El fiscal Ignacio Stampa, quien fuera junto a Miguel Serrano el fiscal anticorrupción adscrito al ‘caso Villarejo’ hasta que fue apartado, ya ha comenzado su labor en la Fiscalía de Madrid, donde está adscrito al Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid y a la Sección quinta de la Audiencia Provincial. La decisión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de no otorgarle una las ocho plazas fijas en Anticorrupción le dejó fuera de esta fiscalía especial y de todos los casos en los que estaba participando hasta el momento.
Pero ahora, afronta la nueva etapa en los juzgados madrileños con el convencimiento de que todo el trabajo que tenga que asumir será poco comparado con la gran madeja a la que tuvo que enfrentarse en su etapa en Anticorrupción. Cabe recordar que la causa en la que se investigan los negocios presuntamente irregulares del comisario jubilado y en prisión José Manuel Villarejo consta de alrededor de 30 piezas separadas.
Stampa, cuestionado por su presunta relación con una de las abogadas de Podemos en la pieza ‘Dina’ de la macrocausa sobre Villarejo, ejercía hasta octubre en comisión de servicios, y tras no lograr plaza fija regresó a su puesto en la Fiscalía de Madrid.
EL 33, UN JUZGADO MEDIÁTICO
El Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid, al que ahora está adscrito Stampa, y cuyo titular es el juez Tomás Martín Gil, ha afrontado en el pasado reciente casos de cierta relevancia mediática como el del violador del ascensor, Pedro Luis Gallego, que fue procesado por presuntamente abusar sexualmente de dos mujeres en Madrid y tratar de hacer lo mismo con otras dos.
Además, este juez mantiene abierta la instrucción relacionada con el constructor David Marjaliza, quien fuera socio del ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados e imputado en la trama de corrupción ‘Púnica’, por beneficiarse presuntamente del ‘chivatazo’ de un guardia civil que les alertó de que estaban siendo investigados y quemar documentos que podían perjudicarle en este procedimiento.
Tomás Martín Gil también pidió en 2017 informe a fiscalía sobre la admisión a trámite de la primera querella de una víctima del franquismo contra tres inspectores de la Brigada Político Social del régimen de Franco, por crímenes de lesa humanidad en relación con un delito de tortura. Uno de ellos era el ya fallecido Juan Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’.
Años antes, en 2003, fue el juzgado encargado de investigar el caso de Noelia de Mingo, la médico residente de la Fundación Jiménez Díaz que causó la muerte a tres personas e hirió a otras cinco en los pasillos del hospital.
