Cuatro directivos de dos sociedades de inversión inmobiliaria han sido detenidos en Madrid por una trama de acoso sistemático contra inquilinos octogenarios del barrio del Pilar. Los arrestados, que operaban bajo el paraguas de Saint George Investment y EON Capital, utilizaban desde el corte de suministros hasta el reventamiento de cerraduras para expulsar a los legítimos residentes de sus viviendas con contratos anteriores a 1985.
La investigación, llevada por el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Fuencarral-El Pardo, destapó un patrón de presión que incluía amenazas directas, cortes de luz y tentativas de allanamiento. Las víctimas, Lucía y Carlos una pareja de octogenarios pagaban desde hace décadas un alquiler de renta antigua por el piso que construyó el promotor José Banús en los años 70, un inmueble que nunca llegó a inscribirse a nombre de su legítima dueña.
La constructora de Banús, en concurso de acreedores desde 2012, incluyó todos los pisos a su nombre en un proceso de liquidación de activos en 2019, ignorando que muchos ya se habían vendido. Fue entonces cuando Beocho Arkitecture S.L. adquirió varias viviendas para revenderlas y, en operaciones posteriores, acabaron en manos de Saint George Investment y EON Capital. En sus vídeos promocionales, los responsables vendían la idea de que «el margen no está en vender caro, está en comprar mejor que el resto», prometiendo rentabilidades de hasta el 23% anual a sus inversores.
Sin embargo, lo que no contaban era la dudosa titularidad de los inmuebles ni los métodos para forzar la salida de los inquilinos. A Lucía y Carlos, él invidente, les llegaron a decir por el telefonillo: «Si no se van por las buenas, se van por las malas». Poco después, la luz se iba a media tarde porque alguien arrancaba los cables del cuarto de contadores, y la cerradura amanecía sellada con silicona. El acoso se prolongó durante meses, con episodios que iban desde la pegada de notas en la puerta hasta el intento de reventar el marco con una sierra.
Las pesquisas se aceleraron cuando Rosa, otra vecina de 88 años del mismo barrio, acumuló 17 denuncias en apenas cinco meses. En su caso, los acosadores llegaron a inutilizar la puerta con silicona estando ella dentro, lo que obligó a intervenir a los bomberos. «Olí a quemado y salí a ver qué pasaba», relató la mujer a los agentes, después de que intentaran forzar la entrada con una sierra. La insistencia de las víctimas a la hora de denunciar fue clave: «Cada vez que le pasaba algo venía a denunciar, y eso nos ayudaba mucho», explican fuentes de la investigación.
Los investigadores de la Policía Nacional identificaron a los dos presuntos cabecillas: José María G., de 66 años y administrador de ambas empresas, y David V., de 35 y director comercial. Para las tareas de sabotaje, ambos contrataron a dos ciudadanos marroquíes —Fouad G. y Mohamed E.— que residen en el Corredor del Henares y actuaban como ‘machacas’. Los cuatro fueron detenidos y quedaron en libertad con medidas cautelares, entre ellas una orden de alejamiento de 500 metros sobre las víctimas.
El acoso no era un accidente, sino una estrategia empresarial diseñada para forzar la salida de inquilinos protegidos por la ley de renta antigua.
La renta antigua, un derecho que resiste a la especulación pero no al miedo
Los contratos de alquiler anteriores al 9 de mayo de 1985, como los de Lucía, Carlos o Rosa, blindan al inquilino con una prórroga forzosa vitalicia. En Madrid, este tipo de arrendamientos aún pervive en miles de viviendas, especialmente en zonas construidas durante el desarrollismo. Precisamente esa protección convierte estos inmuebles en un caramelo para fondos oportunistas que intentan liberarlos a cualquier precio.
En el caso del barrio del Pilar, la trama explotó un vacío registral: los pisos, comprados en los 70, nunca se inscribieron a nombre de sus dueños, lo que permitió a la constructora en liquidación venderlos de nuevo como si fueran de su propiedad. José María G. defiende que adquirieron los inmuebles legalmente y que las demandas de desahucio seguirán su curso, pero la Policía sostiene que los hechos delictivos —coacciones, daños y amenazas— son independientes de cualquier litigio civil. La operación, bautizada como ‘Banús’, sigue abierta y los investigadores ya han localizado a otras víctimas en el mismo distrito, lo que anticipa nuevas detenciones.
La falla que explotaron los ‘tiburones’ es un viejo conocido de los registradores: en Madrid existen aún miles de inmuebles sin inmatricular, sobre todo en barrios levantados antes de la Ley del Suelo de 1975. El Colegio de Registradores ha instado en repetidas ocasiones a regularizar estas situaciones para frenar el fraude, pero el proceso es lento. No es la primera vez que el acoso inmobiliario sacude el barrio del Pilar; en distritos como Tetuán o Usera también se han destapado tramas similares contra mayores con renta antigua.
Desde esta redacción aplaudimos la diligencia de la comisaría de Fuencarral-El Pardo en un caso complejo que mezcla registro, derecho civil y ese miedo que solo entiende quien se despierta con la cerradura sellada. La orden de alejamiento aleja por ahora el peligro físico inmediato, pero el daño psicológico ya está hecho. La investigación continúa y, con ella, la esperanza de que la justicia recuerde que los derechos de renta antigua también se defienden evitando que una empresa con falsa apariencia de ‘family office’ convierta la vida de un vecino en una película de terror.
