El vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha rechazado la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico planteada este viernes por parte del Gobierno a las comunidades autónomas por considerarla «insuficiente y carente de concreción para los problemas de la Comunidad».
Así lo ha indicado tras participar en la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico en la cual la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera ha expuesto el contenido de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. Al término del encuentro, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha habilitado un nuevo periodo de diez días para que las comunidades autónomas formulen más sugerencias para poder completar el documento definitivo.
La Conferencia Sectorial se ha centrado, por parte del Gobierno de España, en informar a las comunidades autónomas acerca del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia y presentar la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.
Una vez conocida la propuesta, Igea ha manifestado su valoración negativa por entender que «carece de desarrollo». En relación con aspectos concretos, el vicepresidente ha apuntado que, entre los objetivos principales, «se omite el propósito de incrementar la población en España», y principalmente en aquellas áreas que mayor despoblación y dispersión sufren. La ausencia de mecanismos de financiación así como de indicadores de evaluación o iniciativas de descentralización han sido otros de los puntos señalados.
Para la Junta de Castilla y León resulta «imprescindible», y así lo ha trasladado el vicepresidente Igea, «la necesidad de cobertura por superficie e incorporar la terminología de prestación de servicios en el territorio y al territorio». En ese sentido, se ha referido a que sin cobertura de banda ancha no se puede fijar población ni facilitar la creación de empleo. Por ello, en su intervención, Igea ha demandado objetivos «claros» y «dejar de hablar de cobertura poblacional para hablar de cobertura del territorio», algo que considera «esencial» para Castilla y León.
La consideración negativa del Gobierno autonómico hacia este documento presentado por el Gobierno de España también se sustenta en que, a su juicio, no recoge unas definiciones claras acerca de la terminología que condicionará la aplicación de las políticas públicas que se desarrollen en un futuro.
Por ello, la Junta ha subrayado la necesidad de una fiscalidad ventajosa concreta, unas políticas fiscales que favorezcan el establecimiento de actividad económica, así como una ley de pequeños municipios que simplifique las trabas administrativas y que permita poder emprender con facilidad. «Hay que aprovechar la oportunidad que ha supuesto esta crisis en el mundo rural, en nuestro territorio y tenemos que avanzar con medidas claras, no con documentos vagos faltos de concreción», ha concluido Igea.
