El expresidente de Banco Popular Emilio Saracho ha pedido a la Audiencia Nacional que termine de realizar cuanto antes las diligencias pendientes en la pieza del caso Popular que le afecta para que así concluya la instrucción de esa parte y acabar con un proceso penal que «constituye de por sí una pena».
«En el caso que nos ocupa, no podemos dejar de recordar el pensamiento de Carnelutti al decir que el proceso penal constituye de por sí una pena, más en el caso de mi representado, quien, por 108 días en la presidencia, lleva más 3 años sometido a un proceso penal, con noticias constantes en los medios de comunicación y el daño reputacional, familiar, moral y psicológico que eso conlleva», apunta la defensa en un escrito con fecha de 16 de marzo.
El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, investiga en dos piezas separadas el proceso que acabó con la resolución del Banco Popular. La primera se centra en las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital de más de 2.500 millones de euros; y la segunda pone el foco en las filtraciones a la prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.
La defensa de Saracho recuerda que su cliente fue presidente –en sustitución de Ángel Ron– sólo desde el 20 de febrero de 2017 hasta el 6 de junio de ese mismo. Y añade que desde hace ya más de un año la mayoría de las diligencias acordadas «guardan exclusiva relación con el periodo anterior a su llegada» a la presidencia de la entidad.
LOS TÉCNICOS DE LA CNMV QUE ELABORARON EL INFORME
Por ese motivo, y dado que las dos piezas investigan hechos y sujetos «totalmente diferenciales», incide la defensa en que se debe poder distinguir el devenir de sendas piezas. Y así, solicita que se cite cuanto antes a los técnicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que realizaron los informes sobre el periodo en el que Saracho presidió el Popular para concluir por fin la instrucción que atañe a su representado.
Además, hace hincapié en que es «fácilmente apreciable» que la investigación sobre los hechos acaecidos antes de la llegada de Saracho a la presidencia «se ha ido engordando significativamente» y que las diligencias ordenadas en ese ámbito van a consumir también mucho tiempo porque los últimos informes periciales encargados requieren el análisis de «una ingente información bancaria».
Al hilo, recuerda que la diligencias relativas a la licitud o ilicitud de la actuación de Saracho al frente del Banco Popular se practicaron entre el 2 de octubre de 2019 y el 29 de octubre de 2020 cuando tuvo lugar la declaración testifical Miguel Escrig. E incide en que por tres meses y medio de trabajo de su representado para el Popular se encuentra inmerso en un procedimiento judicial incoado en octubre de 2017 «con los perniciosos efectos que ello conlleva» para su vida laboral.
EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL
La defensa señala que esas testificales que faltan por realizar, la de los peritos de la CNMV, se solicitaron ya en enero de 2020 y hasta la fecha no se han llevado a cabo. Indica además que se pidieron atendiendo a lo declarado por el expresidente de la CNMV Sebastián Albella quien dijo que ellos eran los conocedores de los pormenores de lo ocurrido.
Apunta que la deriva de esta causa hace que se pueda llegar a mantener a varios imputados en la pieza relacionada con Saracho «con los daños que este proceso ya ha supuesto para estas personas y seguiría suponiendo», por lo que recuerda que existen mecanismos para «paliar esta afección de derechos fundamentales».
Cita así la separación de causas en piezas, la acotación del objeto de la investigación o el dictado de sobreseimientos provisionales parciales respecto de alguna o algunas personas encausadas. «Este último instrumento, el archivo provisional, es útil para poner punto y aparte a una investigación sin perjuicio de que, si resulta de la práctica de nuevas diligencias hechos nuevos que apunten a la necesidad de revocar dicho sobreseimiento, así se decida», añade.
