viernes, 26 febrero 2021 16:52

El PP basará su recurso ante el TC contra la ‘ley Celaá’ en la defensa del español

El Partido Popular (PP) basará su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), también conocida como ‘Ley Celaá’, en la defensa del español como lengua vehicular y en la libertad de elección de los padres para elegir el centro educativo para sus hijos.

Así lo ha dado a conocer el partido, después de que su presidente, Pablo Casado, se haya reunido con la Plataforma Más Plurales, sindicatos y otras entidades educativas para presentar los ejes en los que basará su recurso ante el Constitucional.

El recurso, que está siendo elaborado por el despacho de abogados Martínez Echevarría & Rivera, incluye diez cuestiones de la ley divididas en tres apartados: la defensa de la lengua española, la libertad de elección y las cuestiones de procedimiento, según ha detallado el PP.

Durante el encuentro, al que también ha asistido la portavoz adjunta del GPP en el Congreso, Sandra Moneo, Pablo Casado les ha trasladado que el PP seguirá defendiendo un sistema educativo vertebrado, de calidad y en el que se garantice la libertad de elección de las familias.

La formación política ha señalado que el PP propone “soluciones frente a los problemas que ha generado el Gobierno contra la libertad educativa, el uso del español y la merma en la calidad de la educación que representa la ley que se ha aprobado en el Congreso con el apoyo de los socios de gobierno de investidura”.

En este sentido, ha destacado que se compromete a que las familias puedan elegir colegio público al margen de la zonificación o que las familias puedan escoger la enseñanza concertada y tengan libertad para acceder a un centro de educación especial.

Asimismo, ha apuntado que, para garantizar un sistema educativo vertebrado, defiende el español como lengua vehicular, los currículos comunes en materias troncales y el refuerzo de la Alta Inspección frente al adoctrinamiento.

En relación con la calidad en la enseñanza, el PP ha manifestado su compromiso para diseñar una EBAU nacional, que no se pueda pasar de curso con asignaturas suspensas y que los docentes tengan un MIR de acceso y una carrera profesional.

Casado, que acudió a las dos manifestaciones contra la reforma educativa del Gobierno y ha mantenido reuniones con asociaciones lingüísticas en Cataluña en defensa del uso del español como lengua vehicular, se ha comprometido a defender la libertad educativa y a luchar contra el adoctrinamiento en las aulas, especialmente en lo relativo a los libros de texto.

En el marco de la reunión de este miércoles, el presidente del PP ha anunciado que cuando llegue a La Moncloa derogará esta ley para “mantener el sistema que garantiza la libertad y la equidad, bajando un diez por ciento el abandono y el fracaso escolar en los últimos cinco años”.

Igualmente, ha manifestado que en todas las comunidades donde gobierna el PP se paliarán los efectos de esta ley, “adelantando la matriculación para garantizar la libre elección de colegio, ampliando los conciertos educativos, limitando los suspensos para pasar de curso y manteniendo las evaluaciones y el castellano como lengua vehicular”.

LOS DIEZ EJES DEL RECURSO

El líder de los ‘populares’ ha expuesto que el primer eje sobre el que basará el PP su recurso está incluido en el apartado Defensa de la Lengua Española y es el relativo a la “privación del castellano de su condición de lengua vehicular en la enseñanza”, mientras que el segundo es el referido a “la designación de la asignatura Lengua propia para referirse a la lengua cooficial”.

Asimismo, dentro del apartado de Libertad de Elección incluido en la ley, el tercer eje que el PP recurrirá es el “monopolio de la prestación del servicio educativo por parte del Estado” y el cuarto es el referido a la “vulneración del derecho de los padres a elegir para sus hijos la educación especial y la previsión de un plan de integración de la educación especial en los centros ordinarios”.

Según ha concretado el PP, el quinto de los ejes se refiere a la “planificación de plazas escolares que prescinde de la toma en consideración de la oferta existente en centros públicos y privados concertados y la demanda social”.

El sexto es el relativo a la “exclusión del cobro por los centros concertados de contraprestaciones por actividades extraescolares y servicios complementarios” y el séptimo es la “obligación de cooperación de las entidades locales para la obtención de suelo solo para centros públicos”.

En octavo lugar, el PP recurrirá la “supresión de la enseñanza de la religión en condiciones equiparables a las demás enseñanzas fundamentales” y el noveno punto se refiere a la “privación de fondos públicos a los centros que aplican la educación diferenciada”.

Por último, Casado ha trasladado a los miembros de la plataforma Más Plurales que el PP también llevará ante el Constitucional el décimo de los puntos que son las Cuestiones de procedimiento de la conocida como Ley Celaá, concretamente los “defectos en la tramitación y vicios en el procedimiento”.