entregar o no».
Tras criticar el uso de expresiones como ‘presos políticos’ y de rechazar hablar del trato de favor a los condenados por sedición –«sería tremendamente imprudente»–, el magistrado ha comentado que los jueces «no pretenden solucionar el problema» de fondo en Cataluña. «La justicia a lo que aspira es a que se cumpla la ley y luego los problemas los tienen que solucionar otros», ha enfatizado.
PENAS EXCESIVAMENTE ALTAS
Llarena también aborda en la entrevista en ‘La Voz del Patio’, la duración de las penas en España. «Creo que tenemos unas penas excesivamente altas, así de claro. En alguna ocasión hasta me atrevería a decir que desproporcionadas con relación a lo que es la duración de una vida adulta», ha defendido Llarena, que también subraya que existe en paralelo «un tratamiento penitenciario que compensa muchas veces esa larga duración de las penas».
Llarena se muestra partidario de «penas más cortas de prisión pero de cumplimiento íntegro» y que el sistema de beneficios penitenciarios quedara «restringido» a esas penas más cortas pero para las personas en las que el tratamiento penitenciario «ha tenido un efecto claramente positivo».
El juez del Supremo se queja de que a veces los ciudadanos se indignan ante las excarcelaciones y que, entonces, «los políticos reaccionan aumentando las penas». «Es la pescadilla que se muerde la cola, porque tenemos que volver a desaguar a través del tratamiento penitenciario».
IDEOLOGÍA E INSTRUCCIÓN EN MANOS DEL JUEZ
Llarena recuerda casos que instruyó en su etapa en Burgos y se muestra convencido de que «dentro de unos años» la cúspide de la carrera judicial estará compuesta por el mismo número de hombres que de mujeres. También reconoce que «cada juez tiene ideología» –«y tiene que ser así»– pero que «todos» resuelven conformen a la ley.
En la entrevista se muerta partidario de deja la instrucción en manos del juez, y no del fiscal. «El fiscal tiene dos problemas: uno, que depende de una estructura jerárquica, o sea, deben seguir las órdenes de sus superiores; y que va a asumir la función de acusar y no está tan claro que esté en disposición de recoger aspectos favorables a la persona sometida al proceso».
Otra de las cuestiones que aborda en la entrevista con ‘La Voz del Patio’ es si los medios de comunicación y la presión social pueden influir en los jueces. «Sí es probable que influya en algunos casos», admite. «A veces piensas que igual podría haberse cargado menos la pluma; en todo caso, me parece que eso es lo excepcional», sostiene Llarena, que defiende que el juez debe actuar con «valentía».
Partidario de la justicia restaurativa, Llarena rechaza la descentralización del poder judicial porque sostiene que ya lo está «en el sentido en que los jueces lo necesitan». «Lo que sí creo –continúa– es que tiene que haber una vía de recursos para que no todos los territorios interpreten las normas de una forma distinta, y para mantener esa cierta unidad; y la gestión del poder judicial tiene que ser única».
