Pablo Iglesias se las prometía felices en la arena política de Madrid, con la decisión de levantar a Podemos y sacarlo del pozo. Iglesias, que sueña con la Presidencia de la Comunidad de Madrid, se ha olvidado que una vez fuera del Ejecutivo ha dejado de ser aforado.
Iglesias ha contado con el respaldo de la vicepresidenta tercera del Gobierno, ministra de Trabajo y nueva líder de la formación ‘morada’, Yolanda Díaz. A su juicio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado «tirados» a los ciudadanos en plena crisis sanitaria. Sin embargo, la ministra obvia la responsabilidad del Gobierno durante los primeros meses del estado de alarma, donde las Comunidades Autónomas no tenían competencias.
Y es este hecho el que ha aprovechado la Asociación Española de Abogados Cristianos para querellarse contra Iglesias por su gestión en las residencias de ancianos durante el primer estado de alarma. El líder y candidato de Podemos en Madrid tenía la competencia de todos estos centros donde han muerto más de 30.000 personas durante la pandemia, sin que haya detención alguna, aunque abiertas más de 250 diligencias por parte de la Fiscalía y sólo en Cataluña.
El escrito, presentado en el juzgado de Collado-Villaba (Madrid), contra Iglesias se centra en la comisión de presuntos delitos de «omisión del deber de socorro» sobre las residencias de ancianos, desobediencia a la autoridad por haberse saltado la cuarentena y «prevaricación» en la gestión de la crisis del covid-19. Así, consideran que Iglesias no tomó medidas a pesar de la letalidad del coronavirus. El exvicepresidente acudió a un Consejo de Ministros y dio después una rueda de prensa, mientras que al mismo tiempo su esposa, Irene Montero, estuvo contagiada por el coronavirus.
LA GESTIÓN DE IGLESIAS HA PODIDO COSTAR VIDAS
«El comportamiento de Iglesias durante su tiempo en el gobierno ha podido costar la vida a miles de personas, y eso no puede quedar impune», ha asegurado lLa presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, tras presentar la querella. Este juzgado de primera instancia tendrá que decidir si la admite a trámite. La querella se interpone en la primera instancia debido a la pérdida del aforamiento.
Para Castellanos, el candidato de Podemos había ocultado la realidad hasta después del 8-M. En aquella época, al Gobierno le iba la vida para celebrar esa manifestación feminista, como aseguró la ministra Carmen Calvo en una entrevista. Para los querellantes, Iglesias ha ocultado también la realidad del covid-19 por poner «en riesgo la vida de los más vulnerables, pero no le importó».
La asociación da por bueno el relato de que a los ancianos se les dejó morir en las residencias, llegándose a producir «triajes» para distinguir entre la vida y la muerte de los residentes. «El volumen de afectados ha desembocado en triajes (…) donde mayores han quedado totalmente desahuciados», ha asegurado.
SIN PCR, NO SE DETUVO EL CONTAGIO
Además, los centros responsable de los cuidados de los mayores carecían de medicinas para tratar el covid-19, pero sí se les administraba la sedación. «Tampoco les hicieron llegar test, lo que hizo casi imposible frenar el contagio«, han destacado.
Uno de los ejemplos de estas residencias es la Sant Roc de Canet de Mar (Barcelona). En este centro se registraron 57 muertes oficiales durante el primer estado de alarma. La máxima competencia desde el 14 de marzo estaba en manos de Pablo Iglesias, entonces vicepresidente del Gobierno. Pese a que Canet fue una de las localidades con más incidencia del covid-19, según los datos oficiales de entonces, no se adoptó ninguna medida excepcional.
Todos los usuarios llegaron a estar infectados por covid-19 durante algunos momentos en esta residencia. Los pacientes más graves se mantuvieron en la residencia, mientras que los menos enfermos se derivaron a cuatro centros hospitalarios, dos conocidos de Girona y el hospital de Médicos sin Fronteras. Los bomberos de Cataluña desinfectaron el centro durante los primeros momentos del estado de alarma, pero no había suficiente protección, según denuncian exempleados. Desde la residencia afirmaron hace un año que siguieron todos los protocolos de CatSalut, la Consejería que dirige Alba Vergés, que estuvieron en todo momento en contacto con los centros hospitalarios, incluido el centro de atención primaria de la localidad.
LA FISCALÍA ACTÚA EN MADRID
La Fiscalía ha abierto hasta hora 126 diligencias en Madrid, la mitad que en Cataluña, las residencias de ancianos, en relación al amparo de los derechos individuales y colectivos de las personas en situación de vulnerabilidad. Estas actuaciones tiene como objeto la recopilación de datos acerca de la situación real de estos centros, así como de las personas alojadas en los mismos. También se constata la evolución en estos centros y detectar los problemas.
Pese a ello, aún no hay condenados ni tampoco se han encontrado responsables, ni entre las residencias ni entre políticos. De hecho, la residencia de Sant Roc se mantiene abierta pese haber sido denunciada por familiares y trabajadores. Ninguna de las denuncias de los protectores de los ancianos residentes prosperó.
