Si hay algo de lo que más se enorgullece el Ejecutivo de Coalición es de haber conseguido implantar en España lo que denominan ‘Escudo Social’, una batería de medidas, de carácter extraordinario que se pusieron en marcha casi de forma simultánea al momento en el comenzaba el confinamiento y el Estado de Alarma. Entre algunas de las acciones más populares de este plan social del Gobierno de Sánchez e Iglesias, el Ingreso Mínimo Vital o la prohibición de ejecutar desahucios mientras dure el estado de alarma -recordemos que está vigente hasta el 9 de mayo de 2021-. Sin embargo, y pese a que en un primer momento se incluyó la prohibición de realizar cortes de suministros a quienes no pueden pagar por causa del coronavirus, Iglesias, como responsable último de la Agenda Social del Gobierno está recibiendo numerosas y contundentes críticas por no haber prorrogado la medida en septiembre.
Más de 15000 personas han sufrido cortes de algún suministro entre el 1 de octubre, fecha en la que dejó de tener validez la prohibición de cortes de suministro a hogares en situación de pobreza, y el 30 de noviembre, según datos de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec). FACUA, por su parte, también insiste al Gobierno de Coalición de Sánchez e Iglesias que tome medidas urgentes para paliar esta sangría en la denominada pobreza energética. Estamos, apuntan, ante un momento especialmente sensible para las familias, pues entramos en el invierno. La organización remarca que, desde que cayera la prohibición, e incluso en las semanas previas, han percibido un aumento de solicitudes a sus sedes.
Ambos colectivos piden a Iglesias que el Gobierno la aprobación de una nueva medida o la prórroga de la anterior.
PODEMOS E IGLESIAS ‘HAN PRESIONADO’ PARA CONSEGUIRLO
Desde que se conociera que en el paquete de medidas que el 29 de septiembre aprobaba el Consejo de Ministros no se incluía la prohibición de cortes de suministro por impagos causados por la crisis del coronavirus, las asociaciones de consumidores se han desgañitado pidiendo con urgencia su aprobación.
La primera norma se publicó y entró en vigor en abril; en julio se formalizó la prórroga. A principios de septiembre, existía aún incertidumbre sobre si finalmente entraría o no. Y fue NO. Y eso que la propia ministra María Jesús Montero se había comprometido y asegurado en rueda de prensa que así sería.
Ante las quejas reiteradas contra Iglesias y Podemos por permitirlo, la formación morada salió rápido al quite, asegurando por activa y por pasiva que había estado insistiendo y negociando hasta el último momento para que se prorrogara.
Tres meses después, la situación para más de 15000 familias es insostenible, con el invierno al acecho y unas navidades que ya son tristes de por sí. Desde la órbita podemita siempre se ha apuntado como responsable de la situación, aunque no lo ha dicho Iglesias directamente, al sector ‘conservador’ del Gobierno.
PODEMOS PRESIONA EN PÚBLICO Y EL PSOE CEDE
Casualmente, el día en el que salían a la luz los escalofriantes datos de la pobreza de recursos en España, Podemos ha movido ficha intensificando las críticas. El responsable de mover el tema, Pablo Echenique, quien recordó a su socio de Gobierno el acuerdo de legislatura entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias incluía el compromiso de proteger a las familias «vulnerables en situación de pobreza energética».
Ante este nuevo aldabonazo de Iglesias a través de Podemos, el sanchismo no ha tenido otra opción que mover ficha para no quedar retratado. Así, María Jesús Montero explicaba en rueda de prensa que el Gobierno aprobaría un nuevo marco para que se prohíban los cortes de luz. Pero solo de luz. El resto de suministros quedaría fuera. Una victoria a medias para Pablo Iglesias.