La residencia San Roc de Canet de Mar (Barcelona) registró 57 muertes oficiales durante el primer estado de alarma. La máxima competencia desde el 14 de marzo estaba en manos de Pablo Iglesias, entonces vicepresidente del Gobierno. Pese a que Canet fue una de las localidades con más incidencia del covid-19, según los datos oficiales de entonces, no se adoptó ninguna medida excepcional, como sí ocurrió con Igualada (Barcelona).
Todos los usuarios llegaron a estar infectados por covid-19 durante algunos momentos en esta residencia. Los pacientes más graves se mantuvieron en la residencia, mientras que los menos enfermos se derivaron a cuatro centros hospitalarios, dos conocidos de Girona y el hospital de Médicos sin Fronteras. Los bomberos de Cataluña desinfectaron el centro durante los primeros momentos del estado de alarma, pero no había suficiente protección, según denuncian exempleados. Desde la residencia afirmaron hace un año que siguieron todos los protocolos de CatSalut, la Consejería que dirige Alba Vergés, que estuvieron en todo momento en contacto con los centros hospitalarios, incluido el centro de atención primaria de la localidad.
Los trabajadores de esta residencia, como ocurrió en tantas otras, no denunciaron por miedo a perder el empleo. Quienes lo hicieron se encontraron con el rechazo de la la Fiscalía por «falta de pruebas«, según la hija de un familiar «no fallecido», pese a los testimonios y la abundante documentación gráfica que ha llegado un año después en poder de MONCLOA.com. Elvira (nombre ficticio) y otras familias presentaron hasta tres denuncias a esta residencia a través de la plataforma ‘5+1‘, pero no prosperaron, al contrario que en Madrid y en algunas otras provincias, como Jaén o Córdoba. En Madrid, la Fiscalía sí ha admitido a trámite estas denuncias, pero no en Cataluña.
LOS QUE QUEDARON DENTRO MURIERON
El caso de Elvira es llamativo. Se tardaba medio año desde la petición de inclusión en la lista de espera hasta la concesión de la plaza en San Roc. Su padre, séptimo en la lista de espera, pidió la plaza tiempo antes de la pandemia, pero a mediados de marzo de 2020 entró en la misma semana que el resto de los primeros. Todo apenas un mes antes de declarar la pandemia, por lo que no le dio importancia. Un año después afirma que es que le concedieron la plaza porque habían «muerto seis personas en esa semana».
«La gente estaba muriendo por febrero», ha insistido. Los directores de la residencia prohibieron las visitas a mediados de ese mes, sin dar mayores explicaciones. «El personal llevaba las mascarillas más tiempo del estimado. Les costaba dar otra si pedías un cambio«, afirma. Ni el protocolo de Bienestar Social ni el de Sanidad estipulaban el uso de este material. De hecho, la premisa era que su uso no era obligatorio, que era alarmismo. La realidad es que estaban agotadas en todo el mundo. «Era suficiente con lavarse las manos», mientras el virus hacía estragos. En abril, la situación se agravó. El 23 de ese mes, salieron al menos 39 personas a hospitales, con una muerte. El resto que quedaba en la residencia no tuvo esa opción.
Elvira denuncia el silencio de los gestores a los familiares ante la subida de casos y estos traslados a centros sanitarios. «¿Qué cojones está pasando?», preguntó. «No decían nada, ni siquiera el Ayuntamiento de Canet«, ha dicho. «Los que quedaron dentro murieron todos», ha lamentado.
En las instantáneas, tomadas antes y durante el primer estado de alarma, se observan roturas en los trajes de protección personal -conocidos como EPIs-, o bien se confeccionaron con bolsas de basura; la ausencia de mascarillas y guantes era también la tónica en este inmueble. Los que había eran de compra, y si se proporcionaban, se rompían rápidamente al inicio del turno. «Cuando venía la inspección se recortaban bien las bolsas de basura; mientras en el resto de días se desgarraban por las prisas», ha reseñado.
Una de las imágenes, a las que ha tenido acceso este medio, corresponde a una persona fallecida. Esta persona estaba bajo la tutela de la propia residencia. Los responsables derivaban rápidamente a los fallecidos a los crematorios, sin pruebas ni autopsias previas. «La mayoría de muertos en esta residencia eran tutelados por esta misma«, ha asegurado el extrabajador Sandro (nombre ficticio) en declaraciones a este medio. «Al no haber constancia de pruebas, todos eran declarados por covid-19», ha asegurado.
EL ‘HORROR’ DESDE EL PRIMER DÍA
Con turnos 12 de horas diarias, Sandro daba el desayuno y la comida, limpiaba y aseaba a los ancianos, cena y pijamas, Sandro detalla el infierno desde dentro durante el tiempo que estuvo trabajando en esa residencia. «Un horror al vivir tanta injusticia y he decidido no callarme«, ha dicho. «El silencio nos hace cómplice y permite que el maltrato siga», ha denunciado en su testimonio. En este sentido, destaca la labor de quienes sí lo dieron todo por los ancianos ingresados, con unas condiciones salariales «pésimas».
En su primer día, recuerda, se encontró con habitaciones «semioscuras», el «ambiente cargado» y con la mayoría de usuarios en cama. «Encerraron a una persona viva con un muerto durante 24 horas» en la misma habitación, según ha dicho. «No pudimos amortajar los cuerpos«, ha añadido. De esta forma, los cuerpos de los difuntos estaban entre dos y tres días en las camas de las habitaciones. Pese a no poseer el título de enfermería, algunos trabajadores asumían estas funciones, como cambiar sondas o facilitarles la medicación. «Lo haces porque les ves sufrir«, ha señalado.
Según ha afirmado, «en las comidas se servía una pasta de carne y pescado triturada»; en las cenas, servidas a las 18.30 horas, se realizaban a toda «prisa» porque cocina cerraba a las 20.00, no importaba si comían despacio o no abrían la boca. «Dale dos cucharadas y pasa a otro», le apuntaban sus entonces compañeros. «Cada día era una discusión» por estos hechos con algunos de sus compañeros, pero en su planta procuraba que no les faltara de nada. A otro usuario, completamente inmóvil en la cama, se le daban «tres cucharadas de gelatina a la semana».
LAS IMÁGENES TAMBIÉN HABLAN
Sandro no trabaja en la residencia, pero mantiene el contacto con algunos extrabajadores. Entre ellos comparten sus momentos para hacer más llevadero este calvario. Algunas asociaciones, como Moviment de Residències Catalunya, han denunciado la mala gestión en estos centros desde hace años. «Esta pandemia ha dejado al descubierto las deficiencias«, ha afirmado la plataforma en declaraciones a MONCLOA.com.
De hecho, denuncian que «el sistema de cuidados no funciona y necesita un cambio radical». La asociación trabaja para cambiar la estructura de este modelo, con la implementación de medidas que mejoren la calidad de vida en estos centros, con las personas como protagonistas y una valoración de los trabajadores.
«No podemos seguir permitiendo que estos servicios sean un negocio para las empresas privadas, pagadas con dinero público«, afirman. Así, destacan que las «faltas muy graves» detectadas durante la pandemia no han servido para cambiar de manos la gestión de los centros. Por esta razón, consideran que la apertura de un expediente o una irregularidad es motivo para finiquitar la licitación o decretar el cierre.
LA GESTIÓN ANTES DE LA PANDEMIA DEBIÓ HABERSE DETECTADO
Según su testimonio, en los controles de temperatura se les indicaba que los aparatos «marcaban un grado más», por lo que se les invitaba a reflejar temperaturas normales en las tablas oficiales.
Otro extrabajador ha corroborado el testimonio de Sandro. «Las residencias que han ido bien durante la pandemia son las que antes de la misma hicieron los deberes y estaban gestionadas correctamente», ha destacado. «Tenían personal y material suficiente«, apostilla. «Con la pandemia, estas carencias acentúan los problemas», ha indicado. «No hay más explicaciones», ha dicho.
Pese a que la inspección entró en las residencias, también en San Roc, no se detectaron irregularidades de importancia. Según afirman, se avisaba a los responsables de las mismas con días de antelación, pero se mantuvieron «encamados» a los residentes, sin que ninguno de los agentes se percatara de ello. Estos empleados no tienen un título homologado ni tampoco un criterio específico para servirse de guía. «Cada uno realiza su tarea como puede, sin un protocolo. Lo que ve uno no lo detecta otro, y viceversa», según han afirmado fuentes del sector a este medio.
«¿No había nada que decir? ¿De verdad?», reflexiona Sandro. «Cuando había inspección había EPIs nuevos, bien doblados», ha afirmado. Cuando había videollamadas se les vestía y se les aseaba.
El Ayuntamiento y la Generalitat evitaron adoptar medidas en esta residencia, desbordada por la falta de material sanitario para hacer frente al creciente número de casos. Sin embargo, sí se adoptaron medidas drásticas en otros centros con menor incidencia en el mismo municipio. Algunas de las denuncias fueron archivadas por «falta de pruebas», según la documentación oficial.
Los responsables del Departament d’Àfers Socials i Familia del Govern «deberían dar explicaciones urgentemente y tomar medidas ejemplares para impedir que este tipo de empresas puedan seguir lucrándose», ha denunciado la asociación a este medio. Además, piden responsabilidades judiciales por «haber ocultado y permitido hechos tan graves».
