Esta es la razón por la que Feijoo apuesta por matar al lobo en vez de protegerlo

El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, tiene sus razones para no respetar la nueva norma que busca proteger al lobo ibérico en todo el territorio. Las comunidades autónomas que conviven más con este animal se han negado en rotundo a acatar la nueva ley impulsada desde el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera. Desde la administración aseguran que es por empatía con los ganaderos que se quejan de que el lobo les mata el ganado, pero lo cierto es que cada año los presuntos daños generados por este animal repercuten en las arcas públicas de las autonomías. En Galicia, concretamente, han asignado a las «necesidades» de los ganaderos con 646.224 euros en forma de subvención directa. Todo por presuntos daños del lobo ibérico, algo que pagamos entre todos.

Existe una tabla. Un baremo por el que se compensa al ganadero. Si el lobo te ha matado un cordero de menos de 12 meses, la Xunta te compensa con entre 59 y 89 euros (dependiendo de la calidad del animal); si se trata de una vaca de entre dos y seis años de edad, la administración pública tiene la obligación de compensarte con entre 1.200 y 1.700 euros; y si se trata de un caballo de entre tres y 10 años, la compensación ronda los 800 euros. Todos los animales propios de la ganadería tienen un precio y están tasados por la propia Xunta. Y si los mata un lobo, Feijoo y los suyos se han comprometido a hacerse cargo. Así, las pérdidas estimadas generadas en 2021 a las arcas públicas gallegas se estiman en 646.224 euros. Y Feijoo no quiere tener que pagar más.

Estos son los argumentos de la administración pública y la razón por la que consideran necesario que la caza del lobo no se prohíba; vamos, que un lobo muerto es un lobo que no puede generar pérdidas a las arcas autonómicas. Otros colectivos animalistas y ecologistas cuestionan, primero, que el lobo genere tal volumen de daños, ya que hay constancia de que no siempre es el lobo quien produce dichas pérdidas y, segundo, que la caza contribuya de forma real a disminuir el impacto de animales muertos como consecuencia del ataque de este animal salvaje.

En cualquier caso, entre los seguros adquiridos por los propios ganaderos y las ayudas de la Xunta, un ataque de lobo está perfectamente cubierto en caso de que se produzca. Son los propios ganaderos y los apasionados por la caza los que se pelean por tener la posibilidad de matar a este animal y cuentan con el apoyo de sus respectivos gobiernos autonómicos. Ambos se escudan en la idea de «controlar la población» de lobo, pues argumentan que si hay exceso de población, el animal tiende a atacar más al ganado e ir a lo fácil por la presunta escasez. Unos lo hacen por deporte, porque simplemente quieren colgar la cabeza del animal en el salón o por el «placer» de matar a un animal salvaje; otros se escudan en que cuanto menos lobos haya, menos ataques sufrirá su ganado y menos problemas tendrán. Pero todos cuentan con el apoyo de sus comunidades autónomas para matar al animal. Y en el caso de Feijoo, tiene 646.224 razones para hacerlo.

Son malos tiempos para ser animalista de cara al lobo, pues los ganaderos y los cazadores han generado un lobby con fuerza que quiere evitar que Transición Ecológica extienda la protección al lobo a todo el territorio. Aún así, Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León se han plantado en seco y han asegurado que no respetarán esta protección en caso de que se imponga de forma definitiva. 

Las ayudas de la Xunta aprobadas por Feijoo son para el 2020, pero ya se han aprobado las nuevas partidas para 2021. El gran problema es demostrar que las pérdidas las ha generado un lobo, vamos, demostrar que ha sido este animal y no un perro salvaje o cualquier otro el responsable de haber matado al ganado. Si lo hacen, las ayudas llegan por todos los lados, desde los seguros privados hasta la propia administración pública. Pero poco se habla de que aunque el lobo sí genera pérdidas que son compensadas de forma inmediata, también genera ganancias muy lucrativas para los gestores de los cotos y para la propia administración pública.

Matar un lobo cuesta dinero, alrededor de 3.500 euros. Si tienes un coto en propiedad, seas un ayuntamiento cualquiera o un gestor privado, puedes ganar dinero permitiendo que maten al lobo en el territorio. Razón de más por la que quienes conviven con el lobo apuesten por matarlo. Si le disparan, no solo reducen el riesgo de que ataque al ganado y perjudique a un colectivo esencial, sino que de paso se sacan unos cuantos miles de euros y quien los paga se lleva al animal para disecarlo. Todo un círculo vicioso que hace difícil que quieran proteger a una especie en peligro de extinción.

Galicia es una de las comunidades autónomas que se ha negado a proteger al lobo, tal y como quiere hacer Transición Ecológica. Junto a ella, Asturias, Cantabria y Castilla y León se han vestido de Cataluña y se niegan a aceptar leyes que consideran injustas. En este caso, las comunidades se niegan porque consideran que quienes votaron a favor de proteger al lobo en todo el territorio son aquellas autonomías que precisamente no tienen ningún tipo de trato con el animal. 

PLANAS Y RIBERA, A LA GRESCA

El ministro de Agricultura, Luis Planas, apuesta por matar lobos ibéricos como medio de convivencia con el animal en peligro de extinción. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y Planas mantienen un enfrentamiento a cuenta de los intereses que defiende cada uno. Por un lado está Ribera, que comulga con las tesis animalistas que apuestan por prohibir la caza del lobo en todo el territorio nacional, algo que aprobó se este pasado jueves 4 de febrero, y por otro Planas, que se ha posicionado del lado de los ganaderos cuya única vía para convivir con el lobo es pegarle cuatro tiros a cada animal. El Consejo de Ministros está tenso, pero todo apunta a que Ribera se saldrá con la suya.

Se ha aprobado la inclusión de todas las poblaciones de lobo existentes en España en el listado de especies en régimen de especial protección y no hay vuelta atrás. Sin embargo, se avecinan problemas, ya que La Xunta de Galicia, Castilla y León y los Gobiernos de Asturias y Cantabria se han unido para plantar cara a la medida de Ribera. Quieren cazar lobos para responder a las “necesidades” de los ganaderos y para complacer los vicios de los cazadores. Según ellos, hay superpoblación de esta especie y es necesario controlarla a base de plomo para que no generen problemas, como ataques al ganado.