EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Senado aprobó el jueves 19 de noviembre, por 62 votos a 33, la Ley Bipartidista de Asequibilidad y Empleo (BAAJA) de 2026, que recorta de seis años a 150 días el plazo para impugnar una revisión ambiental federal.
- ¿Quién está detrás? Una coalición de republicanos y demócratas moderados, con el respaldo de la directora del consejo federal de permisos, Emily Domenech. En contra: 31 demócratas y los republicanos Josh Hawley y Mike Rounds.
- ¿Qué impacto tiene? La Cámara debe ratificar el texto enmendado antes de que llegue a Donald Trump; afecta a los proyectos de gas, transmisión y renovables en los que participan filiales de Iberdrola, Repsol o Acciona en Estados Unidos.
El Senado aprueba por 62 a 33 la reforma de permisos energéticos: los litigios ambientales caen de seis años a 150 días.
Qué cambia exactamente: de los seis años de litigio a los 150 días
La votación se cerró el jueves 19 de noviembre tras meses de negociación entre ambos partidos. El texto es la Ley Bipartidista de Asequibilidad y Empleo (BAAJA) de 2026, que el Senado ha incorporado como enmienda al H.R. 2347, un proyecto que la Cámara ya había aprobado por su cuenta y que ahora regresa modificado. El marcador final fue de 62 votos a favor y 33 en contra. En el lado del no se alinearon 31 senadores del Partido Demócrata.
Dos republicanos rompieron la disciplina de su grupo: Josh Hawley y Mike Rounds.
El corazón de la norma es un cambio de reloj. El texto enmienda cuatro pilares del derecho ambiental federal —la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), la Ley de Agua Limpia, la Ley Nacional de Preservación Histórica, y la Ley de Especies Amenazadas— y **reduce de seis años a 150 días la ventana para impugnar una revisión ambiental federal**. Traducido: lo que hoy permite encadenar recursos durante casi un sexenio pasará a resolverse en cinco meses.
Emily Domenech, directora ejecutiva del Consejo Coordinador para la Mejora de Permisos Federales —el organismo interinstitucional que coordina los trámites de las grandes obras federales—, defendió el paquete en una entrevista: ‘Hace más difícil que los activistas ambientales presenten demandas frívolas para detener proyectos’. La funcionaria añadió que su agencia ya ha recortado los tiempos medios de revisión de 1.500 a 400 días aplicando solo la ley vigente, la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2023.
El siguiente paso es la Cámara. Domenech anticipó que la votación llegará por la vía de la suspensión del reglamento (suspension of the rules), un procedimiento exprés que exige dos tercios de los miembros presentes —unos 290 votos sobre 435 escaños— y que, por tanto, obliga a sumar demócratas.
Washington no recorta el derecho a litigar; recorta el calendario. Sobre el terreno, la diferencia son años de obra y miles de millones.
El resquicio que preocupa a Heritage y la cuenta atrás en la Cámara

La Heritage Foundation ha advertido de que la redacción deja abierta una vía que podría seguir sirviendo para bloquear gasoductos en los tribunales. Es la distancia clásica entre lo que el Senado aprueba y lo que el desarrollador necesita. El paquete tampoco es definitivo: la Cámara vota el texto enmendado y puede retocarlo, lo que obligaría a un nuevo paso por el Senado.
El calendario aprieta. Con Acción de Gracias el 26 de noviembre, la Cámara no vuelve al hemiciclo hasta el 30. Eso sitúa la votación en la primera semana de diciembre, en pleno lame duck —el periodo de sesiones entre las elecciones de noviembre y la toma de posesión de enero, cuando los congresistas que no repiten pierden incentivos para el compromiso—. La aritmética de los dos tercios es el verdadero examen.
Para las empresas españolas con presencia en el mercado americano, el texto vale tanto como un recorte de impuestos. Iberdrola, a través de su filial Avangrid, desarrolla líneas de transmisión y parques renovables que llevan años atascados en la cola federal; Repsol y Acciona compiten en el mismo terreno. Cada semestre que se recorta en la tramitación es capital que deja de estar inmovilizado.
El segundo canal es el gas. Estados Unidos es uno de los principales proveedores de gas natural licuado de España, y cada planta de licuefacción que se desbloquea en el Golfo de México añade oferta al mercado atlántico. El efecto llega directo al MIBGAS (el índice de referencia del gas en la península) y, de ahí, a la factura industrial y al pool eléctrico. Más gasoductos y más terminales en EE. UU. es, para el mercado español, más competencia en el precio.
La Lógica de Washington
La pregunta que se hace Washington no es si el país debe construir más, sino por qué tarda tanto en hacerlo. Un centro de datos de inteligencia artificial, una línea de transmisión, una planta de licuefacción o una fábrica de semiconductores comparten el mismo cuello de botella: la revisión ambiental federal y los años de litigio que la siguen. **La reforma no nace de una cruzada contra el medio ambiente, sino de un problema de competitividad.**
El precedente más útil no es Reagan ni Smoot-Hawley, sino 1978. Entonces el Congreso aprobó una ley específica para saltarse la Ley de Especies Amenazadas y desbloquear la presa de Tellico, en Tennessee, parada durante años por un pez de tres pulgadas. Cuatro décadas después, en 2023, fue un presidente demócrata, Joe Biden, quien firmó los primeros límites a la NEPA dentro del acuerdo fiscal. La coalición que sostiene este texto es la misma: republicanos del sector energético y demócratas de estados con obra pública, sindicatos de la construcción y desarrolladores de renovables. Nadie en el Capitolio quiere explicar en 2028 por qué un transformador tarda cuatro años en conectarse.
El riesgo está en el detalle. Si Heritage tiene razón y el resquicio sobrevive, el alivio será parcial; si la Cámara reabre el acuerdo, el paquete puede morir de calendario. La proyección: votación en la Cámara la primera semana de diciembre, firma de Donald Trump antes del receso navideño si no hay enmiendas y, en caso contrario, vuelta al Senado con riesgo real de naufragio. Para España, la lectura es de infraestructura y de precio del gas. Lo que observamos es que Washington está aplicando el manual de la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2023, no el del proteccionismo: aquí no hay arancel, hay prisa.
Ficha del Caso
- El caso: El Senado aprueba por 62-33 la Ley Bipartidista de Asequibilidad y Empleo de 2026, incorporada como enmienda al H.R. 2347, que limita los litigios contra revisiones ambientales federales y pasa el texto a la Cámara.
- Datos clave: La ventana para impugnar una revisión ambiental cae de seis años a 150 días. Votaron en contra 31 demócratas, Josh Hawley y Mike Rounds. La Cámara necesita dos tercios, unos 290 votos, y votará tras Acción de Gracias. Los tiempos de revisión ya bajaron de 1.500 a 400 días con la ley de 2023.
- Para España: Desbloquea proyectos de transmisión, renovables y gas en los que participan Avangrid (Iberdrola), Repsol o Acciona, y añade oferta de gas natural licuado al mercado atlántico, con efecto a la baja sobre el MIBGAS y la factura energética española.

