El ex jefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias ‘Josu Ternera’, ha presentado recurso de reforma contra su procesamiento por un delito de integración en organización terrorista por participar en la financiación de la banda a través de las ‘herriko tabernas’. Alega que juzgarle a día de hoy sería «anacrónico» dada la situación de apuesta por la vía política en País Vasco.
Así, entiende que dada la situación actual, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, debe interpretar la norma «en consonancia con los tiempos» y con la situación actual en País Vasco, donde la sociedad «apuesta por las vías políticas, por el acuerdo y el consenso, así como por la reconciliación».
«En estas claves, el juicio que se plantea en relación con nuestro representado es anacrónico, está fuera de lugar y esto debe tener un traslado al procedimiento, y en consecuencia proceder al sobreseimiento y archivo del mismo», dice la defensa de ‘Josu Ternera’.
Este recurso llega un día después de que por videoconferencia desde Francia, donde está pendiente de juicio, el etarra negara ante Pedraz haber participado en el asesinato del entonces directivo de Michelin Luis María Hergueta el 25 de junio de 1980 en Vitoria y en la financiación de la banda a través de las ‘herriko tabernas’.
En el escrito, la defensa del ex jefe de ETA señala además que el relato de los hechos que acomete el juez en su auto de procesamiento pone de manifiesto «que no existen elementos indiciarios» que permitan atribuirle la comisión de delito alguno, y añade que la resolución se sustenta «en aseveraciones que son erróneas, a partir de los cuales considera delictivas actuaciones perfectamente legales y absolutamente inocuas desde el punto de vista penal».
MIEMBRO DE EUSKAL HERRITARROK Y BATASUNA
Tras esto, enumera los hechos por los que se le procesa, entre los que se incluye su militancia y responsabilidad histórica en ETA y que desde que salió en libertad en enero de 1999 ocupó cargo como miembro de Euskal Herritarrok y Batasuna y ejerció una labor directiva del complejo liderado por ETA.
Relata la defensa que otro hecho que sustenta el procesamiento es que el 15 de julio de 2000 participó en una reunión orgánica de EKIN (organización de la izquierda abertzale posteriormente ilegalizada), y que el 1 de junio de 2000 participó en otra reunión orgánica de esa organización que se celebró en los locales de Herri Batasuna en la calle Astarloa de Bilbao junto a otras personas. A eso suma el juez que el 5 de marzo de 2001, «asistió a una reunión acompañado de otras personas».
La defensa recuerda que Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna fueron ilegalizadas por Sentencia del Tribunal Supremo (TS) el 27 de marzo de 2003, mientras que EKIN se disolvió, según comunicado de la propia organización en octubre de 2011.
Y añade que a la vista de estas fechas, a su representado se le acusa en relación a hechos que se llevaron a cabo en el período comprendido entre el año 2000 y el 2001 «y en relación con organizaciones (…) que en la actualidad, o están ilegalizadas por resolución judicial, o se trata de organizaciones que se han disuelto».
IBA A REUNIONES COMO PARLAMENTARIO ELECTO
Además, el escrito pone el foco en que en esas fechas Urrutikoetxea era parlamentario vasco electo por Vizcaya, y como cualquier diputado «en el ejercicio de su labor política e institucional y para el desarrollo de la misma, acudía a diferentes reuniones, en diferentes lugares, no solo con personas, sino con todo tipo de organizaciones, asociaciones, sindicatos y partidos políticos».
Por este motivo, la defensa de Josu Ternera recuerda que esa labor «se llevaba a cabo al amparo de lo establecido en el artículo 23 de la Constitución Española y 21 del mismo texto» y que por lo tanto el auto de Pedraz «pretende minusvalorar la actividad parlamentaria, lo cual no es de recibo en un sistema democrático».
Tras esto, el escrito analiza los hechos uno a uno pero se centra en las reuniones en las que participó supuestamente Josu Ternera en el año 2000 en EKIN, y resalta que el auto no da razón alguna que avale «siquiera de manera indiciaria» que las mismas tuvieran relación con esa organización. Tampoco ve elementos acreditativos de que efectivamente acudiera, conociendo y queriéndolo así.
E insiste en que en caso de que se dieran esas reuniones se habrían producido cuando EKIN era legal, puesto que su ilegalización se dio por sentencia de 19 de diciembre de 2007. Mismo argumento utiliza para la reunión en la sede de Herri Batasuna de la calle Astarloa, y recuerda que fue ilegalizada en 2003.
Por todo esto, deduce la defensa que se está «ante una suerte de criminalización del trabajo parlamentario en función de la formación política a la que representaba» su mandante en esos años. Proyecto político, recuerda, que fue sustentando por un amplio sector de votantes vascos.
Por eso, apela al artículo 26.6 del estatuto de autonomía del País Vasco para recordar que existe una inviolabilidad reconocida a los parlamentarios vascos que «abarca también a los actos políticos que hayan desplegado los miembros de la cámara legislativa». Y apunta que así lo recoge ya el Tribunal Constitucional y va en la línea interpretativa que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
TRIBUNAL DE APELACIONES DE PARÍS
La citación de este lunes tuvo lugar después de que el pasado 6 de enero la Cámara de Instrucción del Tribunal de Apelaciones de París fallara a favor de la solicitud de extradición cursada por las autoridades españolas contra ‘Josu Ternera’ por el asesinato del directivo de Michelin, una decisión que aún no es firme.
La decisión sobre la entrega a España que sí es definitiva es la adoptada el pasado 4 de noviembre por la Corte de Casación de París para que Urrutikoetxea pueda responder ante la Audiencia Nacional por el caso de las ‘herriko tabernas’ correspondiente a esos hechos detallados y que fueron cometidos en el año 2000 en Bilbao.
‘Josu Ternera’, de 70 años, fue detenido en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, tras permanecer casi 17 años en la clandestinidad. En junio de ese año, el Tribunal de Apelaciones le puso en libertad provisional por motivos de salud, pero cuando abandonaba la prisión de La Santé fue retenido después de que las autoridades francesas se cercioraran de que la Audiencia Nacional le reclama por varias causas.
El antiguo dirigente etarra tiene varios asuntos judiciales pendientes tanto en España como en Francia. La Audiencia Nacional le requiere también por el atentado perpetrado en la casa cuartel de Zaragoza en 1987, que provocó 11 muertos, y sobre el que la justicia francesa también ha accedido a entregarlo.
En cambio, el pasado mes de julio el Tribunal de Apelaciones se negó a enviarlo también por una causa sobre delitos de lesa humanidad en la que hay procesados otros ex dirigentes de ETA.
