La Fiscalía Provincial de Madrid pide tres años de prisión para el exalcalde de Torrejón de la Calzada Eusebio García Gómez por un delito de prevaricación urbanística administrativa.
Según recoge el Ministerio Público, también se reclama la demolición de las obras «ilegalmente» construidas durante su mandato como regidor y pide que el acusado preste una fianza de 100.000 euros para asegurar el coste final de dicha demolición.
El escrito de acusación recoge que Eusebio García Gómez ostentaba desde junio de 2011 el cargo de alcalde en Torrejón de la Calzada, el mismo municipio donde desde 1986 tenía instalada su actividad la mercantil Desguaces la Torre.
En 2008, la mercantil comenzó una labor de ampliación de instalaciones por lo que solicitó al antecesor en el cargo del acusado una autorización para la instalación de una planta de hormigón desmontable.
El permiso de ampliación fue concedido en primera instancia y más tarde revocado «debido al informe técnico desfavorable que se había emitido al efecto, fundamentado en el incumplimiento que de la normativa urbanística del municipio suponían tales obras».
Tres meses después de llegar a Alcaldía, el acusado habría impulsado «extraordinariamente» el acometimiento de las obras, «primero mediante los movimientos y explanaciones de terreno» y más tarde con otras de distintas características, incluida «la terminación de una gran construcción circular que, aparentemente, se pretende emplear como museo del automóvil».
DE FORMA «ININTERRUMPIDA» ENTRE 2011 Y 2016
Todo se llevó a cabo de forma «ininterrumpida» entre 2011 y 2016 sin ningún tipo de autorización previa por parte del Ayuntamiento y «sin que se hayan solicitado los permisos correspondientes por parte de la mercantil» ni tampoco su legalización.
«Por tanto, durante cinco años, Desguaces La Torre S A ha desarrollado en Torrejón de la Calzada una serie de actuaciones urbanísticas de grandes proporciones y significación de manera totalmente clandestina», concluye la Fiscalía.
El representante del Ministerio Público subraya que sobre acusado pesaba la obligación de garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente en el mismo y, que al tener conocimiento desde el año 2011 de que se estaban desarrollando unas obras «clandestinas», «ilegales» e «ilegalizables» por parte de la mercantil, «tenía la obligación de haber instado y resuelto las medidas necesarias para reponer la situación a su estado anterior a la ilegalidad».
Al mismo tiempo le reprocha no haber adoptado ninguna medida para impedir «no solo la consecución sino, particularmente en este caso, la perpetuación y progresión de los hechos, mediante la paralización de las obras, el precinto de las mismas y la retirada de materiales y maquinaria».
Eusebio García, según sostiene la Fiscalía, fue siempre «consciente» de estas obligaciones porque sabía que los «numerosos» informes técnicos emitidos por la Secretaría General del Ayuntamiento en modo alguno respaldaban su gestión.
También fue consciente de los requerimientos le dirigieron para paralizar las obras tanto por parte de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid como del Ministerio de Industria, Energía y Minas. Pese a ello, «permitió con su inactividad que las obras fueran realizándose fuera de la legalidad y sin ningún tipo de control».
