La Reina Letizia y el Real Patronato sobre Discapacidad, del que Su Majestad la Reina es presidenta de honor, han abordado este martes 10 de noviembre el impacto que está teniendo la pandemia provocada por el Covid-19 en las personas con discapacidad, entre otros asuntos.
La Reina fue recibida a su llegada a la sede del Real Patronato sobre Discapacidad por el secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario general del Real Patronato sobre Discapacidad, Ignacio Álvarez, y por el director del Real Patronato sobre Discapacidad y director general de Políticas de Discapacidad, Jesús Celada.
Tras acceder al interior del edificio, Doña Letizia se dirigió a la sala de reuniones donde tuvo lugar una reunión de trabajo en la que, entre otros asuntos, analizaron el estudio ‘El impacto de la COVID 19 y sus consecuencias socioeconómicas en las personas con discapacidad’, la reforma normativa prevista para esta legislatura, el programa Reina Letizia para la Inclusión, los Premios Reina Letizia 2021 o la Territorial de Discapacidad.
El Real Patronato sobre Discapacidad es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, cuyo fin es la promoción y mejora de los derechos de las personas con discapacidad, así como su desarrollo personal, inclusión social y prevención de las discapacidades a través de la planificación de políticas, estrategias, planes y programas relativos a la discapacidad.
Para el desarrollo de su actividad se basa principalmente en lo establecido por la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobada en 2006 por Naciones Unidas. En el ámbito nacional se rige por lo estipulado en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, también conocida como Ley General de Discapacidad.
Además, en el Real Patronato sobre Discapacidad están representados, a través del Consejo, los departamentos ministeriales con competencias en materia de discapacidad, las comunidades autónomas y corporaciones locales, las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias, así como las entidades científicas relacionadas con el diagnóstico, prevención y tratamiento de la discapacidad.
