El abogado Iñigo Iruin ha anunciado, «en lo inmediato», la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Tribunal Supremo de repetir el juicio por el ‘caso Bateragune’, por «vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva desde la perspectiva de la garantía de la interdicción de sometimiento a un doble proceso penal por los mismos hechos», y se ha mostrado convencido de que será «admitido a trámite».
«Una vez admitido, también solicitaremos la suspensión de la ejecución de la sentencia del TS y por tanto la no celebración del nuevo juicio oral hasta que se resuelva el amparo», ya que si se ejecutara «se haría perder al amparo su finalidad», ha señalado.
En rueda de prensa en San Sebastián, Iruin, acompañado del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y del resto de condenados por el ‘caso Bateragune’, ha realizado una valoración jurídica de la citada decisión del Supremo y ha anunciado las medidas que van a adoptar «en lo inmediato», a las que seguirán otras que no ha querido avanzar.
En este sentido, ha anunciado la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Supremo de repetir el juicio por el ‘caso Bateragune’, por «vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva desde la perspectiva de la garantía de la interdicción de sometimiento a un doble proceso penal por los mismos hechos», es decir, «la imposibilidad de proceder a un nuevo enjuiciamiento penal si el procedimiento ya ha concluido con una resolución de fondo con efecto de cosa juzgada, que es lo que ha pasado».
«Un derecho que, además, está regulado en el artículo 50 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión europea», ha añadido. Iruin se ha mostrado convencido de que este amparo será admitido a trámite «porque tiene especial trascendencia constitucional», ya que plantea «una faceta del derecho a la tutela judicial efectiva y el principio ‘ne bis in idem’ sobre la cual hasta el momento actual nunca se ha pronunciado el Tribunal Constitucional».
Además, ha señalado que, una vez admitido, también solicitarán «la suspensión de la ejecución de la sentencia del TS y, por tanto, la no celebración del nuevo juicio oral hasta que se resuelva el amparo», puesto que, a su juicio, «si se ejecutara se haría perder al amparo su finalidad», a lo que ha añadido que «suspenderlo no causa perjuicio grave a ningún otro interés constitucionalmente protegido ni a los derechos o libertades de otras personas».
Iruin también ha apuntado que el Tribunal Supremo dice en su fallo que el nuevo juicio por el ‘caso Bateragune’ tenga lugar a la mayor brevedad, unas «prisas que sorprenden, sobre todo porque tardó más de año y medio en resolver un recurso de revisión que era prácticamente un corta y pega». «Ahora quiere resolverlo con celeridad», ante lo cual ha insistido en que procurará que no se celebre ese nuevo juicio y en el supuesto de que finalmente sí tenga lugar sea «cuando corresponda, después de que se pronuncie el TC y de que se vuelva a pronunciar el Tribunal de Estrasburgo», al que acudirán si el primero les diera la razón.
Por otra parte, ha avanzado que también acudirán, «al amparo del artículo 46 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se refiere a la ejecución de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, al Comité de Ministros del Consejo de Europa«, que es «el órgano encargado de la supervisión de la ejecución» de esos fallos.
Iruin ha opinado que el Supremo ha llevado el proceso de Bateragune «a una situación sin salida de no ser al precio de una nueva vulneración de los derechos» de las cinco personas que fueron encausadas y condenadas.
«PELEA JURÍDICA»
«Se pretende con la repetición del juicio un nuevo cuestionamiento de su presunción de inocencia al que las acusaciones, Fiscal y asociación de víctimas del terrorismo no tienen derecho», ha advertido, al tiempo que ha asegurado que no lo van a tolerar y ha augurado que «la pelea jurídica va a ser larga», pero la afrontan con «absoluta convicción jurídica» en sus argumentos y en los derechos de las cinco personas.
En cuanto a sus argumentos y a la lectura jurídica del fallo de la Sala de lo Penal del Supremo, Iruin ha destacado la «escasa calidad jurídica» de la decisión de repetir el juicio por el conocido como ‘Caso Bateragune’, a su juicio, «muestra evidente de la dificultad de sostener con razonamientos jurídicos sólidos una decisión jurídicamente indefendible» y en la que «lo único que importa es que se haga un nuevo juicio».
Tras recordar que el Estado español ha «vulnerado» el mandato del Tribunal Europeo de Derechos Humanos recogido en su sentencia de 6 noviembre de 2018, según la cual «hubo una violación del derecho a un juicio justo», pese a la «fuerza obligatoria» de los fallos de Estrasburgo, Iruin ha incidido en que el único objetivo del Supremo con un nuevo juicio es obtener un pronunciamiento «condenatorio» y «tratar de evitar la responsabilidad patrimonial del Estado».
Según ha argumentado, la realización de esa nueva vista tendría que ser «a solicitud de los demandantes», como así se recoge la Sentencia del Tribunal Estrasburgo de 6 de noviembre de 2018, según la cual cuando «una persona es condenada en procedimientos internos que han supuesto una violación de los requisitos del artículo 6 del Convenio» Europeo de Derechos Humanos, «la forma más adecuada de compensación sería en principio celebrar un nuevo juicio o reabrir el caso, a solicitud de la persona en cuestión».
Al respecto ha destacado que ese es el primer motivo alegado contra el fallo del TS, que no han solicitado un nuevo juicio tras la sentencia de Estrasburgo. En segundo lugar ha apuntado que la sentencia del Tribunal Europeo anula el fallo del Supremo que condenó a los encausados por Bateragune y «los efectos ya están determinados», por lo que «no cabe volver sobre el tema» y la intervención del TS «debe quedar limitada por lo que le ha dicho Estrasburgo».
Como tercer motivo alegado ha señalado que «no existe norma legal en la Ley de enjuiciamiento criminal española que permita la celebración de un nuevo juicio», es decir, que «no hay previsión legal para ello», a lo que ha añadido que, en cuarto lugar, la celebración de un nuevo juicio supondría «una lesión al derecho a no ser enjuiciado dos veces por el mismo hecho».
Iruin ha recordado que a principios de 2019 solicitaron la reapertura del caso, «a través de la única vía posible el recurso de revisión», para que se declarara la nulidad de la sentencia condenatoria del TS de 2012, y el presidente de la sala segunda del Supremo, Manuel Marchena, decidió el pasado 25 de septiembre hacer una segunda reapertura del caso y activar el recurso de casación, «cerrado, fenecido», que se tramitó a través de una simple providencia en 2011.
A ello ha añadido que «el pasado 11 de diciembre, 72 horas antes de que decidan sobre la celebración de un nuevo juicio», Marchena «cambia el tribunal», de forma que en lugar de por cinco magistrados sea resuelto por el Pleno, con 16, «para acordar en el recurso de casación lo que no pudo en el de revisión porque Estrasburgo se lo impedía, es decir acordar la celebración de un nuevo juicio», en lo que, a su juicio, supone «una escenificación de que es el Estado juez, representando por el máximo órgano jurisdiccional penal, el que lo va a acordar», porque «el TS sabe que Bateragune va a volver a Europa, el TS lo sabe, sabe que va a ser examinado de nuevo en Estrasburgo y hay que dar imagen de bloque, sin fisura».
«Marchena usa su autoridad y su poder, que es mucho, para que ninguno de los pocos magistrados del Supremo con una posición progresista pudieran hacer chirriar la decisión mediante un voto particular», ha opinado.
