El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha reunido este miércoles con representantes de diferentes asociaciones y colectivos que trabajan en el ámbito de la violencia contra las mujeres, para abordar los cambios que supone el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) en esta materia.
Según ha informado Justicia, en esta reunión han participado representantes de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Federación de Mujeres Progresistas, la Fundación Mujeres y la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.
En el encuentro celebrado en la sede del Ministerio, Campo ha destacado que la víctima se posiciona en el eje central del proceso judicial.
«Se incorpora el Estatuto de la Víctima al ordenamiento jurídico, estableciendo así una regulación más sistematizada y detallada del conjunto de sus derechos», ha apuntado el Ministerio, que ha añadido que se amplía la protección a las víctimas de violencia de género y violencia sexual, «incluso más allá de lo que marca la normativa europea».
Sobre los menores, ha señalado que recibirán «una especial protección en materia testimonial: más garantías en la declaración de los testigos menores de edad, a través de la limitación de la confrontación visual, la ausencia de juramento o las declaraciones en compañía de quien ejerza su patria potestad, entre otras».
Además, Justicia ha destacado la posibilidad de que no tengan que asistir presencialmente al juicio, sino que la prueba preconstituida se realice vía grabación audiovisual, «lo que evitaría también una victimización secundaria de los menores».
DISPENSA A DECLARAR
Otra de las medidas que recoge la nueva LECrim es la reforma del artículo 416, que limita la dispensa a declarar, siendo especialmente aplicable en los delitos de violencia de género. En este punto, el ministro se ha mostrado favorable a continuar el diálogo sobre esta y otras cuestiones que afectan a la víctima en el proceso penal.
El Ministerio también ha puesto de relieve que la LECrim contempla facilidades para denunciar, como posibilidad de hacerlo de forma telemática, «lo que evitará que muchas víctimas de violencia de género tengan que acudir físicamente a comisaría».
En relación con las medidas cautelares, Justicia ha apuntado que se registran avances, ya que se incorpora la orden de protección europea, que la víctima de violencia de género podrá solicitar cuando se desplace temporalmente a otro país de la UE o establezca allí su residencia. En la regulación de la orden de protección se incluye, además, la comisión de delitos contra la indemnidad sexual, una novedad respecto a la norma existente.
Durante la reunión, el ministro ha informado de que se acaba de aprobar un Protocolo de valoración forense urgente del riesgo de violencia de género, que incluye una nueva escala de ‘Valoración Forense de Riesgo’, lo que permitirá completar la valoración policial del riesgo VIOGEN con la información del agresor y del procedimiento judicial.
Además, el presupuesto destinado a unidades forenses aumenta en casi cuatro millones de euros, lo que permitirá la creación de cinco nuevas Unidades de Valoración Forense en Toledo, Murcia, Cartagena, Mallorca y Guadalajara.
Finalmente, Campo ha recordado en la reunión que el Ministerio destinará un total de 66.942.358,94 euros a políticas de violencia de género en 2021, lo que supone un aumento del 13,7% respecto a los actuales presupuestos.
