El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha recomendado al Gobierno que refuerce el marco jurídico para ajustarse a las previsiones de demanda que prevé el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y que toda la actividad (desde la obtención de residuos forestales hasta la generación de electricidad) se haga con criterios de sostenibilidad.
Además, recomienda evitar deficiencias en el régimen de control de los aprovechamientos de biomasa forestal residual a nivel autonómico, y aumentar la transparencia y el acceso a la información sobre el abastecimiento sostenible de la biomasa y su uso energético en el sector eléctrico.
La entidad ha presentado su informe ‘Biomasa forestal: Régimen jurídico de su aprovechamiento energético en España’, en el que analiza el contexto de la biomasa en el sector eléctrico español y el marco normativo europeo que rige su desarrollo, así como la legislación forestal que regula los aprovechamientos maderables y leñosos de biomasa forestal a nivel estatal y en 11 comunidades autónomas, con presencia de plantas de generación eléctrica, y proporciona una serie de recomendaciones.
El informe analiza la eficacia del marco jurídico español para garantizar el aprovechamiento sostenible de la biomasa forestal y revela carencias en el régimen de control de algunas comunidades autónomas. En concrto, identifica 58 plantas de generación eléctrica con biomasa sólida (41 operativas y 17 en fase de proyecto).
Para los abogados ambientales la descarbonización del sistema energético mediante con energías renovables es «fundamental» para alcanzar la neutralidad climática en 2050.
El informe incide en que el aprovechamiento energético de la biomasa forestal solo debe permitirse bajo estrictos criterios de gestión forestal sostenible que garanticen el correcto manejo y protección de los bosques; un ecosistema terrestre de crucial importancia en la lucha contra dos de las principales amenazas del siglo XXI: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
Para alcanzar este objetivo en España, el IIDMA considera que las comunidades autónomas tienen un papel fundamental en la regulación y control de los montes en su territorio, los aprovechamientos forestales maderables y leñosos entre los que se incluye la biomasa forestal. A su juicio, estas deben asegurar su producción sostenible bien sea a través de cortas de arbolado como del aprovechamiento de biomasa residual (restos de cortas, podas, desbroces y otros trabajos silvícolas sobre terreno forestal).
En la actualidad, la biomasa todavía ocupa un papel residual en el mix energético y representaba a finales de 2019 menos del 1,1 por ciento del total de la potencia nacional instalada. El PNIEC 2021-2030 establece que la biomasa acompañar el proceso de transición energética.
El informe compara la legislación forestal de las 11 comunidades autónomas y evidencia las diferencias significativas en el nivel de control administrativo de los aprovechamiemntos de biomasa forestal entre regiones.
Según los resultados, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Navarra y el País Vasco (provincias de Álava y Gipuzkoa) cuentan con un marco normativo en materia forestal más riguroso y que ofrece mayores garantías de gestión sostenible de la biomasa, incluida la de origen residual.
Por el contrario, el informe evidencia un sistema de control más deficiente, aunque en diferente medida, en Asturias, Cantabria, Cataluña y País Vasco (Vizcaya), en las que solo se realiza un control de las cortas de arbolado, pero se omite el control de la biomasa residual.
La abogada ambiental de IIDMA, Alba Iranzo, ha manifestado que el «aumento de demanda de biomasa forestal para uso energético que prevé el PNIEC a 2030 debe ir asociado a una producción verdaderamente sostenible, por lo que es de vital importancia que la Comisión Europea adopte, cuanto antes, una postura clara acerca del reforzamiento de los actuales criterios de sostenibilidad de la biomasa en el sector de la electricidad y desarrolle con urgencia orientaciones operativas que arrojen claridad sobre su implementación por parte de los Estados miembros».
